El Real Club Celta de Vigo, el principal club de fútbol de Galicia tras la caída del Deportivo a los infiernos de la Segunda B, se ha visto envuelto en una maraña judicial que amenaza con eternizar en los juzgados la construcción del proyecto estrella de su presidente, Carlos Mouriño. Se trata de la inmensa Ciudad Deportiva Afouteza, con tres campos de fútbol, un edificio de 2.000 metros cuadrados de superficie para instalaciones recreativas y deportivas, y un macrocentro comercial de otros 180.000 metros cuadrados, el equivalente a casi 30 veces la superficie del estadio de Balaídos.

El proyecto se ha planeado sobre terrenos calificados como suelo rústico de especial protección forestal y son propiedad de particulares y de una comunidad de montes, y ha requerido una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Mos, el municipio pegado a Vigo en el que se ubican esas tierras y que está gobernado por Nidia Arévalo, del Partido Popular.

La primera fase de la Ciudad Deportiva fue inaugurada a bombo y platillo hace siete meses por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien aprovechó el acto para defender la capacidad de los gallegos para fortalecerse y enfrentar la crisis económica derivada de la epidemia de covid-19 –"afouteza" significa en gallego "osadía" y "fortaleza"–. Pero la lucha de los comuneros y de los vecinos que se oponen a que les expropien para instalar en sus tierras la Ciudad Deportiva del Celgta ponen en duda la verdadera fortaleza del proyecto.

El pasado 14 de junio, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra estimó el recurso que interpuso la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de Tameiga y anuló la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento para la construcción de los vestuarios e instalaciones auxiliares de Afouteza. Además, ordenó al Concello que revise la licencia de construcción de uno de los campos de entrenamiento doble, de más de 16.000 metros cuadrados de superficie y con un aparcamiento de 5.500 metros cuadrados.

La jueza considera que las obras se ejecutaron "en unos términos ajenos a los que exigiría la normativa urbanística de aplicación" –la Ley del Suelo de Galicia– e incumpliendo la obligación del Ayuntamiento de redactar y aprobar previamente "un Plan Especial de Dotaciones e Infraestructuras". Lo que se planea en Mos, alega la sentencia, no es tan sólo un campo de entrenamiento con sus duchas y sus vestuarios, sino algo de mucho más calado que requiere una prevención urbanística mucho más garantista, y que no puede realizarse troceando las partes para que resulte más fácil licenciarlas a nivel municipal.

"Esta sentencia viene a demostrar que los vecinos afectados por esta operación especulativa tenían razón. El sentido común y la justicia han puesto las cosas en su lugar", dice Román Rodríguez, concejal de Podemos en Mos. Su formación ha presentado en el Congreso una pregunta dirigida al Ministerio de Fomento, recordando que tanto ese departamento como el Ministerio de Transición Ecológica y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea han informado desfavorablemente sobre el proyecto, que afecta a l gasoducto Vilalba-Tui, que cruza Galicia de norte a sur y que atraviesa la zona, así como a la distribución de electricidad y a la traída que abastece a Mos de agua potable. Además, está en el área de influencia del aeropuerto de Peinador, a apenas seis kilómetros de distancia.

"La expropiación forzosa y la recalificación de esos terrenos sólo reporta beneficios a los promotores del proyecto, es decir a los grupos empresariales e inversores propietarios del Real Club Celta de Vigo, sin ninguna repercusión positiva sobre la mejora de la calidad de vida del vecindario de Mos ni en la mejora de los servicios" de la localidad, alegan. Fuentes de la oposición al proyecto apuntan que detrás de la construcción de Afouteza estaría la intención del propietario del Celta de capitalizar el club para facilitar su venta a un inversor extranjero.

El Celta es propiedad de Carlos Mouriño, un gallego emigrado a México propietario del Grupo Económico del Sureste, que levantó casi de la nada comprando una pequeña cadena de gasolineras a principios de los años ochenta del siglo pasado y que convirtió en un emporio de la distribución de combustibles que le ha permitido expandir sus actividades con inversiones en hoteles, grupos financieros y cadenas de alimentación.

Mouriño se hizo con el Celta en el 2006, el mismo año en que su hijo Juan Camilo era nombrado Jefe de la Oficina del recién elegido presidente de México, Juan Carlos Calderón, Juan Camilo llegaría dos años después a secretario de Gobernación -ministro del Interior-, pero su brillante y meteórica carrera política se frustró cuando su avión se estrelló con otras trece personas a bordo en un accidente que el comité que se encargó de investigarlo atribuyó a fallos humanos del piloto y de los controladores. Varios medios mexicanos, sin embargo, relacionaron el derribo del avión con la intención de los cárteles del narcotráfico de asesinarl al hijo de Mouriño y a los responsables de la lucha antidrogas que viajaban con él.

Público intentó hablar con un portavoz del Celta para aclarar si la intención de Carlos Mouriño es capitalizar el club con la construcción de la ciudad deportiva de Mos para poder venderlo en mejores condiciones, pero el Celta se remitió al comunicado que hizo público tras la sentencia en el que señala que "acata y respeta" la decisión judicial y en el que afirma su convicción de que "ha actuado y seguirá actuando hasta lograr la totalidad del proyecto en Afouteza, respetando con el máximo rigor la legalidad vigente". Pese a encontrarse en zona de suelo rústico, señalan los servicios de comunicación del Celta, las obras son, a su juicio, “totalmente compatibles y autorizables urbanísticamente”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mos indica que va a recurrir la sentencia, que las reticencias de la jueza se deben tan sólo a una "cuestión de forma", y que se mantiene "firme" en su argumento de que las obras se pueden aprobar mediante una sencilla licencia municipal. Además, asegura que ya tiene "muy avanzado" y a la espera de tan sólo dos informes técnicos el Plan Especial que reclama la magistrada.

Mientras tanto, Podemos reclama la dimisión de la alcaldesa "por criminalizar" a los vecinos que se oponen al proyecto y anima a aquellos que en su día llegaron a un acuerdo con el Celta para vender sus propiedades "a pedirle explicaciones por promover y permitir la construción de algo ilegal".