El Ministerio de Trabajo y Economía Social pretende que la protección por desempleo a la que han accedido recientemente las empleadas del hogar y los cuidados también llegue a sus homólogas marroquíes que cada día cruzan a Ceuta y Melilla para trabajar. 

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado iniciar el estudio de una reforma legislativa que afectaría a todo el colectivo de trabajadores transfronterizos, de cara a su aprobación en 2023.

Se trata de una iniciativa del departamento de la ministra y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que sigue la línea marcada tras la tardía ratificación por parte de España del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este hito, empantanado durante más de una década, fue acompañado de una reforma más amplia con un Real Decreto que ha permitido que las trabajadoras domésticas empiecen a cotizar desde este octubre en el mismo régimen de la Seguridad Social que el resto de empleados por cuenta ajena, garantizando así, junto a otros derechos laborales, el acceso a la prestación por desempleo, hasta ahora negada.

Sin embargo, una de las primeras críticas que recibió esta medida fue la exclusión de estos avances para las empleadas del hogar marroquíes transfronterizas. Este sector representa la gran mayoría del denominado grupo de trabajadores transfronterizos, personas residentes en zonas limítrofes entre Marruecos y Ceuta y Melilla con contrato de trabajo que cruzan diariamente la frontera para regresar a su país al terminar la jornada.

Hasta 2020, antes de la pandemia, había alrededor de 4.000 trabajadores marroquíes transfronterizos dados de alta en la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, aunque el cierre de fronteras y la posterior crisis diplomática entre España y Marruecos ha reducido significativamente este grupo, que fue uno de los más golpeados económicamente por la crisis de la covid.

En el caso de Melilla, según la Delegación del Gobierno hay 350 trabajadores transfronterizos con la autorización en vigor y otros 195 pendientes de alta en la Seguridad Social. De ellos, 305 corresponden al empleadas del servicio doméstico. En el caso de Ceuta, serían unos 700 trabajadores, de los cuales, el 90% corresponde a trabajadoras del hogar. La Delegación del Gobierno ceutí también asegura que la cifra irá en aumento porque hay bastantes solicitudes pendientes de resolver. 

Las prestaciones en España son solo para residentes

Según la Ley de Extranjería, estos empleados tienen derecho a acceder al sistema de la Seguridad Social, aunque en la práctica quedan excluidos de recibir la protección por desempleo al no residir legalmente en España. Este tipo de prestación no existe en Marruecos, al menos de una forma equiparable, ni hay convenios de reciprocidad entre ambos Estados al respecto. En la Unión Europea, el único país que puede conceder la prestación por paro es el país de residencia de la persona, aunque hay convenios de reciprocidad entre los Estados miembro para que los trabajadores puedan acceder a este subsidio, como ocurre en el caso de trabajadores de ambos lados de la frontera con Francia o Portugal.

Es precisamente este detalle el que Trabajo quiere modificar, por lo que ha peleado por llevar y aprobar en el Consejo de Ministros la propuesta de que se inicie el estudio para llevar a cabo una "reforma legal dirigida a mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras transfronterizos" con "especial consideración al colectivo de empleadas de hogar", según la medida a la que ha tenido acceso Público. No se descarta buscar este avance mediante un convenio de reciprocidad con Marruecos.

"Como medida para garantizar la protección de estas personas se revisará la normativa para que la prestación por desempleo generada por trabajos realizados en España se solicite y se obtenga, en todos los supuestos, en España", ha informado Trabajo en nota de prensa.

El principal escollo llega a nivel jurídico y está en la actual imposibilidad de que España abone una prestación a personas que no residen legalmente en país. También hay dificultades a la hora de abonarlas a beneficiarios que no disponen de una cuenta bancaria en España. Es un reforma compleja, de ahí que el primer paso sea poner en marcha un estudio jurídico que se aprobará este martes dentro de los Planes Estratégicos Integrales de Melilla y Ceuta, que supondrán inversiones en infraestructura y una mayor dotación presupuestaria.

La reforma que pretende Trabajo va un poco más allá de reconocerles el paro, ya que también busca que este colectivo pueda inscribirse como demandante de empleo en el supuesto de no residir en España. Está por ver si este pequeño avance termina englobado a todos los trabajadores transfronterizos o solo al sector del hogar y los cuidados.

La medida, en principio, no tendría impacto en las cuentas públicas, ya que los beneficiarios son cotizantes ya cotizantes a la Seguridad Social.

Se calcula que en pocos meses estaría listo el Real Decreto que otorgaría una mínima protección pública a uno de los colectivos más dañados por la pandemia. Un gran número de trabajadores transfronterizos perdió su empleo y no pudo beneficiarse de ninguna de las medidas del llamado escudo social al ser ciudadano de otro país.

No tuvieron ERTE ni Ingreso Mínimo Vital y un alto porcentaje ni siquiera conserva a día de hoy su anterior puesto de trabajo. Otros derechos de los que carece el colectivo de trabajadores transfronterizos es el contrato indefinido, ya que están obligados a realizar contratos de un año de duración que se pueden renovar anualmente. Otra de las discriminaciones de este colectivo es que, aunque tendrían derecho a atención en la sanidad pública española, solo son titulares los cotizantes y no sus familiares directos, explican fuentes de CCOO en Melilla.

De hecho, la primera vez que se tuvo constancia de esta exclusión en derechos fue durante la pandemia, cuando se aprobó un subsidio extraordinario para las empleadas del hogar afectadas por la covid, al que no pudieron acceder las transfronterizas marroquíes.