Unidas Podemos vuelve a poner al PSOE contra las cuerdas en el Congreso a cuenta de su empresa pública de energía

Unidas Podemos volverá a poner este martes a sus socios de la coalición gubernamental contra las cuerdas en el Congreso. Esta vez será a cuenta de su proposición de ley para crear una empresa pública de energía, una medida que la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no comparte y sobre la que ahora el PSOE deberá fijar posición mediante su voto.

La iniciativa legislativa, registrada el pasado mes de septiembre en plena escalada de los precios de la electricidad, se someterá a examen en la Cámara Baja apenas una semana después del debate de la propuesta de los morados para acometer la reforma fiscal. En este último caso, el PSOE sumó sus votos a los de las derechas para rechazar la modificación del sistema tributario planteada por Unidas Podemos.

Esta foto de los dos bloques podría repetirse en el Pleno de este martes, ya que el grupo confederal volverá a contar previsiblemente con el apoyo del resto de las izquierdas parlamentarias. Y es que, formaciones como ERC, EH Bildu, Más País o Compromís han expresado en varias ocasiones la necesidad de una intervención pública del mercado eléctrico español para poner coto a la subida de los precios de la luz.

Cabe recordar que la idea de crear una compañía pública asumiendo concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando y promoviendo nuevas instalaciones de energía renovable no forma parte del pacto de Gobierno sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Así mismo lo recordó el propio presidente del Ejecutivo cuando los socios de la coalición registraron su propuesta.

"Es un viejo debate, pero cuando acordamos nuestro programa de coalición, lo discutimos y quedó fuera", señaló toda vez que recordó la aprobación de una comisión para estudiar mejoras en el sistema eléctrico, impulsada también por los dos partidos que sostienen el Gobierno, y que, dicho sea de paso, aún no se ha puesto en marcha cinco meses después de registrarse en el Congreso. 

Podemos pide al PSOE que apoye la iniciativa

Precisamente, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este lunes al PSOE que reflexione y acceda a apoyar el texto, ya que aunque esta medida no figura en el acuerdo de coalición, el contexto implica abordar su conveniencia dado que los ciudadanos requieren "certidumbres" y medidas que "aumenten sus derechos".

Y es que, desde las elecciones en Castilla y León especialmente, que constataron un nuevo avance de Vox, los morados insisten en algo que los aliados parlamentarios también llevan meses recordando, esto es, impulsar medidas de gran calado social y económico para frenar el auge de la ultraderecha.

Fernández ha defendido que los debates en torno a una empresa pública de energía y la reforma fiscal son "buenos" y es necesario que cada partido exprese su posición. Asimismo, ha admitido que, a pesar de la divergencias en este asunto, "no sería la primera, la segunda ni la tercera vez" que consiguen "arrastrar" a su socio a posiciones "más progresistas y de izquierda".

El mercado eléctrico español, el "segundo más privatizado"

La proposición de ley "por la que se regula la extinción del derecho al uso privativo de las aguas mediante la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de producción de energía eléctrica y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pública empresarial 'Producción Energética Española (EPE)'" recoge en su exposición de motivos que, según la OCDE, las empresas estatales de energía de los países que forman parte de la misma "representan el 62% de la potencia eléctrica instalada y poseen más de la mitad de las plantas proyectadas o en construcción".

Sin embargo, el mercado eléctrico de España es el "segundo más privatizado de toda la OCDE, sólo por detrás de Portugal, puesto que la energía eléctrica producida por el sector público supone sólo el cinco por ciento del total". Por tanto, el grupo confederal entiende que la creación de la EPE "tratará de revertir esta situación", y supondrá "alinearnos con los países de nuestro entorno en los que ya existe participación pública en empresas energéticas como en Francia, Italia, Suiza, Austria, Holanda o Finlandia".