MADRID.- La situación del Consejo General del Poder Judicial se agrava cada día, con un presidente alejado de la realidad y que impone su dictado a una mayoría conservadora que accede a sus deseos. Prueba de ello ha sido la reciente negativa a renovar a la poderosa comisión permanente, cuyos integrantes deben rotar anualmente según la ley. Rotación que no se ha cumplido.

El Pleno de este órgano constitucional decidió el pasado jueves por mayoría mantener a sus actuales miembros de las comisiones. La propuesta fue impuesta de forma cerrada por Carlos Lesmes, el presidente. La minoría no pudo ni someter a votación los candidatos que se habían postulado para la rotación anual, ni siquiera fue votada su propuesta de renovación aunque la habían presentado en tiempo y forma.

Los seis vocales progresistas han emitido un voto particular en el que denuncian que se ha vulnerado su derecho de participación a pesar de que presentaron su petición conforme a la legalidad. Consideran, además, que la negativa a rotar a los vocales en las comisiones "sortea abiertamente la letra y el espíritu" de la ley que diseñó el nuevo CGPJ y que quería evitar un modelo presidencialista.

El vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas, ha emitido por su parte un durísimo voto particular.

Ambos documentos alertan de que la votación sobre las comisiones puede ser nula y contaminar de nulidad todos los acuerdos que adopten estas comisiones a partir de ahora, en especial la Permanente.

La minoría progresista recuerda que la ley declara nulos de pleno derecho los actos dictados prescindiendo de los procedimientos legales establecidos o de las normas que contienen las reglas para la formación de la voluntad de un órgano colegiado, como es el CGPJ. Este voto particular está firmado por los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Todos ellos fueron propuestos por el PSOE, excepto la última vocal que lo fue por IU.

Por su parte, Enrique Lucas expone su “radical oposición” al criterio de no haber renovado las comisiones, en contra de lo establecido por la ley, y destaca el contraste “llamativo y desalentador” de la actual situación respecto al pleno de 2013 en el que se constituyó el nuevo CGPJ y donde los vocales distribuyeron sus trabajo en comisiones.

Hace un año proyectaron “el consenso parlamentario más amplio habido nunca” para la elección de los vocales [por elección directa del Parlamento] y donde se logró una fórmula para que las distintas sensibilidades del pleno fueran representadas en las comisiones, en la idea de la renovación anual con el mismo método.

Ahora, un año después, Lesmes “ha roto el equilibrio”, denuncia Lucas al tiempo que le acusa de no hacer caso a las llamadas al consenso y de faltar “gravemente a su compromiso” de negociar la renovación de la Permanente. En su lugar, “ha forzado la ratificación de su propuesta personal como si estuviera discutiendo la remodelación de su Gabinete”.

Para Lucas, el que la mayoría del Pleno decidiera quiénes representan a la minoría en la poderosa comisión permanente “supone una huida de la realidad muy peligrosa y, siento decirlo, una visión claramente antidemocrática e inconstitucional”.

En su voto particular, Lucas recuerda en especial a Mercé Pigem, la vocal que salió elegida por CiU y que recientemente dimitió después de ser descubierta saliendo de Andorra con 10.000 euros junto a su hermana, hecho que no constituyó infracción administrativa porque estaba dentro del límite legal.

“Su renuncia –relata Lucas- fue forzada por una presión insoportable que el presidente contribuyó a apuntillar con su comunicado de prensa invitándole a abandonar el Consejo. Culminó así una gran injusticia y se cometió también un grave error cuyas consecuencias” se notan cada día en el Consejo y, en especial, con motivo de la no renovación de la Permanente de la que Pigem era miembro.

Lucas recuerda que el CGPJ está consagrado por la Constitución como un órgano colegiado y plural, de tal manera que la ley prevé mayorías cualificadas para adoptar determinadas decisiones y se reconoce el derecho de los vocales a convocar sesiones extraordinarias del Pleno e incluir asuntos en el orden del día si así lo solicitan cinco vocales.

Estos siete vocales pidieron la renovación y la votación de los candidatos a las comisiones, una vez transcurrido este año de mandato. Pero el presidente Lesmes rechazó tal votación, por lo que Lucas denuncia que “nadie puede sustituir esa decisión hurtando el derecho a proponer a los candidatos”, ni tampoco vetar a los que los vocales propongan.

Además, destaca que cada grupo o sensibilidad tiene derecho a plantear a sus candidatos. En cambio, Lesmes no permitió una elección sino “la mera ratificación por la mayoría de la propia propuesta personalmente promovida por el presidente”.

A su entender, la Permanente rivaliza con el mismo pleno con una forma de proceder que Lucas considera contraria a la Constitución de 1978 y considera que la decisión se ha caracterizado por "la cerrazón, la imposición y la discordia".

Lucas pone como ejemplo la decisión de convocar la plaza que ocupa el juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, en la Audiencia Nacional o el rechazo a la petición de amparo de unos magistrados que fueron duramente criticados por el Gobierno del PP cuando acordaron la excarcelación de unos etarras.

La decisión en ambos casos fue adoptada por la Permanente y no por el pleno del órgano constitucional, de ahí la importancia que otorga la minoría a la renovación de esta poderosa comisión.
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