Comienza oficialmente este jueves la campaña por el 28M, pero el ambiente electoral está presente desde hace meses y ya ha dejado entrever cuáles serán los principales caballos de batalla en la pugna por Barcelona, que se presenta muy ajustada entre Comuns, Junts, PSC y ERC. A distancia, sigue la derecha españolista formada por PP, Ciutadans y Valents, con la incógnita de si estos dos últimos lograrán representación, al igual que la CUP, que aspira a recuperarla tras el fracaso de 2019.

Vivienda, turismo y movilidad son tres de los temas clave que definen al modelo de ciudad defendido por los partidos. Urbanismo, limpieza y seguridad son también clásicos para dibujar las políticas municipales, pero ¿qué defiende cada candidato?

La vivienda, un problema en todos lados

La vivienda se ha colado en campaña y no lo ha hecho de forma inesperada. Los alquileres están en máximos históricos y las dificultades para acceder a un piso afectan cada vez a más gente, lo que ha multiplicado los anuncios electoralistas como la lluvia de viviendas públicas anunciadas por Pedro Sánchez. La aprobación después de años de negociaciones de la Ley de Vivienda también pone de manifiesto la centralidad política del tema.

Barcelona es uno de los epicentros de las dinámicas especulativas y esto hace que todos los partidos hayan hablado de la problemática, cada uno desde su perspectiva. Pese a los límites competenciales, los comuns, por su parte, ponen en valor las políticas realizadas durante los ocho años de mandatos de la alcaldesa Ada Colau. Una de las medidas estrella ha sido el impulso del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT), que ha regulado y limitado mucho la apertura de nuevos establecimientos hoteleros y pisos turísticos.

Pese a las rendijas evidentes, como la que demuestra la reciente noticia de que un inversor había conseguido licencias por 120 pisos turísticos en un mismo edificio del Eixample, la medida ha supuesto una barrera contra la proliferación generalizada de pisos turísticos, que van en detrimento de los alquileres residenciales. Los apartamentos para este uso están estabilizados en torno a 9.500 y han decrecido ligeramente desde la aprobación definitiva del plan en 2017.

Ante la difícil situación del acceso a la vivienda, sin embargo, los comuns reclaman a las demás administraciones la necesidad de regular precios de los alquileres y también el fenómeno de los alquileres de temporada, que escapa de la Ley de Vivienda. Una necesidad de regular que comparten con ERC y con el PSC, aunque con más matices, y de la que la derecha españolista se desmarca totalmente.

La otra medida con la que los comuns sacan pecho es con la ampliación del parque público de vivienda, ya sea a través de la construcción o compra y captación de pisos vacíos. Según datos del Ayuntamiento, en 2015, el parque lo formaban 7.500 viviendas, una cifra que hoy ha crecido hasta las más de 11.500 y que se ampliará con la finalización de los 2.500 pisos que hay en obras hasta 2025, además de 2.000 que están en fases de producción previas a las obras. Por todo ello, el equipo municipal destaca que en los mandatos de Colau el parque se habrá doblado.

El principal antagonista del modelo defendido por Colau es el candidato de Junts, Xavier Trias, alcalde entre 2011 y 2015. Sin embargo, por lo que defiende en estas semanas de precampaña no parece que sea así: saca pecho de la regulación inicial de pisos turísticos impulsada a finales de su mandato y también propone construir pisos públicos, mientras niega que Colau lo haya hecho.

Propone un "gran pacto de ciudad" público-privado, a 20 o 30 años vista y en colaboración con el AMB, pero también derogar la obligación de grandes tenedores de destinar el 30% de nuevas construcciones a vivienda social porque "no funciona". Trias no está a favor de regular los alquileres y las ocupaciones también asoman en sus discursos.

El PSC, aunque ha gobernado la mayor parte de los ocho años con Colau, destaca por aproximarse más a las medidas de Junts que a su socio de gobierno. El candidato socialista, Jaume Collboni, ha anunciado que también derogará la medida del 30% de vivienda social y ha presentado propuestas como doblar el presupuesto dedicado a vivienda, construir 1.000 viviendas al año, avalar a los jóvenes para alquilar piso -y también las mujeres víctimas de violencia machista- y "ecorehabilitar" áticos para que los jóvenes se emancipen.

El candidato de ERC, Ernest Maragall, se acerca más a las posiciones de los comuns y defiende, por un lado, aumentar la construcción de pisos hasta los 5.000 al año, y por otro, redoblar esfuerzos para parar desahucios con un fondo específico para los impagos.

La derecha españolista, por su parte, defiende posiciones totalmente alejadas. Daniel Sirera, alcaldable del PP, propone asumir el alquiler de las personas que están a punto de ser desahuciadas en lugar de pagar pensiones; y también construir 50.000 viviendas en barrios como La Sagrera y la Marina del Prat Vermell.

Ocupas y colaboración con el sector privado para hacer frente al sinhogarismo son otros dos ejes de las políticas que defiende, en línea con las propuestas de Ciutadans y Valents. Anna Grau (Cs) ha propuesto crear una oficina para ayudar a los propietarios contra los ocupas, mientras Eva Parera (Valents) está haciendo campaña en la Bonanova contra dos casas ocupas a las que acusa de perturbar la paz vecinal.

Turismo, entre el decrecimiento y los visitantes "de calidad"

El turismo es otro de los temas espinosos en la ciudad. Ya lleva años en la agenda por la presión que sufre Barcelona, donde en 2022 pernoctaron más de siete millones de visitantes. Después de que durante la pandemia los visitantes desaparecieran prácticamente por completo, su regreso ha provocado un renovado malestar ciudadano.

Los candidatos defienden distintos modelos de gestión, que van desde un decrecimiento que se ha demostrado complicado a una alfombra roja para los operadores turísticos, pasando por cierta flexibilización de las regulaciones vigentes. En medio de propuestas difícilmente cuantificables, el dato de quien está a favor de la ampliación del aeropuerto y quien en contra facilita saber quién apuesta por recibir más visitantes y quién no: Junts, PSC y la derecha españolista, a favor; Comuns y CUP, en contra; y ERC, a favor del 'sí' pero sin que esto implique la llegada de más turistas, aunque no concretan cómo.

El actual gobierno municipal ha implementado diversas medidas para regular la presión turística. El PEUAT, la lucha contra los pisos turísticos y la limitación de los grupos que pasean por el centro son algunos ejemplos. También cierta limitación de los cruceros, situados ahora en el punto de mira, y que plataformas como Stop Creuers apuestan por eliminar.

Sin embargo, el consistorio reconoce que el objetivo del decrecimiento turístico es complicado: "Tenemos que tener herramientas para posibilitar una gobernanza del turismo, porque hay cosas que ya están dadas que no podemos reducir pero sí gestionarlas", reconocía la teniente de alcaldía, Janet Sanz, en una conversación con Público. Se refería, por ejemplo, a las 160.000 plazas hoteleras actuales, que para recortarlas habría que indemnizar a sus propietarios.

La CUP, en este sentido, sí apuesta por revocar licencias de pisos turísticos y reducir parte de las plazas de los hoteles, avanzando hacia un decrecimiento. La candidata, Basha Changue, también ha anunciado que se oponen al Mobile World Congress y a macroeventos como la Copa América de Vela.

Trias hace un discurso totalmente opuesto, sin mención alguna a reducir el número de visitantes sino a cambiar el tipo de turismo hacia uno "familiar, cultural, de congresos, de eventos profesionales" que evite el de "drogas y prostitución". El candidato de Trias por Barcelona remarca que se trata del 14% de economía de la ciudad y que por eso no se puede ir en su contra, y preguntado por las derivadas que comporta -como el encarecimiento de la vivienda y el coste de la vida- se remite a que hay que construir pisos sociales.

El PSC, una vez más, reniega de lo que ha hecho en los últimos años codo a codo con Colau y apuesta por una serie de propuestas entre las que destaca lanzar una nueva marca (Always Barcelona) y abrir "una nueva etapa" en el Consorcio de Turismo de la ciudad para reimpulsar el negocio turístico.

Potenciar las nuevas tecnologías, la colaboración público-privada y promover "la convivencia" con sus habitantes no faltan en una línea programática que no se olvida del "turismo sostenible" pero con la ampliación del aeropuerto como primera piedra.

Maragall se autositúa en un intermedio entre Colau y Trias y asegura que no permitirá "barra libre" pero tampoco apuesta por el decrecimiento. De forma ambigua, coloca como prioridad "gobernar el turismo" y rechaza que la creación de la marca Barcelona, impulsada por su hermano e histórico alcalde Pasqual Maragall, fuera el pistoletazo de salida a la situación actual.

Sirera (PP) ha dicho literalmente que pondrá "alfombra roja" al sector y también apuesta por eliminar la tasa turística y fomentar el llamado "turismo de calidad", al igual que Eva Parera (Valents).

Urbanismo y movilidad

Las supermanzanas han sido una de las banderas del actual gobierno municipal y han sido centrales en buena parte de las políticas que ha impulsado a Colau en materia de movilidad y urbanismo. Reconocidas a nivel internacional, han sido muy criticadas por la oposición, que rechaza la reorganización del tráfico que implican.

Según un estudio del consistorio, las medidas impulsadas han reducido el tráfico en la ciudad. Concretamente, en los ejes verdes ya consolidados (Borrell, Tamarit, Parlament y Sant Antoni) el paso de coches se ha reducido un 64% desde 2017.

En las calles que todavía están en obras para convertirse en ejes verdes (Rocafort, Borrell, Girona y Consell de Cent) se ha notado un descenso de hasta el 89% desde 2017. En las calles no afectadas por los proyectos de supermanzana, el descenso fue del 15%, mientras que en el Eixample hubo una reducción del 20%. La ronda de Dalt es uno de los puntos que concentra un aumento, concretamente del 8%, mientras que la Litoral y la del Mig han descendido un 5% y un 4%, respectivamente.

Sin embargo, de los otros partidos nadie reconoce beneficio alguno al modelo. PSC y Junts defienden recuperar los interiores de manzana como zonas verdes y rechazan las supermanzanas porque alegan que generan congestión y no solucionan la contaminación, un planteamiento muy similar al defendido por el PP, Ciutadans y Valents.

La CUP, pese a compartir los objetivos de pacificación, no comparte el modelo porque cree que "privatiza" el espacio público y contribuye a la gentrificación, y apuesta por políticas más descentralizadas y no sólo poner "parches" en algunos barrios.

En cuanto a movilidad, Trias apuesta por los vehículos eléctricos -fuera del alcance de muchos barceloneses- y por cubrir la Ronda de Dalt, un proyecto también apoyado por Collboni que fue desestimado en su día por los comuns por su elevado coste. Sirera y Parera también apuestan por potenciar el vehículo privado, especialmente las motos, y el eléctrico.

En relación con el tranvía, tanto comuns como ERC apuestan por la conexión total por la Diagonal, una cuestión a la que Trias siempre se ha opuesto y se ha convertido en su bandera. Si gobierna él, quedaría sin conectar el trozo final, entre Francesc Macià y Verdaguer, poco más de 1,5 kilómetros, después de que el próximo año ya quede unido el tramo entre Glòries y Passeig Sant Joan. Sorprendentemente, también Collboni se ha desmarcado ahora de la conexión impulsada por su gobierno, por lo que Janet Sanz le instó a rectificar. La derecha españolista también lo rechaza.

Limpieza y seguridad, comodines en campaña

La limpieza y la seguridad son dos 'comodines' que siempre se cuelan en campaña. En estos momentos encabezan el ranking de preocupaciones de los barceloneses en primera y segunda posición, respectivamente, según los últimos barómetros municipales. Sin embargo, el equipo de Barcelona en Comú saca hierro al asunto porque sostiene que aparecen a falta de problemas más graves.

Sin embargo, los partidos de la oposición han explotado la centralidad de estos temas en la opinión pública. "La ciudad vuelve a estar muy sucia y eso afecta a la moral colectiva", sostenía Trias en una entrevista con Público. El exalcalde defiende recuperar la gestión que hizo durante su mandato, en el que el principal problema percibido por la ciudadanía era el paro (era 2014).

Este último mandato, después de 12 años, el contrato de limpieza ha cambiado de manos y esto ha supuesto muchas modificaciones, entre ellas la renovación de camiones y contenedores, pero también en las estrategias, frecuencias y métodos de limpieza. "La ciudad está mejor que cuando arrancamos el mandato, aunque de por medio ha habido cambios de percepción", afirmó en declaraciones a Público Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica. El temporal Gloria y la pandemia son dos eventos que han tenido que ver en ello.

ERC también está explotando este filón y Maragall ha anunciado que va a crear una brigada de 100 trabajadores para limpiar y reparar en cien días los puntos más degradados de la ciudad. La Brigada 100x100 hará un informe para detectar qué espacios necesitan actuaciones urgentes. A su juicio, "la ciudad pide a gritos una acción contundente de limpieza" y esta problemática es "uno de los elementos más explícitos del fracaso de los ocho años de Colau" al frente del consistorio.

PP y Valents también se han sumado al carro, y tanto la seguridad como la limpieza son dos de sus principales ejes programáticos, junto a la movilidad, en el caso de los primeros, y el trabajo y la "libertad", de los segundos.

La seguridad es otro tema que ya ha aparecido de forma recurrente. Mientras los comuns sacan pecho con el dato de que la criminalidad ha disminuido un 19% en la ciudad desde 2019, el resto de partidos atacan al consistorio por lo que consideran mala gestión. Según el programa de los socialistas, el consistorio -del que forman parte- "debido a una mala interpretación de lo que significa ser progresista, huye de sus responsabilidades en relación con la seguridad ciudadana" y ha fracasado en el reconocimiento de la labor de la Guardia Urbana.

Por eso, Collboni se compromete a impulsar un plan integral de seguridad ciudadana e incrementar la dotación policial. En líneas similares, Trias la define como una de sus prioridades, al igual que PP y Valents.