El próximo martes, 29 de marzo, está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el denominado Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, una batería de medidas que tienen por objetivo hacer frente a las consecuencias socioeconómicas provocadas por la invasión de Rusia a Ucrania.

A menos de siete días para que se celebre este Consejo, el Gobierno de coalición no ha consensuado ninguna iniciativa en este sentido; de hecho, en las reuniones que este martes mantuvo el Ejecutivo con los grupos parlamentarios para hablar de este plan, algunas formaciones políticas del Congreso lamentaron que los de Pedro Sánchez no presentaran ninguna norma concreta.

Desde Unidas Podemos denuncian que el presidente y el PSOE están teniendo cierta "pasividad" a la hora de abordar las medidas para hacer frente a la crisis, y algunas voces del espacio explican que les está costando sobremanera mantener una interlocución con los ministerios socialistas competentes en las materias que se suponen más relevantes para el plan de recuperación.

Este sería el caso de la Vicepresidencia de Transición Ecológica, en un momento en el que buena parte del debate sobre cómo afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Ucrania gira en torno a cómo influye el precio del gas en el precio de la energía (un asunto que estaría directamente relacionado con la subida de la factura de la luz de los consumidores).

El principal "obstáculo" que parece impedir esta negociación en el seno del Ejecutivo es que la idea del presidente es abordar el plan de recuperación después del Consejo Europeo que se celebrará este jueves y este viernes. Está previsto que en este foro se aborden medidas para desligar los precios del gas de los del mercado eléctrico, la medida más relevante para Transición Ecológica a la hora de reducir los precios.

Sin embargo, hace ya varios días que Unidas Podemos presentó en el seno del Gobierno varias propuestas para incluir en el plan de recuperación, propuestas que no solo afectaban al mercado eléctrico, sino que iban en la línea de replicar un escudo social como el que se desplegó durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus para proteger a las familias más vulnerables y al tejido empresarial español. 

Podemos, en alerta por las "señales" del PSOE

El lunes, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra hizo llegar al resto de departamentos del Ejecutivo una batería de medidas que ya habían sido anunciadas por Podemos y "de cuyo contenido político ya se informó al resto del Gobierno" previamente.

Entre estas medidas se incluyen un cheque energético de 300 euros para ayudar a las familias a hacer frente a la factura de la luz; mejoras de acceso y cobertura del ingreso mínimo vital (incremento de la cuantía de la prestación y los umbrales de renta de acceso, y rebaja de la edad mínima de acceso de 23 años a 20); la congelación de las rentas del alquiler; o la detracción de los beneficios extraordinarios de las eléctricas, derogando la disposición del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, "que ha permitido a las eléctricas esconder los beneficios caídos del cielo evitando así su llegada a las arcas públicas", explican desde Derechos Sociales.

El pasado fin de semana se conoció que Pedro Sánchez había trasladado a Marruecos su apoyo a la propuesta de autonomía de este país para el Sáhara Occidental, lo que supone un giro respecto a la autodeterminación del pueblo saharui defendida hasta ese momento por el PSOE. Este asunto generó un importante malestar en Unidas Podemos y abrió una brecha en el Gobierno de coalición.

Aunque el conflicto por el Sáhara no está cerrado, el espacio confederal tiene previsto volcarse en el plan de recuperación y dirigir su influencia en el seno del Ejecutivo a tratar de cerrar cuanto antes las medidas que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes.

Todavía no se ha avanzado en las negociaciones, pero en Podemos aseguran estar alerta con algunas "señales" que han visto en los últimos días, como el giro de Transición Ecológica respecto a limitar los precios del mercado mayorista de la electricidad. Aunque en un primer momento se avanzó que España iba a proponer en el seno de la Unión Europea limitar el precio a 180 euros el megavatio/hora, el departamento dirigido por Ribera rectificó su posición y renunció a su propuesta de fijar un precio máximo. 

Este martes, el presidente y la vicepresidenta tercera del Gobierno se reunieron con las principales empresas eléctricas del país. Posteriormente, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Ribera explicó que en este encuentro con los empresarios no se había hablado de elevar los impuestos a las grandes corporaciones del sector, una medida que ha sido avalada incluso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En Podemos habían propuesto medidas en ambos sentidos: un límite de 75 euros el megavatio/hora en el precio de la energía, y un recargo del 10% en el Impuesto de Sociedades para las grandes eléctricas con el objetivo de que estas empresas "arrimen el hombro" para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.