Unidas Podemos propone modificar la Ley de Minas para dotarla de una mayor protección ambiental

Unidas Podemos ha presentado este lunes una Proposición de Ley para modificar el texto de la actual Ley de Minas de 1977 e incorporar medidas ambientales que "adapten" la norma al derecho europeo. Además, el texto pretende incorporar otras cuestiones como el fomento de la participación pública en la aprobación de nuevos yacimientos o investigaciones extractivistas en territorio español.

"La propuesta pretende incorporar medidas ambientales para adaptar el régimen minero al acervo comunitario, a la disponibilidad y tratamiento de los recursos hídricos y a los derechos de propiedad privada o participación publica", ha explicado el diputado Juan López de Uralde en rueda de prensa, que ha calificado el texto de la actual ley como "obsoleto".

La propuesta presentada incluyen algunas medidas concretas como la exclusión de las actividades mineras en todos los espacios que estén protegidos por la Red Natura 2000 o que se incluyan dentro de reservas naturales fluviales o cuencas de captación de agua potable.

La necesidad de reformar la ley viene derivada de "la avalancha" de nuevos proyectos mineros que han proliferado en los últimos años y por la burbuja especulativa de ciertos sectores como el de los metales, según ha expresado el diputado de Alianza Verde, el partido ecologista fundado en el seno de Unidas Podemos.

Además, se pretende crear un órgano consultivo de carácter provincial que esté compuesto por representantes de la sociedad civil y del sector extractivista. En este consejo se informará de los permisos de investigación y de las concesiones para la explotación minera. Los permisos de explotación, exploración o investigación minera se otorgarán siempre a través de concurso público y el titular de los permisos deberá comenzar los trabajos sobre el terreno en un plazo de seis meses, para evitar que las concesiones se conviertan en un elemento que sólo fomente la especulación empresarial.

Las concesiones, en este texto, tendrán una duración máxima de diez años prorrogables hasta en dos veces en periodos de cinco años cada uno. Es decir, como mucho se podrá extender 20 años.

"Con esta reforma se pretende una planificación de la diversidad y recursos geológicos para protegerlos y ordenar su uso, teniendo en cuenta los proyectos ambientales, territoriales y urbanísticos y desarrollando además estudios de impacto en transporte, consumo eléctrico y aguas", ha zanjado López de Uralde.