Adriana González tiene 60 años y lleva más de 20 en su "pisito" de San Fernando de Henares (Madrid). Todavía le quedan diez años para terminar de pagar la hipoteca, aunque vive con la "incertidumbre" de que la Comunidad de Madrid pueda derrumbar su casa antes de ponerse al día con el banco. "Esto me ha generado mucho estrés y ansiedad. Los edificios de enfrente los han tirado todos, nosotros estamos al borde. No sabemos cuándo nos tocará. Tengo en el salón una maleta preparada con el pasaporte, los informes médicos y otros documentos por si algún día me desalojan", cuenta la vecina. El Gobierno de Ayuso ha iniciado este miércoles la demolición de 13 nuevas viviendas en el municipio por las obras de la línea 7B de metro.

Los vecinos de San Fernando de Henares llevan casi seis años soportando los efectos de una "mala gestión" que tiene nombre y apellidos: Esperanza Aguirre y Gil de Biedma. La popular aprobó durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid un cambio de trazado –de recto a curvo– en la línea 7B de metro para construir dos nuevas paradas: Henares y Hospital del Henares. La promesa electoral supuso un sobrecoste de 37 millones de euros y dejó una larga ristra de estragos en la localidad: más de 600 viviendas afectadas, 217 personas desalojadas, 41 casas derribadas y cinco comercios destruidos. 

La perforación del túnel incrementó el caudal del subsuelo y provocó la aparición de socavones que ponían en riesgo de hundimiento tanto la infraestructura como los edificios de la zona. El Ejecutivo autonómico ha derribado 41 viviendas en los últimos seis años y tiene previsto alcanzar las 73 antes del próximo mes de enero. La Comunidad de Madrid ha cortado en repetidas ocasiones la línea para intentar subsanar los daños estructurales, pero grosso modo sigue sin asumir responsabilidades. "Es una negligencia que no tiene precedentes en España, ninguna otra administración ha hundido un municipio de 36.000 habitantes con una infraestructura pública", señalan desde la Plataforma de Afectados por Metro L7B. 

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha visitado este martes la localidad, coincidiendo con el inicio de las obras para derrumbar 13 nuevas viviendas. "Este es el caso más extremo de la pésima gestión de Esperanza Aguirre, que es la mentora de Isabel Díaz Ayuso. Ella puso la primera piedra de este problema; decidió cambiar el trazado de la línea 7B sin ningún informe técnico. Esto en cualquier otra comunidad sería una locura. Han pasado 15 años y seguimos sin tener transparencia. Lo que entendemos es que Ayuso, como no puede cobrar ninguna comisión por arreglar la situación de los vecinos afectados, va a seguir sin hacer nada", denuncia la líder de la oposición. 

Tocar las grúas desde tu balcón

Alejandro Escribano tiene 26 años y creció en la zona cero de la vorágine. El joven lleva desde 2018 con problemas en su inmueble. "Primero ves como las puertas no se abren y las ventanas no se cierran, luego aumentan las grietas y cuando te das cuenta, te desalojan. Lo hacen una vez, dos veces y, a la tercera, te echan de tu casa sin ofrecerte ninguna solución. No somos ciudadanos de segunda, aunque no vivamos en el barrio de Salamanca", reivindica. La Comunidad de Madrid reubicó a las familias afectadas en "un apartahotel de 20 metros cuadrados". Los vecinos, sin embargo, luchan por una "alternativa digna de alquiler" y sus correspondientes indemnizaciones. 

El Complejo Dotacional El Pilar fue uno de los primeros en acabar hecho escombros. El Gobierno regional derribó en marzo del año pasado una escuela de idiomas, un centro cultural, una guardería y la concejalía de la mujer, entre otros edificios. Adriana González pudo ver desde su balcón como los bloques de la calle de enfrente desaparecían de la noche a la mañana. "Estiraba la mano y tocaba las grúas y las máquinas. La situación [en su inmueble] ha empeorado, porque los edificios de delante sujetaban hasta cierto punto el suelo", recuerda. La Comunidad de Madrid tiene previsto colocar una "lona enorme" para ocultar la demolición del resto de viviendas. 

"Los operarios están picando desde las 8.00 de la mañana hasta las 20.00 de la tarde. Nos despertamos con el ruido de las obras y nos acostamos con el de los aviones", relatan los vecinos. El aeropuerto de Madrid está a poco más de nueve kilómetros y un avión sobrevuela la zona cada seis minutos. Los propietarios e inquilinos de San Fernando de Henares sobreviven entre grietas a la espera de una respuesta de las instituciones autonómicas. "Tenemos casos de gente que se ha quedado atrapada porque sus edificios se hundieron y las puertas no se podían abrir", precisan. 

La situación es todavía peor para las decenas de familias que no figuran en los registros como afectadas. "La Comunidad de Madrid considera que no existen, que no padecen los efectos de la imprudencia y desidia del Ejecutivo. Lo que pedimos es un pacto de Estado que integre a todas las administraciones, para devolver el parque urbanístico de nuestro municipio a las familias afectadas y dar una solución técnica a esta pesadilla", explican desde la Plataforma de Afectados por Metro L7B. Los vecinos han anunciado una gran movilización en el centro de Madrid para el próximo otoño. 

Ayuso, "absolutamente opaca"

La opacidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también es clave para explicar la situación actual. La mayoría de los informes técnicos relativos a los trabajos realizados en el subsuelo del municipio madrileño siguen ocultos y sin atisbos de ver la luz. "La información es absolutamente opaca. Hemos pedido datos de los gastos, las mediciones y los informes técnicos, pero nunca llegan. El mayor problema es que [en el PP] consideran que el núcleo afectado es muy reducido, cuando en realidad no para de crecer", señala María Acín, diputada de Más Madrid y portavoz de la Comisión de Movilidad. 

La Comunidad de Madrid ha negado en una conversación con este diario el inicio de 13 nuevas demoliciones y espera "causar el menor impacto posible" en la zona. Los vecinos acusan al Gobierno regional de "jugar al despiste" y explican que el proceso consta de dos fases: la primera, que ha empezado esta semana, consiste en arramblar el interior de los bloques, mientras que la segunda se saldará con el derrumbamiento definitivo de los edificios.

El Gobierno regional también presume de haber indemnizado a 63 de las familias afectadas, aunque la afirmación tiene truco. "Lo que no cuentan es que las 63 familias han presentado una denuncia porque el dinero que han recibido no se corresponde con los gastos que han cuantificado sus peritos [la diferencia media ronda los 100.000 euros]. La situación está peor que hace un año, por mucho que Ayuso quiera evitar los titulares", sentencia Alejandro Escribano, portavoz de la plataforma.