El famoso comisario de las cloacas de Interior empleaba su influencia en la Judicatura y la Fiscalía para la 'policía paralela' al servicio de multimillonarios que dirigía y fue destapada hace año y medio por Público. Entre sus instrumentos para lograr esa influencia figuraba el instituto Schola Iuris, por el que pasaron tan importantes juristas como el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, o el ex fiscal general del Estado José Manuel Maza, entre muchos otros letrados.

Tal como reveló Público en sucesivas exclusivas a partir de noviembre de 2016, uno de los instrumentos para ese tráfico de influencias dentro de la Judicatura era el Instituto Europeo de Práctica Jurídica Schola Iuris una entidad privada que dirigía en la sombra a través de su socio y también imputado en el caso Tándem, Rafael Redondo.

Ese centro de formación jurídica, dirigido por Ángel Benseny –socio de Redondo en la empresa matriz del imperio de Villarejo, CENYT ARGO– ya fue denunciado por un equipo de reputados juristas en 2012 por los elevados ingresos que proporcionaba a destacados juristas, generando serias sospechas sobre su "cumplimiento del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva".

Esa denuncia fue enviada de nuevo en 2014 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien subrayó de nuevo que en el plantel de profesores de Schola Iuris figuraban autoridades judiciales tan relevantes como "los Magistrados del TS [Tribunal Supremo] Maza Martín, Sánchez Melgar y Manuel Marchena, ahora Presidente de la Sala Segunda [de lo Penal] del TS, más numerosos jueces y fiscales". Ese informe, nunca respondido por el CGPJ, exponía una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo que habían participado en los procesos contra el juez Baltasar Garzón, y reclamaba que se adoptaran las medidas adecuadas.

Uno de los más destacados juristas relacionados con Schola Iuris fue el ex fiscal general del Estado José Manuel Maza Martín, quien puso al frente de la Fiscalía Anticorrupción a Manuel Moix, otro de los relevantes letrados que participaban de la trama y que era el preferido por el expresidente de la Comunidad de Madrid del PP Ignacio González, imputado en el caso Lezo, como se comprobó en las escuchas de la investigación.

González se lo dijo por teléfono (pinchado) a Eduardo Zaplana –exministro de Aznar– al explicarle cuál era el primer paso a dar desde el Gobierno de Rajoy para blindar judicialmente al PP: "Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y bueno". Así fue, y nada más tomar posesión como fiscal jefe Anticorrupción, Moix trató de anular las escuchas telefónicas de la Operación Lezo.

Anteriormente, cuando Moix ocupaba el cargo de fiscal superior de Madrid archivó en 2009 la denuncia –sobre el pelotazo en el campo de golf del Canal– que habría destapado la trama del caso Lezo y que el protegido de Maza desestimó sin practicar ni la más sencilla y rutinaria comprobación en Hacienda que solicitaban los denunciantes (Parque Sí en Chamberí). Moix no hizo averiguación ninguna, pero aseguró por escrito que no existía "ni indicio, ni rastro, ni la más leve sospecha" de irregularidad por parte de González.

Entre las conversaciones que Ignacio González mantuvo al final de 2016 también aparece Marchena, a quien coloca entre los jueces "buenos". Marchena apadrinó desde su altísimo puesto a Maza y a Moix, con quien coincidió tras ser nombrado en 2003 jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado por el que era fiscal general del Estado, el ultraconservador Jesús Cardenal, en el Gobierno de Aznar, convirtiéndose en el Fiscal de Sala más joven en la historia del Ministerio Público.

Marchena ascendió a la presidencia de la Sala Segunda del Supremo –la que se hace cargo de los casos especiales de aforados, como los políticos soberanistas catalanes hoy presos– con los votos de la mayoría conservadora del CGPJ, que desplazó a Cándido Conde-Pumpido a pesar de tener mucha más antigüedad y experiencia jurídica. Desde allí se ensañó con el juez Baltasar Garzón, a quien persiguió sistemáticamente, participando en su condena y después mancillando su honorabilidad en una clara muestra de parcialidad.

En su trayectoria al frente de la Sala Segunda del Supremo, Marchena se ha distinguido por favorecer siempre a los políticos del PP encausados, desde Ignacio González (caso ático de Estepona) hasta Jauma Matas (caso Palma Arena), pasando por Francisco Camps (regalos de la Gürtel).

Pero Villarejo cultivó todo tipo de relaciones con la Judicatura, incluidos jueces y fiscales progresistas, como alardeó durante una comida con periodistas de Público. Este diario publicó en marzo de 2017 la grabación de esa conversación, en la que el comisario de las cloacas se ufanaba de participar en comidas de más de veinte personas en las que participaba "gente de la Judicatura" como los jueces Santiago Pedraza y Fernando Andreu. Según afirmó Villarejo en aquella comida con dos periodistas de este diario: 

Villarejo: Muy heterodoxo . Un par de jueces siempre van: Santiago o Fernando [Pedraza y Andreu].

Este es el audio de aquella parte de la conversación:

Tras la publicación de esta exclusiva, el magistrado Santiago Pedraz negó rotundamente a Público que él hubiera participado en esas comidas, a las que también –siempre según Villarejo– asistieron políticos del PP como Pablo Casado o del PSOE, como Patxi López.

Igual que este mismo lunes ha tenido que desmentir Dolores Delgado –actual ministra de Justicia– que se hubiera reunido –cuando era fiscal de la Audiencia Nacional– en alguna ocasión con Villarejo, ya que en una nota del comisario que se investiga en el caso Tándem se menciona una supuesta cita con ella para recabar su apoyo en beneficio del empresario Ángel Pérez-Maura, quien estaba inmerso en un proceso de extradición al ser reclamado por la justicia de Guatemala.

En cualquier caso, no cabe duda de que Villarejo tejió una red de tráfico de influencias en el mundo de la Justicia que sin duda habría que investigar.