Vox vuelve a sacar a pasear su discurso negacionista sobre la violencia machista en el Congreso. En esta ocasión, el partido de extrema derecha resta importancia a las víctimas de esta lacra estructural a través de las enmiendas registradas al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia, unas medidas que entraron en vigor a principios de abril vía real decreto y que ahora se tramitan como proyecto de ley.

La Cámara Baja convalidó el real decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, el pasado 29 de abril con el apoyo de todos los grupos del arco parlamentario, a excepción de Vox y Foro Asturias, que votaron en contra, y la abstención del PP. Asimismo, el Pleno del Congreso acordó tramitar esta norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

La Mesa de la Cámara Baja, en su primera reunión anual de 2021, dio luz verde a la propuesta del Gobierno para convocar sesiones extraordinarias en enero, un mes que suele tener una actividad reducida, para la tramitación de este proyecto de ley, entre otras iniciativas. De este modo, la ponencia se reúne este martes para elaborar un informe y decidir si introduce modificaciones a la norma, aunque los grupos pueden mantener vivas sus enmiendas en la Comisión de Igualdad y en la votación del dictamen en el Pleno.

En este sentido, el partido de extrema derecha enmienda casi todo el texto procedente del real decreto. En la justificación de las modificaciones registradas el pasado 6 de julio, Vox repite como un mantra que "debe extenderse la protección prevista en esta ley a todas las víctimas de la violencia intrafamiliar sin discriminación alguna por razón de sexo o edad", un argumento utilizado frecuentemente por la formación de Santiago Abascal, que niega esta lacra bajo el paraguas de la condena a "todo tipo de violencia".

Desde su irrupción, la ultraderecha ha intentado reabrir, a base de difundir noticias falsas, debates que parecían zanjados y ha tratado de romper el consenso político en torno a la condena de la violencia machista y la defensa de los derechos de las mujeres, entre otras cuestiones. Sus enunciados contrastan con los datos ofrecidos por el Ministerio de Igualdad: el número de llamadas al 016 se disparó durante  los meses de marzo, abril, mayo y junio, coincidiendo con el confinamiento domiciliario derivado del primer estado de alarma.

Según la macroencuesta sobre Violencia sobre las Mujeres publicada en septiembre del año pasado, más de la mitad de las mujeres que viven en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, es decir, 11,3 millones de mujeres. En este sentido, más de cuatro millones han padecido violencia física, casi tres millones han sido víctimas de violencia sexual y más de ocho millones de mujeres aseguran haber sido víctimas de acoso sexual.

¿En qué consiste la norma?

La norma recoge que las medidas aplicadas para hacer frente a la covid-19 "están provocando un especial impacto en determinados colectivos de personas especialmente vulnerables que deben ser objeto de protección por parte del Gobierno". En esta dirección, la propuesta legislativa reconoce que "las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo, como se ha venido demostrando con motivo de situaciones parcialmente análogas, como los periodos vacacionales sin situación de permanencia en domicilios, periodos en los que se disparan los casos de violencia de género y de violencia doméstica".

En consecuencia, para dar respuesta a las necesidades de protección de las víctimas de violencia de género en el contexto actual, con un nuevo estado de alarma prorrogado hasta mayo, "este real decreto-ley adopta una serie de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia integral y protección, estableciendo medidas organizativas para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección, así como la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las circunstancias excepcionales a las que se ve sometida la ciudadanía durante estos días", reza el texto.

La norma no solo ampara a las víctimas de violencia de género, pues también da cobertura a las víctimas de explotación sexual y trata. Entre las medidas que incorpora, la ley declarara esenciales los servicios de teleasistencia, como el teléfono 016, y los de asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social. La adaptación a la que se refiere esta última prestación "deberá tener en cuenta la situación de permanencia domiciliaria y prever alternativas a la atención telefónica, a través de medios como la mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con geolocalización para la comunicación de emergencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", añade.

Asimismo, las administraciones competentes deberán "garantizar el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros" para las víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata. "Cuando la respuesta de emergencia conlleve el abandono del domicilio para garantizar la protección de la víctima y de sus hijos e hijas, se procederá al ingreso en los centros a los que se refiere el apartado anterior, que serán equipados con equipos de protección individual", ahonda el texto. Sobre esta cuestión, el proyecto de ley señala que también se podrá hacer uso de "los establecimientos de alojamiento turístico" para llevar a cabo la acogida a las víctimas y a sus hijos.

El proyecto procedente del real decreto también recoge medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En concreto, se habilita el mecanismo para que los ayuntamientos y comunidades autónomas puedan utilizar los remanentes correspondientes a los fondos de 2019 para acciones actuales.

Sustituir "violencia de género" por "violencia machista"

Fuentes parlamentarias socialistas señalan a Público que el texto se respetará casi en su totalidad, por lo que no se prevé que se incluyan modificaciones de gran calado. Si bien, estas fuentes afirman que previsiblemente se apruebe una de las enmiendas registradas por el grupo republicano por la que se pide la modificación de término "violencia de género" por "violencia machista" a lo largo de todo el redactado.

"El lenguaje es importante dado que este crea un contexto apto que impulsa las medidas dirigidas a combatir la violencia machista. Por esto, al igual que el término violencia doméstica quedó obsoleto para dar paso a la discusión de la violencia de género, es momento que este concepto se deje atrás para hacer
frente a la problemática tratada como violencia machista. Esto es, dicha violencia no es ejercida por los diferentes géneros que existen, sino que se da del hombre a la mujer. Por lo tanto, estamos ante una cuestión de machismo, por el hecho que el hombre considera que tiene pleno derecho y total posesión
sobre la mujer", explica la formación que lidera Gabriel Rufián.

ERC también propone que las medidas aprobadas se apliquen "con especial atención a las especificidades que presenta la violencia machista practicada contra las mujeres mayores, mujeres con diversidad funcional e infancia", ya que esta violencia "afecta a todas las mujeres y tiene un impacto innegable sobre los hijos e hijas de las mismas".

Asimismo, el grupo republicano considera que el seguimiento de los presuntos agresores con medidas cautelares judicialmente estipuladas y de los hombres condenados por violencia machista es "imprescindible". "Forma parte de la protección de todas las víctimas asegurar la efectividad de las medidas impuestas a los agresores", añade.