madrid
Actualizado:Vox se ha querellado contra Irene Montero en el Tribunal Supremo por el bulo que el mismo partido difundió sobre la pederastia. La formación de extrema derecha busca sentar en el banquillo a la ministra de Igualdad por un presunto "delito de corrupción de menores".
Los de Santiago Abascal dicen que la miembro del Gobierno aseguró que "los menores podían mantener relaciones sexuales con adultos", algo que no es cierto ya que la titular de Igualdad estaba defendiendo la necesidad de impartir educación sexual en las aulas para que los jóvenes puedan identificar cuando pueden ser víctimas de un abuso.
La vicesecretaria nacional jurídica de VOX, Marta Castro, ha presentado también un escrito ante el Defensor del Pueblo donde señalan que las palabras de la ministra "no pueden ser amparadas por la libertad de expresión". La representante ultraderechista señala que las declaraciones de Montero "exceden las expresiones que de carácter político pudieran realizarse para expresar un posicionamiento político".
La actitud del grupo radical choca con la "prudencia" que les caracterizó en marzo al abordar el tema de los abusos sexuales de la Iglesia. Vox fue el único partido en el Congreso que se opuso a la creación de una Comisión independiente para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales de la Iglesia católica española. En aquel momento, el diputado de extrema derecha José María Sánchez dijo que el asunto "no debe ser objeto de un tratamiento político, en uno de los peores sentidos de este vocablo, que conviene a los partidos políticos".
A la tergiversación llevada a cabo por Vox, se sumó Ciudadanos, que recriminó las palabras de Irene Montero. La actuación de las dos formaciones políticas coincide en medio de sus crisis internas. Por un lado, el partido de Abascal trata de pasar página a las desavenencias con Macarena Olona, a la que ya le han "cerrado el camino" para regresar a la formación.
Por otro, la agrupación naranja sigue inmersa en su división por la decisión de Begoña Villacís por desmantelar una chabola y definirlo como un problema de 'okupación'. La diputada del partido Sara Giménez expresó su rechazo a las palabras empleadas por la vicealcaldesa de Madrid.
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