La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, es una de las principales tareas pendientes de abordarse durante esta legislatura. En esta línea, las enmiendas registradas por los partidos que sostienen el Gobierno a la proposición de ley del PNV sobre dicha modificación se han convertido en otro campo de batalla para la derecha y ultraderecha, donde además los sindicatos policiales han mostrado su oposición férrea hacia este propósito de mejora.

Bajo el paraguas de la falsa desprotección y falta de medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, PP, Cs y Vox han sembrado de mentiras y medias verdades la reforma de la ley, toda vez que determinadas asociaciones policiales, con clara inclinación ultra, han salido a las calles para protestar por esta mejora, unos hechos que el grupo parlamentario de Unidas Podemos han remitido a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho a través de un informe al que ha tenido acceso este medio.

Este órgano consultivo del Consejo de Europa, más conocido como Comisión de Venecia, se compone de expertos independientes, designados por los 61 Estados miembros para manifestarse sobre cuestiones de derecho constitucional.

En esta línea, en marzo de 2021 ya instó al Gobierno a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y aconsejó que esa revisión "sea acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos debido a su potencial represivo y a fin de que se pueda ajustar al mismo objeto de la ley así como a los mandatos constitucionales", tal como recuerda el grupo confederal en un informe coordinado por el portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago.

Asimismo, la Comisión de Venecia se pronunció sobre la regulación de los controles y cacheos en lugares públicos, la vigilancia de las manifestaciones espontáneas y la responsabilidad de los organizadores de las mismas, las severas sanciones administrativas previstas en la ley y el rechazo de extranjeros en la frontera española en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, unos aspectos sobre los que han girado las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos, pudiendo ser, a su vez, mucho más ambiciosas.

Sin embargo, pese a estas recomendaciones, que afectan a varios artículos de la ley, y al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que pese a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la mayoría de disposiciones advirtió del artículo que permitía a la Policía incautarse de imágenes y vídeos tomados por los ciudadanos en el curso de actuaciones públicas de los agentes, Unidas Podemos pide a este órgano que exprese "su honda preocupación por las implicaciones jurídicas y sociales" que tiene dicha oposición. 

"Tratando de confundir a la opinión pública española sobre la conveniencia de la reforma, está germinado en España una interpretación contraria al consolidado acervo jurídico y cultural europeo de protección de los derechos humanos, de los derechos y garantías fundamentales y las libertades públicas, por lo que llamamos a la Comisión a que tenga en cuenta con aplicada atención lo que se ha expuesto en este informe", añade el texto.