MADRID.- El “agente encubierto” José Manuel Villarejo Pérez presentó el 3 de marzo un escrito ante el juzgado de Estepona (Málaga) que investiga la compra del ático por parte del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su mujer, Lourdes Cavero, en el que denuncia las supuestas amenazas, presiones e irregularidades que está sufriendo por parte de la cúpula policial desde que inició su investigación.
Los causantes de esta situación son el director general, Ignacio Cosidó; el director adjunto operativo, el comisario Eugenio Pino, con el que le une una larga relación de confianza; los comisarios que han sido cesados por investigarle –Jesús Nieto, Jaime Barrado y Marcelino Martín Blas Aranda-, el inspector del caso Nicolás, Rubén López, y el juez que instruye la causa contra el presunto estafador, Arturo Zamarriego.
Según declara al juzgado de Estepona, el 1 de marzo recibió una llamada de un número identificable pero con un interlocutor que no dio su nombre aunque “con un lenguaje propio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” y “en un tono imperativo” le transmitió unos mensajes que el comisario considera como “graves amenazas”.
Esta persona le dijo: “O retira inmediatamente en su declaración sobre el ático relacionado con Ignacio González que el director Sr. Cosidó le coaccionó para que no investigara y además rompe todos los informes y notas sobre dicho asunto y todos los relacionados con el Partido Popular y a partir de ahora niega la autoría de todos los que puedan salir de ahora en adelante o además del expediente que se me ha abierto van a venir más expedientes para expulsarme del Cuerpo y así no me iba a jubilar tranquilamente como tenía previsto”.
La reacción del comisario fue llamar al número dos de la Policía, de quien es adscrito, y preguntarle al comisario Eugenio Pino si le había abierto un expediente a lo que este dijo que “no le constaba”. Villarejo lo dejó correr pensado que era “una amenaza sin fundamento”.
Apertura de expediente
Un par de días antes, según su escrito, ya sabía por una noticia de la COPE que la Policía le había abierto un expediente. Después se enteró por PÚBLICO de los motivos, los mensajes enviados a los comisarios Jesús Nieto y Jaime Barrado el pasado diciembre en los que les llamó “rata” y “basura”, entre otros calificativos.
Villarejo denomina estos insultos como “un lenguaje coloquial entre compañeros” y explica que él “les recriminó su complicidad en el montaje ya acreditado de la denuncia falsa de la tal Pinto [la doctora Elisa Pinto]”. También niega que estos comisarios fueran cesados tras comenzar a investigarle en diferentes procedimientos, “porque no había nada que investigar” y “porque primero tendrían que aprender a hacerlo”.
Ignacio González ha presentado un recurso al juzgado de Estepona en el que manifiesta que no tiene inconveniente en que se investiguen sus cuentas, pero recrimina que el comisario Villarejo quiera convertir el procedimiento “en un reality”
Sin embargo, recordó que había una nota informativa del asunto del ático de Ignacio González que había elaborado en 2011, “aunque se me había olvidado su confección”. Como publicó este diario, la nota con la que Villarejo quiere demostrar que ya en 2011 estaba investigando al ex presidente de la Comunidad de Madrid tiene sello de 2016 y, aparentemente, no hay nada que ratifique que se elaboró cuando él dice. Esto sería crucial para el caso, ya que Ignacio González acusa al “agente encubierto” de intentar chantajearle a cambio de dejar de investigar.
Es más, quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ha presentado un recurso al juzgado de Estepona en el que manifiesta que no tiene inconveniente en que se investiguen sus cuentas, pero recrimina que el comisario Villarejo quiera convertir el procedimiento “en un reality” televisivo.
El pequeño Nicolás
Como colofón a su colaboración con el juzgado malagueño, y sin entender la relación entre un procedimiento y otro, explican fuentes de ambos casos, Villarejo aporta una supuesta confesión que le ha hecho el abogado del pequeño Nicolás, Víctor Sunkel. Según escribe, el juez Arturo Zamarriego “le ha dicho que quería cerrar cuanto antes el sumario y que no le interesaba demasiado la responsabilidad de su cliente, tan sólo buscar la manera de imputarme como fuera”.
Asegura que el inspector Rubén López, investigador del caso, también se dirigió a Nicolás “con total impunidad” mientras el presunto estafador estaba acompañado del otro imputado, el policía municipal Jorge González Hormigos, “y sin que le importara la presencia de dicho testigo presencial, le hizo la misma oferta”.
Nicolás agradeció la propuesta que consistía en que “se iban a minimizar las acusaciones para que ni siquiera ingresara en prisión”, todo con el fin de involucrarle, “porque tenían la forma de acreditarlo, señalando un lugar y una fecha donde podían probar que yo estaba en ese momento y que si temía represalias de mi por involucrarme falsamente, ellos le pondrían escolta y le garantizarían la seguridad absoluta hasta que yo fuera detenido y acusado”.
El comisario Villarejo llegó a poner en mayo de 2015 varias querellas en las que denunciaba una conjura del juez Zamarriego, de los investigadores del caso Nicolás, así como del CNI, del diario El País y de PÚBLICO, pero todos los tribunales en los que la presentÓ la desestimaron sin abrir diligencias.
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