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Unidas Podemos registra su ley para regular el consumo de cannabis y "revertir el enfoque prohibicionista"

El grupo confederal formaliza su iniciativa que ya había anunciado el mes pasado y propicia que en el Congreso ya existan tres iniciativas que persiguen legalizar el consumo de esta sustancia, puesto que Más País y ERC comunicaron la semana pasada el impulso de sus propios textos normativos.

24/09/2021.- La diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Lucía Muñoz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
La diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Lucía Muñoz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Unidas Podemos ha registrado este miércoles en el Congreso su ley de regulación integral y control de consumo del cannabis en personas adultas, que establece las condiciones para su autocultivo, distribución y venta de esta sustancia con el fin de revertir el enfoque "prohibicionista" actual en España.

De esta forma, el grupo confederal formaliza su iniciativa que ya había anunciado el mes pasado y propicia que en el Congreso ya existan tres iniciativas que persiguen legalizar el consumo de esta sustancia, puesto que Más País y ERC comunicaron la semana pasada el impulso de sus propios textos normativos.

En el caso de la formación morada, plantea que el consumo del cannabis solo podrá llevarse a cabo en el ámbito privado y en los espacios habilitados en la ley. También se establecen 20 metros cúbicos de fronda a término como límite para el autocultivo, o el máximo de 10 gramos de consumo al día. Asimismo, fija las condiciones para el consumo en clubs cannabicos cooperativos sin ánimo de lucro.

Fuerte control del Estado por un sistema de licencias

La proposición de Ley regula también el autocultivo y las asociaciones, así como el mercado a través de un sistema de licencias*con un "fuerte control" por parte del Estado y las comunidades autónomas, con el fin de sacar a flote "una economía sumergida que se está desarrollando en la clandestinidad y que generaría miles de puestos de trabajo".

Tal y como especifica el grupo parlamentario, este sistema de licencias promueve la "vertebración territorial y la correcta distribución de beneficios ya que no se podrán realizar cultivos en interior salvo que el 90% de la potencia eléctrica total empleada para su producción provenga de fuentes de energía renovable producidas por la propia empresa titular de la licencia".

La diputada de Unidas Podemos y promotora del texto, Lucía Muñoz Dalda, ha destacado que esperan la aprobación de la propuesta y, para ello, trabajan en construir una mayoría parlamentaria que permita que salga adelante. "Tenemos toda la voluntad de negociar y llegar a acuerdos", ha añadido.

La prohibición no restringible el acceso

En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el grupo confederal destaca que "revertir el enfoque prohibicionista basado en el control altamente punitivo de la planta del cannabis, sus flores y sus principios activos es una deuda pendiente con la sociedad".

Situación que ha llevado, a su juicio, al "despilfarro de recursos públicos", la "proliferación" de grupos criminales, el robo de energía para el cultivo ilegal del canabis, la "corrupción sistémica" vinculada al narcotráfico, la creación de "economías sumergidas" por el estatus ilegal, la "sobrecarga" del sistema judicial y penitenciario, así como la "pérdida de oportunidades económicas".

Para ello, la proposición de ley contrapone el estatus que tienen otras sustancias como el alcohol y el tabaco, con consumos permitidos, y destaca que la prohibición "no restringe en absoluto" el acceso de la ciudadanía al cannabis, pues los sondeos apuntan que un 60% de la población considera que obtenerla es fácil.

"Los representantes políticos no han estado dispuestos todavía a
debatir de forma seria este asunto, utilizando a menudo la demagogia, la
desinformación e incluso, en ocasiones, la mentira", critica el texto del grupo confederal.

Frente a ello, la propuesta de Unidas Podemos contrapone que su legalización favorecería el desarrollo del mundo rural, aumentaría el control sobre la sustancia, aumentaría la labor de información sobre los riesgos para la salud que entraña su consumo, impulsaría la investigación sobre sus posibilidades medicinales y adecuaría la legislación española al marco internacional existente.

Cantidades permitidas

En el apartado regulatorio de las cantidades permitidas para personas adultas en espacios públicos, se estipula cuatro posibilidades: 100 gramos de sumidades floridas de cannabis secas, 30 gramos de extracciones de cannabis, productos elaborados con cannabis con un contenido de THC total de 10 gramos y la suma de las posibles combinaciones proporcionales de los productos anteriores.

Para el domicilio, se pauta 3.650 gramos de sumidades floridas de cannabis secas, 1.000 gramos de extracciones de cannabis, productos elaborados con un contenido de THC total de 365 gramos y también posibles combinaciones de las otras tres modalidades. En cuanto a domicilios en los que convivan más de una persona consumidora se pauta el doble con independencia del número que individuos que compongan la unidad de convivencia.

Impuesto especial

A su vez, se propone la creación de un Impuesto Especial de Productos
del Cannabis (IEPC), que deberá ser gradual en base al contenido de THC total de los productos puestos a la venta.

Para ello, se incorpora una disposición que habilita al Gobierno a presentar un proyecto de ley sobre la creación de ese nuevo impuesto en un plazo no superior a cuatro meses.

Eso sí, los clubes sociales de cannabis cooperativos están exentos del pago de cualquier impuesto por la producción de los productos del cannabis o la dispensación de los mismos a las personas socias.

Creación de una agencia específica

También marca la creación de una Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis (AECRIC), organismos que estará adscrito al Ministerio de Derechos Sociales.

Dicho ente público tendrá "absoluta competencia", sin perjuicio de aquella que recaiga en el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, sobre las actividades "de siembra, cultivo, cosecha, control, inspección, producción, extracción, elaboración, etiquetado, empaquetado, trazabilidad, control analítico, transporte, acopio, distribución, dispensación, venta y comercialización de los productos del cannabis".

Concretamente, se encargará de impulsar reglamentos sobre la cadena de mercado vinculada a esta sustancia, como establecer las condiciones para disponer de una licencia, y fiscalizar estas actividades.

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