BILBAO-. El grupo de representantes internacionales denominado de verificadores del final de la actividad de la organización terrorista ETA asegura que ha recibido informes de la organización en los que se afirma que continúa el proceso de sellado y puesta fuera de uso de su armamento.

La Comisión Internacional de Verificación (CIV), según se denominan, ha hecho pública hoy una declaración en la que recuerda su trayectoria desde que se constituyó el 28 de septiembre de 2011 para verificar "el alto el fuego permanente, general y verificable" declarado por la banda ETA el 10 de enero de 2011 y la subsiguiente declaración de "final definitivo de la violencia" del 20 de octubre de 2011.

Este grupo manifiesta su convicción de que la organización terrorista seguirá dando pasos hasta su "desarme completo".

El Gobierno vasco desconfía

Horas después de este anuncio, el Gobierno Vasco ha opinado sobre este modelo de desarme escogido por ETA. El Ejecutivo de Urkullo cree que el "sellado no verificado y sin calendario", no tiene valor, y le ha propuesto un procedimiento para un desarme "rápido, viable y efectivo" mediante un gesto unilateral y con cobertura social, internacional y del propio Ejecutivo autonómico.

Considera que después de más de tres años del anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA, "no se ha avanzado en el desarme" y "esto no es aceptable" porque "tiene un alto coste social y político que ha de pagar la sociedad vasca en forma de injusta hipoteca".

En tres años "no se ha avanzado en el desarme" y "esto no es aceptable"

Ha asegurado que ya estaba al corriente de la situación de "estancamiento" del proceso de desarme que, a su juicio, refleja el comunicado de la CIV, y aunque ha manifestado su "respeto y apoyo a los buenos oficios" de esta comisión internacional, le ha transmitido que "un proceso de sellado de armas sin verificación efectiva y sin calendario conocido no tiene valor".

Cincos pasos para el desarme

Por ello, ha propuesto a ETA otro modelo de desarme, basado en cinco pasos, que arrancaría con una aceptación por parte de ETA de materializar el desarme ante la sociedad vasca mediante "los buenos oficios" de un comité compuesto por agentes sociales, internacionales y del Gobierno Vasco.

El siguiente paso conllevaría la obligación de que ETA estructurara "en un plazo de tiempo comunicado el depósito de todas sus armas y explosivos y en un número de almacenamientos localizables y seguros para la población".

El Gobierno Vasco propone la constitución de un Comité para el Desarme compuesto por miembros del Foro Social

Paralelamente, el Gobierno Vasco propone la constitución de un Comité para el Desarme compuesto por miembros del Foro Social que se ha reunido con el Comité Internacional de Verificación, así como por agentes internacionales y representantes del Gobierno Vasco.

El Ejecutivo vasco propone también solicitar el apoyo del Parlamento Vasco para este comité.

En cuarto lugar, el procedimiento marcado por el Gobierno Vasco establece que ETA entregaría la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos a la representación de la sociedad vasca en el Comité para el Desarme.

El quinto y último paso sería el de la entrega de esta información al Comité para el Desarme, que lo pondría a su vez en manos del Gobierno Vasco "para que éste actúe como legalmente proceda".

El Ejecutivo vasco ha emplazado a ETA a asumir esta propuesta porque "representa la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca" y ha opinado que "un desarme unilateral, ordenado, verificado y efectivo tendría efectos positivos en la sociedad vasca, en la política y en el proceso de paz y convivencia".

Asegura que "liberaría" a la izquierda abertzale de una "buena parte del lastre de su pasado"

"Permitiría a esta sociedad pasar página de una forma definitiva, favorecería nuevas dinámicas de diálogo político y parlamentario, y crearía condiciones favorables para un cambio en la política penitenciaria y en la situación de los presos y de sus familias", ha considerado.

Además, "liberaría al sector socio-político de la izquierda abertzale de una buena parte del lastre de su pasado y facilitaría su incorporación normalizada al juego político", ha añadido.

El papel de la CIV

Desde que se constituyó, "la Comisión ha verificado que ETA ha cumplido con su compromiso de cesar todo tipo de asesinatos, atentados, amenazas y extorsión".

A la largo de este periodo, "la CIV ha trabajado estrechamente con los actores políticos y sociales vascos" y les ha agradecido "su ayuda y apoyo", agrega su comunicado de esta comisión.

Durante las visitas de la Comisión a Euskadi, "la CIV ha observado los pasos positivos que han tenido lugar en el País Vasco y continúa expresando su deseo de que los esfuerzos para consolidar el fin de la violencia se intensifiquen".

El comunicado añade que recientemente, la CIV "ha recibido informes de ETA de que continúa el proceso de sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas, munición y explosivos".

"Desde nuestra experiencia en otros procesos, inventariar y poner fuera de uso operativo las armas, munición y explosivos es un paso previo necesario al desarme completo", han dicho estos verificadores.

La Comisión ha anunciado que "seguirá trabajando con todos los actores relevantes para completar este proceso lo antes posible" y ha manifestado su confianza en que "con el apoyo de todos los actores políticos y sociales en el País Vasco se puede conseguir".

Integrantes de la CIV

Esta comisión está integrada por Ronnie Kasrils, ex ministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica; Chris Maccabe, ex director político de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido y ex Jefe de Regímenes Penitenciarios de Irlanda del Norte; y Ram Manikkalingam, profesor en la Universidad de Ámsterdam y ex asesor del presidente de Sri Lanka para las negociaciones con los Tigres tamiles.

También participan Satish Nambiar, ex vicejefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de la India y Jefe de Misión de la Fuerza de protección de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia en 1992 y 1993, junto a Fleur Ravensbergen, subdirectora del Dialogue Advisory Group y Aracelly Santana, ex representante Adjunta del Secretario General de las Naciones Unidas y Jefa Adjunta de Misión, Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN).