El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción citar como persona jurídica investigada al despacho de abogados Herrero y Asociados por los pagos a empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiase a un bufete de la competencia.

Según informan fuentes jurídicas, la representación legal del bufete está citada a comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 26 de septiembre, en la misma semana en la que lo harán otras dos personas jurídicas desde las que también se habrían instrumentalizado encargos al comisario: el BBVA (día 24) y la naviera Pérez y Cía (día 25).

Herrero y Asociados se investiga en el marco de la pieza separada número 2 de la macrocausa denominada Tándem, a partir de los audios y la documentación intervenidas a Villarejo y su socio en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, cuando fueron detenidos en noviembre de 2017. La acusación popular que ejerce Podemos también había pedido que la mercantil fuese imputada.

En este caso, se trata del encargo que realizaron cuatro miembros del bufete a Villarejo para que averiguase si una serie de empleados que se habían pasado al despacho de la competencia Balder IP les había robado una base de datos y la estaban utilizando para quitarles también clientes. Además de la investigación, la encomienda incluía un ataque informático por un precio total de 625.000 euros, de los que constan pagados 302.000.

Los tres socios Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez y la directora del departamento de marcas externas, María Ángeles Moreno están ya siendo investigados por delitos de cohecho, dado que habrían sido conscientes de la condición de comisario del Cuerpo Nacional de Policía que ostentaba Villarejo cuando realizaron el encargo, así como de los medios ilícitos que utilizaría para ejecutarlo. Se les imputa también revelación de secretos por la información ajena que manejaron.

Ahora, se imputa también a la mercantil porque conforme detalla el auto de imputación, "resulta manifiesto que la prestación fue contratada por los órganos con poder decisorio de la empresa y en beneficio de la misma".

El auto detalla en este sentido que "la actividad contratada iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives", pues lo que Villarejo y Rafael Redondo ofrecieron a sus clientes pasaba por "la obtención de forma ilegal de informaciones y datos de carácter reservado" que obtendrían gracias a la condición policial del primero y de ahí, el "elevado precio" del trabajo.

Se refiere en particular a los documentos intervenidos en el registro del propio bufete de abogados "que acreditarían la entrega material de información reservada" como las declaraciones tributarias de dos de los espiados o sus movimientos bancarios, "así como facturas de los pagos diversificados a varias empresas del Grupo Cenyt".