Iñaki Urdagarin, cuñado de Felipe VI, ha sido condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por la Audiencia de Palma en el juicio por el saqueo de 6 millones de euros públicos de las arcas públicas de Baleares y Valencia a través del Instituto Nóos. Su esposa, la infanta Cristina, ha sido absuelta de haberse beneficiado junto a su marido de los fondos públicos desviados a la sociedad matrimonial Aizoon.

Sólo tres acusados del caso Nóos tienen penas de cárcel en la sentencia difundida este viernes. La condena más alta la recibe el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, quien recibe unas penas totales de 8 años y 6 meses de prisión. Le sucede Urdangarin -quien recibe una condena inferior porque no blanqueó capitales como Torres- y, después, el expresidente de Baleares Jaume Matas que recibe una pena de 3 años y ocho meses.

La Audiencia de Palma condena a 7 de los 17 procesados con penas que penas oscilan desde 1 año y 2 días de prisión a los 8 años y 3 meses de cárcel.

La sentencia absuelve a los acusados en la rama valenciana y madrileña de los negocios de la trama. Esto es, no ve delito en los trabajos encargados por el Govern de Valencia -valorados en 3,5 millones de euros- ni en los 144.000 euros pagados por el ayuntamiento de Madrid a Urdangarin para promocionar la candidatura de Madrid 2016.

La sentencia implica que los condenados sólo devolverán dos tercios del dinero público desviado en Baleares y Valencia. Son 3,5 millones de los que dos terceras partes deben pagar Urdangarin y Torres.

Cristina de Borbón es absuelta en seis párrafos de ser cooperadora de dos delitos fiscales cometidos por su marido y de los que había sido acusada por la acción popular.

La infanta recibe una multa como responsable civil por haberse beneficiado de estos ingresos irregulares en la sociedad que tiene al 50% con Urdangarin. Sin embargo, no deberá pagar los 587.000 euros que pedía el fiscal -y que ella depositó en 2014- sino que la multa asciende a 265.088,42 euros. Por lo tanto,, la Justicia deberá devolverle 322.000 euros que ha consignado de más en la cuenta Audiencia de Palma.

La razón estriba en que la sentencia sólo responsabiliza a Urdangarin de eludir pagos a Hacienda en 2007 y 2008 a través de la sociedad Aizoon, que poseen ambos al 50%, y exonera a la infanta.

El sindicato ultra Manos Limpias ha sido condenado en costas por acusar a De Borbón; es decir, deberá pagar la factura que presenten los  abogados de la infanta, así como todos los gastos de sus desplazamientos y alojamiento para asistir al juicio de Nóos. También deberá abonar la mitad de las costas del proceso a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres.

El sindicato, investigado por estafa en la Audiencia Nacional,  pedía para ella 8 años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. La citación de la infanta como imputada precisó de un auto de 100 folios por parte del juez instructor del caso, José Castro.

7 condenados y 10 absueltos

La sentencia, que ha tenido como ponente a la magistrada Samatha Romero -presidenta del tribunal juzgador- condena a 7 de los 17 procesados. Sólo hay penas para los responsables del Instituto Nóos, el presidente Jaume Matas y tres cargos de Baleares.

La sentencia es un varapalo para el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, que pedía más elevadas que las impuestas, aunque ha confirmado su posición de que la infanta no había cometido delito alguno.

La página web del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es) se adelantó y publicó la noticia con antelación. Esta noticia aseguraba que sólo 6 de los 17 procesados han sido condenados. La Audiencia de Palma ha notificado a mediodía la sentencia del caso sobre el Instituto Nóos, con el que Urdangarin y Torres extrajeron 6 millones de euros de dinero público a base de llevarse elevadas comisiones. El pretexto era organizar actos, congresos e investigaciones para fomentar el deporte y el turismo con el marchamo del entonces duque de Palma.

El Instituto Nóos recibió 2,5 millones de euros del Gobierno balear, 3,5 millones de euros de Valencia y 114.000 del Ayuntamiento de Madrid. Se calcula que la trama desvió 2,6 millones de euros en beneficio propio y creó un plan para defraudar a Hacienda.

Se aprovechó de ser miembro de la familia real

El cuñado de Felipe VI ha sido condenado a 6 años y 3 meses de prisión, 7 años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.553,68 euros. También se le condena a la responsabilidad civil. 

La sentencia, que no es firme, establece que Urdangarin  aprovechó su “privilegiado posicionamiento institucional, dada su proximidad con la Jefatura del
Estado” para obtener contratos en Baleares que le reportaron importantes beneficios económicos.

Esa posición institucional “le procuró el ejercicio de una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos” y conseguir así los contratos.

Urdangarin cometió un delito continuado de prevaricación en concurso de un delito de falsedad en documento público y malversación de caudales públicos (2 años y 8 meses de prisión, multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros, así como 2 años y 7 meses de inhabilitación especial). También es condenado por fraude a la Administración Pública (7 meses de prisión y 4 años y 6 meses de inhabilitación especial), tráfico de influencias (1 año de prisión), así como dos delitos contra la Hacienda Pública (2 años de prisión y multa total de 512.553,68 euros).

En el caso de Diego Torres, las penas se elevan por a 8 años y 6 meses, porque se añade el blanqueo de capitales, mientras que el expresidente del Govern balear Jaume Matas recibe una condena total de 3 años y 8 meses, que en total suman 18 años y 5 meses de cárcel. Los otros cuatro acusados de la rama balear también son condenados, pero a penas de prisión que pueden ser sustituidas por multas. Son los casos del ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester; el exgerente de Illesport, Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exsecretario de Ibatur, Miguel Ángel Bonet.

Los contratos de Valencia hoy serían ilegales

La sentencia absuelve a todos los implicados en los negocios de Nóos en Valencia y en Madrid. En el caso de Valencia -donde la trama obtuvo 3,5 millones de euros en contratos- justifica los contratos dada la condición de Urdangarin como "ex deportista de élite" y como miembro del Comité Olímpico y no por su cercanía al Jefe del Estado al ser el yerno del rey Juan Carlos I.

La resolución sitúa la celebración de los Valencia Summit que organizó Nóos en el contexto de la Copa América celebrada en Valencia en 2007 y considera que estas adjudicaciones hoy sería ilegales pero absuelve a los acusados porque interpreta los contratos a la luz de la realidad social de entonces. Tampoco han "alcanzado la convicción" de que Urdangarin se reuniera con las dos máximas autoridades de Valencia entonces - Rita Barberá, alcaldesa, y Francisco Camps, presidente del Govern- en el Palacio de la Zarzuela el 29 de enero de 2004, aunque la idea de realizar estos foros se trasladó "de algún modo" al gobierno autónomo.

Los 10 acusados absueltos son: la infanta Cristina, la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro; su hermano Marco Antonio Tejeiro, contable del Instituto Nóos; el asesor fiscal Salvador Trinxet; el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; el exsecretario de Turismo de la Comunidad Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia José Manuel Aguilar; el también ex director de CACSA Jorge Vela; la exresponsable jurídica de esa sociedad pública, Elisa Maldonado, así como la ex consejera delegada de la candidatura Madrid 2016, Mercedes Coghen. Miguel Tejeiro, cuñado de Diego Torres, fue exonerado al comienzo del juicio.

Las maniobras para evitar un juicio

La sentencia sobre los 17 procesados llega casi once años después desde que saltó el escándalo, destapado cuando un diputado socialista autonómico –Antoni Diéguez- pidió explicaciones por el elevado coste de un acto sobre turismo y deporte organizado por Urdangarin y Torres para el Govern balear y presupuestado en más de un millón de euros.

La corrupción del Gobierno del popular Jaume Matas era investigada en el caso Palma Arena que iba adquiriendo dimensiones de macrocausa. El juez instructor, José Castro, abría pieza a pieza a medida que crecían los indicios de numerosos amaños en distintos contratos.

El 20 de julio de 2010 el juez Castro, titular del juzgado de instrucción 3 de Palma, abrió la “pieza separada número 25” para investigar los amaños en los contratos del ejecutivo autónomo con el Intituto Nóos, dirigido por el entonces duque de Palma y Diego Torres. Era el famoso caso Nóos.

El entonces rey Juan Carlos I había sido alertado previamente de la gravedad de lo que se investigaba en la capital de las Islas Baleares, y trató de impedir que Urdangarin continuara con sus negocios. Para ello, consiguió que fuera enviado a trabajar a Estados Unidos, con la infanta Cristina contratada por Telefónica.

Desde allí el cuñado de Felipe VI continuó con sus negocios, como ha quedado acreditado en el juicio: recibió 1,6 millones de euros de beneficios entre 2006 y 2008 a pesar de haberse desvinculado de Nóos en apariencia.

La casa real creó un cortafuegos alrededor del entonces duque de Palma, que arrastró a Cristina de Borbón por no quererse separar de su marido.

Una infanta en el banquillo

Todos los intentos por impedir que una infanta de España se sentara en el banquillo fracasaron, incluida una petición de pago/oferta de más de 2 millones de euros a Manos Limpias para que retirara la acusación popular contra ella.

Se contrató a un abogado de renombre como Miquel Roca, padre de la Constitución para impedir que la infanta fuera procesada. Cristina de Borbón tuvo que declarar el el 8 de febrero de 2014 ante el juez.

Ante el tribunal

La infanta Cristina, su marido, el socio de éste, Diego Torres, y otras catorce personas fueron juzgadas en 2016, entre el 11 de enero y el 22 de junio, jornada en la que el proceso quedó visto para sentencia en manos de las magistradas del tribunal de la Audiencia de Palma que deberán aplicar la ley: Samantha Romero (presidenta y ponente), Eleonor Moyà y Rocío Martín.

Durante el juicio, la infanta Cristina declaró que su marido ingresaba sus emolumentos en Aizoon -la sociedad que poseen al 50%- y que confiaba en él, siempre estuvo apoyado por los asesores de la casa real que realizaban sus declaraciones de la renta.