El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, volverá a los tribunales. Esta vez como imputado por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, coacciones y actuar contra la propiedad intelectual. Así lo estima el Juzgado de Instrucción nº 4 de Fuenlabrada tras la querella presentada por la Fundación de la Danza Alicia Alonso por la ruptura unilateral del convenio que mantenía la Universidad con el Instituto de Danza Alicia Alonso. Esta ruptura ha dejado en el limbo el futuro de centenares de alumnos, ha congelado el sueldo de una treintena de profesores durante dos meses e impide que el Instituto tenga acceso a su Patrimonio. 

Las acciones del rector y de la Universidad ahora se enfrentan a dos procesos: la vía contenciosa-administrativa y la vía penal. Por esta última es por la que declarará Ramos en calidad de investigado el próximo 16 de enero, según el auto al que ha tenido acceso Público. Mientras que por la vía contenciosa-administrativa ya se ha posicionado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulando la ruptura del convenio de manera urgente mediante otro auto al que también ha tenido acceso este medio. 

En el Consejo de Gobierno de la URJC celebrado el pasado viernes, el rector ya reconoció ante el resto de miembros que declarará como imputado. En un resumen interno del informe presentado entonces, el rector explica este nuevo proceso judicial: "Iré a los tribunales a declarar para dar respuesta a la querella que interponen desde el Instituto contra el rector y la Universidad (...). E iré, no solo por mi obligación de atender los llamados de la justicia, sino por la tranquilidad que me da el estar defendiendo que no todo vale, que el dinero público es sagrado, que los negocios particulares son particulares y, por tanto, no tienen cabida entre los muros pagados con los impuestos de todos los ciudadanos".

Un alegato por la defensa de la educación pública frente a "negocios particulares" que no se ciñe a la realidad porque el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso es un centro adscrito con la particularidad de que está gestionado por la Fundación de Danza Alicia Alonso, inscrita como fundación en la Comunidad de Madrid desde 1997. La ley de la Comunidad establece que las fundaciones tienen que "destinar el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la Ley, y los estatutos de la fundación a los fines fundacionales establecidos". Fines que están declarados de interés público y, en este caso, relacionados con la investigación y la enseñanza. Además, el Instituto se rige según las normativas públicas.

El proceso de ruptura inmediata del convenio

El motivo de la ruptura entre las dos instituciones es difícil de aclarar. Fuentes de la URJC alegan que se hizo en aras de la transparencia dentro de una serie de cambios tras el caso del máster de Cristina Cifuentes para garantizar una regeneración y mayor transparencia. Según estas mismas fuentes, en la Universidad tomaron la decisión de que debían controlar todas las cuentas, algo que no sucede con el Instituto ya que este es en un centro preexistente a la adscripción y que tiene autonomía respecto a la Universidad. 

Sin embargo, el Instituto de Danza cree que hay otros motivos detrás y este medio también ha podido acceder a todas las firmas con la Universidad que se han ido sucediendo durante estos años y que acreditan que todo ha estado conforme a la ley. De hecho, de la lectura de todos los documentos lo que parece más evidente, sobre todo teniendo en cuenta los autos emitidos por la Justicia, es que el proceso de ruptura no fue adecuado ni por las formas ni por los plazos.

Tras casi veinte años de colaboración, la URJC quiso negociar un nuevo convenio de adscripción. Durante estos años, el Instituto recibía una cuantía económica anual en torno a unos novecientos mil euros y disponía de las instalaciones de la Universidad para la enseñanza — una sede que, según convenio, radica en la Comunidad Autónoma de Madrid y tiene que ser procurada por la Consejería de Educación de la Comunidad —. Mientras, el Instituto se ha encargado de contratar en torno al 85% del profesorado, realizar la Memoria Verificada así como de la estructura y los planes de estudio de las enseñanzas y de aportar los recursos materiales necesarios para la producción y la puesta en escena de las actuaciones del alumnado.

Las negociaciones para firmar un nuevo convenio no llegaron a ninguna parte. Sucedieron varios episodios frustrados hasta que la Universidad formalizó la ruptura inmediata el pasado octubre e indicó al Instituto que a partir del 1 de noviembre debían abandonar las instalaciones. 

Las denuncias de coacciones a la prevaricación

A partir de este momento, la situación no hizo más que empeorar. La ruptura inmediata supuso que el alumnado aún siga perdiendo horas de clases por el cierre de aulas, la apertura de un proceso de contratación para nuevos profesores que sustituyeran a los del Instituto o el bloqueo de las claves de acceso al Patrimonio del propio Instituto. Todos estos hechos denunciados hacen que el Juzgado de Fuenlabrada considere que se "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

La situación sigue casi igual, pese a que el intento de ruptura inmediata se vio frustrado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el pasado 30 de octubre dejó sin efecto la suspensión y mandó volver al convenio de adscripción de carácter indefinido. Asimismo, ordenó a la Universidad a pagar al Instituto la anualidad al periodo lectivo 2019/2020 correspondiente — unos 960.000 euros —, aunque todavía no ha llegado al Instituto ninguna dotación económica. Según las fuentes de la Universidad, aún no se ha hecho efectivo pese al tiempo que ha pasado porque se están modificando los Presupuestos para incluir este dinero en ellos ya que no se contaba con esta cuantía.

Según explica el Instituto, este pago de la anualidad proviene de los ingresos en concepto de matrícula que los estudiantes depositan en la Universidad y de lo correspondiente de la subvención a los precios públicos de las titulaciones que imparte el Instituto y que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ingresa directamente a la Universidad. Esta es una de las claves de la imputación porque la Universidad ha mantenido durante estos meses este dinero público sin destinarlo al Instituto. 

Al no haber llegado todavía al Instituto, a día de hoy hay 32 profesores que llevan dos meses trabajando sin cobrar. Además de esta forma de presión, desde el Instituto también aseguran que hay alumnos que han recibido amenazas por parte de la URJC para que paren las protestas que están realizando por la situación actual. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también dictó que se debe suspender todo lo que concierne en torno a la ruptura. Esto es: permitir el acceso a las aulas a los profesores más allá del aulario propio del Instituto, cargar los horarios de las enseñanzas para facilitar la normalidad del curso lectivo y devolver las claves de acceso de su Patrimonio al Instituto. Este Patrimonio lo obtienen de la Fundación, pero también tenía acceso la Universidad y ahora no pueden gestionarlo al tener acceso denegado. "La Universidad se queda con unos recursos que no les pertenece", aseguran desde el Instituto.

La última clave de la imputación es la actuación contra la propiedad intelectual. Aunque el alumnado no comience las clases hasta septiembre, la Memoria Verificada muestra el trabajo de diseño de las enseñanzas desde el mes de mayo. La Universidad, en su intento de no concluir los proyectos que ya están en curso, se quedaría con el diseño de estos proyectos. De hecho, hay enseñanzas en curso con alumnado en el tercer o cuarto año y la Universidad quería asumir la gestión total, pese a que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que hay que respetar la vigencia salvo acuerdo "unánime" de todos los firmantes. Al quedarse con los proyectos ya elaborados por el Instituto, se investiga el delito contra la propiedad intelectual.