Caso EREVox, PP y Cs le ‘compran’ a Adelante Andalucía la reprobación de Díaz, Griñán y Chaves por los ERE

La Mesa del Parlamento, con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos, además del de Adelante Andalucía –partido promotor de la proposición no de ley (PNL)– aprobó este martes tramitar la reprobación de los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves junto con sus gabinetes por el caso de los ERE fraudulentos.

Los partidos dieron vía libre a la PNL, que se debatirá probablemente en febrero, después de que un informe del letrado del Parlamento de Andalucía interpretase que no era posible reprobar a los expresidentes y sus gobiernos ‘a posteriori’, una vez que ya no están en la oficina, a través de proposiciones no de ley, porque para eso el Estatuto prevé la moción de censura y la cuestión de confianza.

Tampoco considera el letrado que pueda ser reprobado un miembro del Parlamento, lo que hoy es Díaz y varios miembros de su gobierno, porque eso sería como si la Cámara “reprobase a sí misma”. “El Parlamento, como institución representativa de la soberanía popular, no puede reprobar, por motivos de índole política o moral, a un diputado que es también representante de la misma soberanía popular”, añadía el letrado. Este informe, aunque muy claro en el fondo, dejaba, sin embargo, a la voluntad de los miembros de la Mesa la decisión final, que se ha tomado hoy con el solo voto en contra del PSOE.

Los socialistas, apoyándose en ese informe, anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional tras la decisión de la Mesa.

La PNL, que no se ha modificado en ninguno de sus puntos, según indicaron a Público fuentes parlamentarias, es extremadamente contundente y dura y supone un ataque frontal y directo contra Díaz, hoy secretaria general del PSOE de Andalucía, además de contra Chaves y Griñán. El caso de los ERE se circunscribe a un periodo en el que ella no estaba en el Gobierno andaluz. A causa de ello, lo que Adelante Andalucía le reprocha es "una dejación de funciones" durante su etapa en el Ejecutivo por haber pedido el archivo de la pieza política del caso. Díaz ha defendido que esta fue una decisión técnica del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, nunca política.

“[El abandono de] la causa de la pieza política de los ERE [fue una] decisión que dificulta, dilata y limita la recuperación de los fondos públicos utilizados al margen de la ley”, afirma la proposición de Adelante. La PNL está firmada por la propia Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos y presidenta del grupo parlamentario, y por Inma Nieto, portavoz de Adelante y miembro de la dirección de IU, la otra gran pata de la coalición, en la que se integran también otras fuerzas andalucistas.

En su exposición de motivos, la PNL detalla las razones por las que considera que Díaz debe ser reprobada: “Resulta indignante que [no] exista un mecanismo eficaz para recuperar todo el dinero malversado. Sobre este punto, la última expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tiene una enorme responsabilidad. Fue durante su mandato en la legislatura anterior cuando decidió que la Junta de Andalucía debía retirarse como acusación particular en el proceso judicial del caso de los ERE, llegando incluso a pedir al juez el archivo de la causa”.

“Si la Junta de Andalucía hubiera hecho entonces su trabajo, si hubiera representado a toda la ciudadanía, podría haber tenido la legitimidad para exigir la devolución de hasta el último euro defraudado. Ahora, para recuperar todo ese dinero malversado la Junta de Andalucía tiene que iniciar, uno a uno, los expedientes de devolución, en un proceso que puede dilatarse durante muchos años”, agrega la PNL.

Después, remacha: “Por tanto, la actuación política de los gobiernos cuyos presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán ya han sido condenados en primera instancia junto a consejeros y otros cargos públicos es reprobable. Pero no lo es menos la actuación del anterior ejecutivo, presidido por Susana Díaz, que con su decisión de retirar a la Junta de la causa judicial que contaba con inequívocos visos de resultar condenatoria, hizo dejación de la defensa del interés general al que se debía y a la recuperación de los fondos ilegalmente utilizados que era su obligación recobrar”.

Los ERE, según Adelante Andalucía

Adelante Andalucía describe el caso de los ERE de esta manera: “El montante total defraudado asciende a 680 millones de euros, aproximadamente. Se trataba de un dinero que no estaba sometido a ningún tipo de control público, para cuya utilización fraudulenta se introdujeron cambios que dificultaran o imposibilitaran su control, y con el que se financiaron los expedientes de regulación de empleo en empresas elegidas sin criterios objetivos, se incorporaron personas ajenas a sus plantillas que resultaron beneficiarias de prejubilaciones que en modo alguno les correspondían, se abonaron comisiones exorbitantes y se otorgaron ayudas directas, todo ello obviando reiterados reparos legales que advertían de la ilegalidad manifiesta de las decisiones políticas adoptadas y de su ejecución”.

Luego, añade la PNL, lo siguiente: “El trasfondo político de esta sentencia arroja una foto fija en una doble vertiente. Por un lado, retrata una época y una manera de operar desde lo público por sucesivos gobiernos del PSOE de Andalucía. Años en los que arbitrariedad y el perjuicio al interés general fueron evidentes y que, de un lado, permitieron al Partido Socialista tejer una red clientelar por toda Andalucía, el partido que abría o cerraba el grifo de las ayudas públicas y que con esas prácticas “fidelizaba” apoyos sociales y electorales en zonas deprimidas, en las que el desmantelamiento de sus estructuras productivas dejaba a sus habitantes pendientes de la tabla de salvación que el PSOE les lanzaba desde las instituciones autonómicas que por aquel entonces hegemonizaba”.

Prosigue la PNL: “Pero, por otro lado, este proceder con el que se regaba de dinero público algunas zonas a las que volvía la paz social, quedaban desprovistas de inversiones que las hicieran recuperar su pujanza económica de antaño tras las deslocalizaciones y los cierres de empresas. Los gobiernos socialistas y sus terminales provinciales y comarcales con una mano resolvieron el presente, con la otra taponaron el futuro de los hijos e hijas de aquella generación de trabajadores y trabajadoras esforzadas, que a partir de entonces sólo contaron con sus pensiones para asegurar el porvenir de sus familias a cambio de su desarraigo, ya que los y las más jóvenes engrosan buena parte de las listas deprimentes de nuestra Andalucía vaciada”.

Medidas contra el fraude

Adelante también hace una breve referencia crítica en la exposición de motivos a la política del Gobierno actual: “Resulta preocupante que a día de hoy no se haya puesto en marcha ningún tipo de medida para evitar que esta situación [la del fraude] vuelva a repetirse. En este sentido, cabe destacar la inacción tanto del actual Gobierno como del anterior, que no han tomado decisiones adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir”.

La PNL, además de la reprobación de los expresidentes y sus gobiernos, “insta al Consejo de Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar procedimientos limpios y transparentes en la adjudicación de ayudas públicas y la absoluta imparcialidad de los criterios para su otorgación y cálculo de sus cuantías”.

"Para ello, –prosigue el texto– deberá presentar a este Parlamento en un plazo no superior a tres meses un informe detallado de los cambios operados en cumplimiento de los informes de la Cámara de Cuentas emitidos a tales efectos, y de todos aquellos cambios adoptados o previstos para mejorar los procedimientos ilegales y opacos identificados en estos años de corrupción, que garanticen la salvaguarda del interés general y el uso debido de los recursos públicos”.

Y también recoge en su último punto una idea que ha venido defendiendo Ciudadanos: “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de gobierno para que a su vez inste al Gobierno Central a impulsar las reformas legislativas necesarias para garantizar la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos cuyos miembros hayan sido condenados en firme por delitos relacionados con la corrupción, en los casos en los que el partido político en cuestión se haya beneficiado”.