El voto por correo vuelve a estar bajo sospecha en una convocatoria electoral en Melilla. No es la primera vez: esto sucede desde hace años. Sin embargo, en esta ocasión las papeletas están siendo repartidas con escolta policial tras el robo de varias decenas de ellas en asaltos a carteros en varios puntos de la ciudad.

El pasado lunes, cuando comenzó el reparto de la documentación electoral, personas encapuchadas que iban en vehículos sin matrícula en barrios desfavorecidos como la Cañada, Las Palmeras y Minas del Rif, robaron los votos a los carteros antes de que pudieran entregarlos.

Los incidentes provocaron una concentración de protesta de los carteros pidiendo más seguridad, pero al día siguiente hubo otro robo de una treintena de votos en otro barrio humilde, Tiro Nacional-Averroes.

Los hechos ya están siendo investigados y son de "una gravedad máxima", porque ponen "en tela de juicio" las elecciones y "la propia democracia", según ha subrayado desde Lisboa el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Por ahora, los carteros van escoltados por agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, al tiempo que se ha reforzado la seguridad en la oficina de Correos, tanto en el exterior, donde ya había una patrulla permanente desde el día en que se convocaron las elecciones, como en su interior.

También se ha reforzado la seguridad en el puerto y el aeropuerto; los votos robados, alrededor de un centenar, han sido anulados.

Una vieja polémica

Esta polémica no es nueva, ni siquiera en estas elecciones en las que los dos principales partidos que se presentan, PP y Coalición por Melilla (CPM), han llegado a defender que se anule todo voto que no sea depositado por el propio elector en la urna, algo a lo que el PSOE se opuso por contravenir la ley.

Los socialistas han emprendido una campaña recordando que comprar o vender votos es un delito electoral penado que puede conllevar penas de cárcel, además de un importante daño a la democracia.

Melilla es la localidad española donde más se vota por correo: en las municipales de mayo de 2019, fueron 4.210, el 7,78% del censo; en las generales de aquel año, la cifra rozó los 6.000, un 11% del total, casi cinco veces más de la media nacional (2,93%).

A falta de unos días para que cierre el plazo para solicitarlo, los datos provisionales ya superan el 13%, lo que eleva la sospecha, normalizada entre los melillenses, de la compra de votos a cambio de cuantías que se acercan a los tres dígitos.

El robo de las papeletas, según el PP, se efectúa en los domicilios en cuanto los carteros se dan la vuelta tras entregar las mismas: "Este jueves, en una casa con tres solicitudes en el Barrio Calvo Sotelo, les ofrecieron 80 euros por cada uno", aseguró el candidato popular, Juan José Imbroda.

Acusaciones mutuas de compra de votos

Los partidos se acusan mutuamente de estar detrás de esta práctica, que en las generales de 2008 terminó con la condena a dos años de cárcel e inhabilitación del entonces secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, y el aún presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, por comprar votos por correo a cambio de planes de empleo.

CPM y PSOE también han acusado al PP de comprar votos varias veces, una a cambio de vales de alimentos, en un caso donde el exviceconsejero, Hassan Driss, fue absuelto; y otra a dos días de que finalizara la campaña de las generales de abril de 2019, tras aparecer un vídeo de cámara oculta grabado en la sede popular, con el hijo del presidente del partido como protagonista.

La Justicia archivó ambas denuncias y el propio Imbroda calificó el caso como "una canallada" contra el PP al considerar que se trataba de una "operación de denuncia falsa".