La investigación sobre las cloacas en el Congreso vuelve a estar sobre la mesa. Esta vez, sobre su brazo mediático. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PDeCAT, BNG, Compromís y la CUP han pedido una comisión de investigación en relación a "una trama mediática dedicada a publicar y difundir noticias falsas, algunas de ellas previamente elaboradas por estructuras parapoliciales presentes en el estado, en relación a determinados partidos y líderes políticos, a objeto de atacar la reputación y buen nombre de los mismos y con la finalidad última de intervenir en el normal desarrollo de los procesos electorales".

Esta petición llega después de la publicación de los audios de unas conversaciones entre el excomisario José Manuel Villarejo y el director de La Sexta Antonio García Ferreras en las que este último reconoce que habría dado difusión en su medio a unas informaciones falsas sobre el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, publicadas originalmente por Eduardo Inda en Okdiario, a sabiendas de que eran falsas.

Según se desprende del texto registrado y al que ha tenido acceso este medio, este no es el único caso sobre el que se tiene conocimiento de "este modo de funcionar por parte de determinados periodistas y medios de comunicación con contacto directo con las personas que formaban parte de las arriba citadas estructuras parapoliciales insertadas en nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

En este sentido, recuerdan la difusión del Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un montaje parapolicial desde el que se realizaban todo tipo de acusaciones falsas sobre la financiación de Podemos por parte de Venezuela, Irán, etc, en el marco de las negociaciones postelectorales para la posible formación de un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

Otro caso de similar naturaleza fue la publicación en el diario El Mundo de una noticia falsa sobre una supuesta cuenta de Xavier Trías, exalcalde de Barcelona, en un banco de Andorra." Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro, los periodistas responsables de redactar la falsa noticia, declararon ante el juez que ellos sacaron la información de un informe policial en el que figuraba la supuesta cuenta".

Asimismo, los firmantes destacan otros casos parecidos, como el vivido por la jueza, actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; las filtraciones y posteriores investigaciones judiciales derivadas del robo de un teléfono personal a la exasesora de Podemos, Dina Bousselham; o el intento de construir una causa judicial contra el ex delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a raíz de las manifestaciones del 8M de 2020.

"Son igualmente ejemplo de estos tipos de trabajos coordinados cuyo objetivo es construir causas mediáticas y judiciales contra determinados partidos políticos, sus dirigentes y sus cargos públicos, a objeto de dañar su imagen pública, de construir procesos judiciales contra las personas afectadas e intervenir así de forma directa en el día a día del normal desarrollo democrático", reza el texto.

Estas formaciones subrayan que la difusión de noticias falsas con fines políticos debe ser considerada como una de las "principales amenazas actuales a la democracia". "Basta con ver el resultado de las mismas en los EEUU, con el asalto al Capitolio como consecuencia directa de ello", añaden.

Más aún, si esto "se hace a través de un trabajo coordinado entre elementos parapoliciales, que fabrican los contenidos, y quienes finalmente las acaban reproduciendo en los medios de comunicación a sabiendas de que son falsas". Por ende, la ciudadanía del Estado español tiene derecho a saber cuál es el "alcance y la profundidad de estas prácticas de intoxicación mediática en nuestra democracia".