Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres se libran de la cárcel, de lo que no se ha librado el primero es de los insultos a su llegada a la Audiencia de Palma.  

El marido de la infanta Cristina ha llegado a las 10.15 horas a la Audiencia de Palma donde estaba citado para la vista de medidas cautelares tras la sentencia dictada el viernes pasado en la que fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión.

Urdangarin ha llegado en un vehículo oscuro a la sede del tribunal provincial con una mochila pequeña al hombro, y ha entrado en el edificio tras pasar por delante de los alrededor de sesenta periodistas que le esperaban tras las vallas situadas en la puerta y sin hacer declaraciones. Algunos curiosos presentes le han gritado improperios como los de "¡Sinvergüenza!" o "¡Chorizo!".

Antes que él, a las 9.48 horas había llegado su abogado, Mario Pascual Vives, con un portafolio bajo el brazo. Y todavía antes, a las 9.20 horas, había llegado Diego Torres. 

Las vistas han sido a puerta cerrada. Los medios de comunicación tenían vedado el acceso a la sede de la Audiencia de Baleares y han permanecido a las puertas del edificio judicial.

La Audiencia de Palma condenó el pasado 17 de febrero a Urdangarin por prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, un delito de fraude a la Administración, otro de tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda.

El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, llega a la Audiencia de Palma. - EFE

Además de la pena de prisión, también le impuso una multa de 512.553 euros y sendas indemnizaciones de 201.175 euros a la sociedad pública Illesport y de 256.276 euros a la Agencia Tributaria por sus delitos fiscales, según la sentencia, que no es firme, ya que cabe recurso contra ella ante el Tribunal Supremo.

Diego Torres fue condenado a 8 años y 6 meses por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación; fraude a la Administración, tráfico de influencias, delito contra Hacienda y blanqueo, y a pagar multas e indemnizaciones que suman 2,2 millones.