Nacho Álvarez (Peralta, Madrid, 1977) lleva toda la mañana entrando y saliendo de reuniones. Se le puede ver pasar cada cierto tiempo por los pasillos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero solo lo hace para trasladarse entre salas y despachos. "¿Otro incendio?", se preguntan en su equipo; pero en ese momento Álvarez ya ha entrado a otra dependencia del edificio ministerial. Otra vez será.

Es la segunda vez que el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de economía de Podemos se enfrenta a una crisis económica en poco más de dos años, primero por la pandemia y ahora por la guerra. Hace unos meses, entre las 'malas lenguas' corría el rumor de que Álvarez "perseguía" a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la anhelada reforma fiscal pendiente en España. La guerra de Ucrania dejó atrás ese escenario, aunque parece que ahora el debate sobre la fiscalidad está más vivo que nunca.

Insiste en que lo más urgente para paliar las consecuencias económicas de la invasión de Rusia es reformar el mercado marginalista energético desacoplando el precio del gas, "que contamina al conjunto de la economía", del de la electricidad. También insiste en detraer los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y destinarlos para rebajar la factura de la luz: "Es absurdo tener en manos de Putin un arma como esta, que afecta al conjunto de la actividad económica del país simplemente con la volatilidad de los precios del gas; es una cuestión de eficiencia económica, pero también de seguridad nacional".

Impuestos, recuperación económica, mercado energético y tensiones en el espacio de Unidas Podemos a raíz del envío de armas a Ucrania son algunos de los temas que Nacho Álvarez trata en esta entrevista con Público.

Nadia Calviño ha dicho que España va a ser uno de los países menos afectado económicamente por la guerra de Ucrania, pero en las últimas semanas ya hemos visto algunos efectos, como la inflación. ¿Estamos ante una crisis económica de calado? ¿Puede ser peor que la provocada por la pandemia?

Sin duda estamos ante un nuevo reto económico para el país y para el Gobierno. El propio Banco Central Europeo ya ha advertido de que el crecimiento económico se desacelerará este año y que vamos a asistir a un crecimiento de la inflación; en este momento la inflación es el principal problema económico que este Gobierno tiene que atender con medidas inmediatas y contundentes, de forma rápida. El objetivo de la política económica en este momento tiene que ser reorientarse rápidamente para proteger la recuperación económica, el empleo y la capacidad adquisitiva de los hogares, y esto exige en primer lugar medidas muy rápidas para cortar una posible espiral de inflación.

Llenar el depósito, hacer frente a la factura de la luz o la cesta de la compra están empezando a ser un problema real para muchas personas, familias y para las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué se puede hacer para frenar a corto plazo el incremento desbocado de los precios?

Lo primero es darse cuenta de dónde está naciendo esta inflación. El 80% de la inflación en este momento tiene origen en un mercado eléctrico que en nuestro país es muy disfuncional. Un mercado eléctrico que remunera al precio de la tecnología más cara, el gas, que está sufriendo un fuerte incremento de precios en los mercados internacionales, al conjunto de las tecnologías: a la nuclear, a la hidroeléctrica, al carbón, y en particular a las tecnologías inframarginales, la nuclear y la hidroeléctrica, que tienen un coste de generación muy inferior al gas. Es completamente absurdo que tengamos tecnologías que tienen un coste de generación que oscila entre los 10 euros el megavatio/hora o los 20 euros, y las estemos remunerando al precio que está alcanzando el gas en este momento en los mercados internacionales, que oscila ya entre los 150 y los 180 euros el megavatio/hora. Por lo tanto, lo que tenemos es que este mercado tan disfuncional está contaminando al conjunto de la economía. Lo que está pasando en un ámbito particular de la economía, del mercado eléctrico, empieza a contaminar al resto de la economía y es muy urgente, muy necesario, tomar medidas con determinación. El Gobierno lo va a hacer en los próximos días para cortar esta contaminación desde un mercado eléctrico que funciona de manera disfuncional hacia el resto de la economía.

Señala los déficits del denominado mercado marginalista, pero esto no es nuevo... Si el mercado siempre ha funcionado así y se estaban repercutiendo sobrecostes a los consumidores, ¿por qué no se ha revisado antes?

Esta es sin duda una asignatura pendiente de nuestro país, la reforma del mercado eléctrico. Lo que pasa es que ahora, en estas circunstancias en donde las tecnologías más caras, los ciclos combinados, el gas, tienen un coste tan elevado, la ausencia de esta reforma se hace mucho más evidente y la necesidad de tomar medidas en la dirección de desconectar el gas del resto del mercado eléctrico se hace todavía más evidente. Nadie tiene dudas ya sobre que es necesario desacoplar el gas de la electricidad, el debate está en cómo lo hacemos, y aquí hay distintas propuestas sobre la mesa. Es necesario fijar un tope al precio del gas, impulsar las subastas de hidroeléctricas y nucleares, pero nada de esto va a terminar teniendo éxito si no atendemos a la cuestión medular, que son los beneficios caídos del cielo, los llamados windfall profits, que de forma inmerecida están teniendo las empresas eléctricas en este momento fruto de esa disfunción de remunerar tecnologías de coste de generación muy bajo a precios muy altos.

Es necesario retirar esos beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas y destinarlos a reducir la factura de la luz de los consumidores y del resto de empresas del país porque recordemos que en este momento los sobrebeneficios de las empresas eléctricas son sobrecostes del resto de empresas no energéticas de nuestro país y, por lo tanto, están minando su competitividad externa, su capacidad exportadora, y la medida que yo planteo tiene por objeto proteger la renta de los hogares pero también proteger la competitividad del tejido industrial español.

Tampoco este asunto de los sobrebeneficios que usted plantea es nuevo. ¿Cree que en esta ocasión se van a detraer de manera real y efectiva los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas para bajar la factura de la luz? El Gobierno ya se comprometió una vez a hacerlo y finalmente no se llevó a cabo.

No me cabe duda de que el Gobierno de coalición está comprometido a detraer esos beneficios caídos del cielo. Pero es que no solo el Gobierno está comprometido con esto, sino que la recomendación que la Comisión Europea ha remitido al conjunto de los países, el llamado toolkit, contempla entre las posibles medidas utilizar precisamente esa retirada de beneficios caídos del cielo, incluidos los acuerdos bilaterales dentro de las empresas verticalmente integradas; y en los mismos términos se ha pronunciado la OCDE, que ha venido a plantear que es necesario establecer algún tipo de gravamen que retire estos beneficios de las empresas energéticas para que puedan ser utilizados para reducir la factura eléctrica, para que hogares y empresas no energéticas no experimenten la disfuncionalidad de un mercado que hace que los altos precios del gas contaminen el resto de la actividad económica. Pensémoslo además en términos de seguridad nacional: es absurdo tener en manos de Putin un arma como esta, que afecta al conjunto de la actividad económica del país simplemente con la volatilidad de los precios del gas. Es una cuestión de eficiencia económica, pero también de seguridad nacional y de protección de las rentas de hogares y de empresas.

En este contexto, se vuelve a hablar ahora del futuro de las energías renovables. ¿Cree que la apuesta por este tipo de energías será real ahora y se va a caminar a corto plazo hacia la no dependencia energética de España y de la UE? ¿Tiene potencial y capacidad España para ser un actor relevante y un motor económico en ese eventual sistema de energías renovables?

Decía al principio que la política económica tiene en este momento el objetivo de proteger la recuperación, el empleo y la capacidad adquisitiva de los hogares, pero añadiría además un elemento adicional: la política económica en este momento debe de proteger el propio proceso de transición energética en el que España está inmerso. Y lo digo porque un episodio como este, que está contaminando desde los precios del gas lo que sucede en la electricidad, encareciéndola, puede hacer descarrilar el proceso de transición energética si no lo protegemos. No nos olvidemos de que nos enfrentamos a una crisis climática, es urgente reducir las emisiones de CO2 y, por lo tanto, este proceso de transición energética no puede descarrilar.

Para proteger este proceso lo que necesitamos no es enfocarnos en mayor medida en el uso del gas, sino más bien todo lo contrario: invertir en aquellas infraestructuras que nos hagan menos dependientes de la importación de combustibles fósiles, petróleo, gas... Y, en este sentido, España tiene una potencialidad enorme para reducir su dependencia externa del consumo de combustibles fósiles y tiene una potencialidad enorme para acelerar el despliegue de las energías renovables. España es un país que está haciendo uso del primer tramo de los fondos de la UE vinculados al Next Generation, pero todavía no estamos haciendo uso del segundo tramo, y este es el momento de hacer uso de ese segundo tramo para, precisamente, impulsar con mayor intensidad ese despliegue de energías renovables y del autoconsumo vinculado a esas energías renovables, como por ejemplo la fotovoltaica de tejado, para reducir la dependencia que tenemos del exterior en el uso que hacemos, todavía muy intensivo, de importaciones de petróleo y gas.

El MidCat, el gasoducto que algunas voces han pedido terminar de construir para conectar España y Francia, y poder canalizar gas procedente de Argelia, ¿es compatible con esa transición energética de la que usted habla y con reducir la dependencia española y europea de los combustibles fósiles?

Inevitablemente, el gas va a seguir siendo una energía de respaldo durante el proceso de transición energética, pero lo que es peligroso es que, fruto de la situación actual, el proceso de transición energética hacia la electrificación y hacia el desarrollo de energías renovables, descarrile. La prioridad es reforzar las inversiones para acelerar el despliegue de energías renovables, acelerar la posibilidad del autoconsumo y el desarrollo de la fotovoltaica de tejado precisamente para hacernos no solo menos dependientes de los combustibles fósiles y con ello reducir las emisiones de CO2, sino menos dependientes del gas de Rusia, del gas de Argelia o del petróleo de las petromonarquías. Esa es una prioridad en donde casan las enseñanzas que los ecologistas nos han trasladado en las últimas décadas con las propias exigencias de seguridad nacional que tiene nuestro país en el abastecimiento energético.

El presidente ya ha avanzado que el Gobierno va a trabajar en el diseño de un plan de recuperación económica. ¿Cuáles deberían ser las prioridades y las principales medidas de este plan?

La prioridad de este plan pasa necesariamente por, en primer lugar, adoptar una medida con carácter contundente y urgente en el mercado eléctrico que desvincule el gas del precio de la energía. Podemos hacer otras muchas cosas, pero si no hacemos esa el resto de políticas que se adopten no serán eficientes ni útiles para cortar la inflación y, por lo tanto, para frenar el incremento de costes que puede suponer una presión sobre los hogares, reduciendo su consumo, y una presión sobre las empresas, reduciendo su inversión. La prioridad pasa por atajar ese problema con los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas.

En ese plan de recuperación, según ha anunciado Sánchez, habrá rebajas fiscales. ¿Se pueden bajar los impuestos en este momento sin que peligre el Estado del bienestar? ¿Si se bajan los impuestos se corre el riesgo de que se deterioren la sanidad, la educación o los servicios públicos?

El Estado en la economía tiene un doble papel: un papel protector de la renta de los hogares, de la renta e ingresos de las empresas, y esto en momentos de crisis se ve muy bien, se vio en la pandemia y se puede volver a ver ahora; pero el Estado también tiene un papel dinamizador de la actividad económica, invirtiendo en aquellos sectores donde es necesario dinamizar la actividad, y toda esta actividad el sector público, el Estado, no puede desarrollarla sin unos ingresos suficientes. Hay que tener cierto cuidado con las recetas facilonas y de corte populista que plantea la derecha, que parece que tiene una receta única y universal siempre, en todo momento y en cualquier circunstancia; da igual que la economía esté en recesión o que esté en expansión, que los hogares se encuentren en una fase o en otra del ciclo económico, lo importante es bajar impuestos, siempre, todos y a todo el mundo.

Esas recetas enormemente populistas e inconsistentes de la derecha pueden ser peligrosas porque pueden poner en cuestión este papel protector y dinamizador de la actividad del sector público. Ahora bien, en un momento como este, en el que la prioridad tiene que ser proteger la renta de las familias, con carácter excepcional y de forma temporal, sí que debemos de pensar en medidas que reduzcan los impuestos, en particular los impuestos de las familias con menores ingresos. Yo creo que en estos momentos sí que estamos en disposición para que los impuestos de aquellos hogares que tienen rentas salariales más bajas puedan ser reducidos.

Usted apunta a bajar los impuestos de las familias con menores rentas, pero en el PSOE no han especificado cuáles van a ser y a quiénes van a estar destinadas estas rebajas fiscales, y en el PP piden una bajada generalizada de los impuestos, incluyendo, por ejemplo, modificaciones en el IRPF. ¿Es viable esta bajada generalizada de impuestos?

Yo creo que no es viable. Las recetas de la derecha son enormemente inconsistentes porque en materia fiscal y en materia impositiva lo importante es siempre no hablar de subidas o bajadas generalizadas de impuestos, sino de qué impuestos se suben, qué impuestos se bajan y para qué. Y en este momento es necesario reducir la fiscalidad de los hogares que tienen menor nivel de renta, pero al mismo tiempo es necesario reforzar un impuesto de patrimonio a las grandes fortunas porque resulta evidente que tenemos que contribuir en función de nuestra capacidad a mantener la Hacienda Pública y que las grandes fortunas, las grandes empresas del país también deben de cumplir su parte. Y no siempre ha sido así.

Ustedes proponen una reforma fiscal que contempla, entre otros elementos, impuestos a las empresas eléctricas, a la vivienda vacía y a las grandes fortunas, pero Hacienda ha dicho que, con la guerra en Ucrania, no es el mejor momento para abordarla. ¿Está descartada la reforma fiscal para este año? ¿Hacienda les ha trasladado una fecha o un plazo más o menos determinado para hacerlo?

Esta legislatura se inició con tres grandes reformas estructurales en el horizonte del Gobierno: la reforma de las pensiones, la reforma laboral y la reforma fiscal. La reforma de las pensiones, que ha vuelto a garantizar la capacidad adquisitiva de las pensiones vinculándolas al IPC, en buena medida ya se ha acometido. La reforma laboral, para reducir la temporalidad de los contratos y reequilibrar la negociación colectiva, ya se ha abordado. Queda pendiente la reforma fiscal. Y yo creo que el Gobierno es totalmente consciente, y ambos partidos de la coalición son totalmente conscientes, de que esta reforma tiene que ser abordada en esta legislatura, no se puede posponer.

Si queremos conservar y prolongar en el tiempo el escudo social que ha creado el Gobierno de coalición durante la pandemia; si queremos reforzar y ensanchar el Estado del bienestar, y en particular su cuarto pilar, que tiene que ver con los servicios sociales, la atención a la dependencia y la economía de los cuidados, no podemos no acercarnos a Europa en materia de fiscalidad y cerrar la brecha que tenemos con unos ingresos públicos con relación al tamaño de nuestra economía notablemente inferiores a los que tienen países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Italia. Es precisamente en ese momento cuando constatamos que reforzar nuestro Estado del bienestar exige abordar esta tercera reforma estructural en esta legislatura.

Podemos ha puesto sobre la mesa la necesidad de desplegar un "escudo social y verde" para paliar la crisis económica provocada por la guerra. ¿Han recibido ya la respuesta del PSOE a iniciativas como el cheque energético o la congelación de los alquileres? Muchas de las medidas, y también sus prórrogas, del denominado escudo social de la pandemia fueron motivo de disputa en el Gobierno de coalición.

La nueva situación económica hace necesario volver a reforzar el escudo social en nuestro país. La negociación entre los socios de la coalición ya ha empezado constatando la necesidad de volver a reforzar el escudo social. Y el punto de partida es el que es: podemos adoptar distintas ayudas y prestaciones para los hogares, en todo caso de entrada lo que hay que hacer es garantizar que desconectamos el gas del precio de la electricidad para cortar la inflación y garantizar la capacidad adquisitiva de los hogares. Y a partir de ahí se incorpora ese reforzamiento del escudo social, que pasa por, en un momento como este en el que hay inflación, congelar la subida de los alquileres, por plantear medidas como la de Emmanuel Macron en Francia de un cheque a los hogares para que puedan hacer frente a la subida del precio de los combustibles y de la electricidad, o el desarrollo y reforzamiento de un ingreso mínimo vital que ha sido un paso adelante sin duda histórico en nuestro país pero que tiene que seguir siendo completado y reforzado en el contexto de un nuevo episodio de incertidumbre y posible crisis económica como el que empezamos a enfrentar.

El plan de recuperación se está negociando con los grupos parlamentarios. El PP se posicionó en contra de muchas de las medidas del escudo social de la pandemia. ¿Se puede sacar adelante este escudo social y verde que proponen de la mano del PP?

Es necesario recordar que el PP, la derecha, se opuso durante la pandemia en numerosas ocasiones a medidas que garantizaban el escudo social y la protección de los hogares y de las empresas en este país. Votaron en contra de los ERTE y de ese escudo social. Si en este momento han reflexionado y han cambiado de opinión, bienvenido sea, pero la prioridad es el contenido de las medidas. Este Gobierno trabaja para que las medidas que se desarrollan sean efectivas y para que verdaderamente sirvan para proteger la recuperación, el empleo y la capacidad adquisitiva de los hogares. Tengo mis dudas al respecto del cambio de orientación del PP. Si el PP está dispuesto a retirar beneficios caídos del cielo de las eléctricas, bienvenido a este consenso, pero mi impresión y mi intuición es que el Gobierno no tiene más remedio que cuidar a los socios que permitieron la investidura y seguir trabajando con sus socios para garantizar estas cuestiones en las próximas semanas.

Unidas Podemos y otros grupos políticos se han posicionado en contra del plan de Sánchez para elevar el gasto en Defensa. ¿Por qué rechazan este incremento?

Me parece evidente que las prioridades de la política económica no están en la Defensa; las prioridades de la política económica pasan por reforzar aquellas cuestiones que se han revelado como más cruciales en los últimos meses y años. Estoy pensando en la atención primaria en materia sanitaria, en el despliegue de las energías renovables para reducir la dependencia energética... Necesitamos antes más paneles solares que más tanques. Y, al mismo tiempo, es prioritario avanzar y reforzar la economía de los cuidados y en particular el ámbito de la dependencia. Nuestro país necesita más médicos en los hospitales, más gerocultoras en las residencias, nuestro país no necesita más tanques en este momento.

En los últimos meses hemos visto algunas tensiones y discrepancias en el seno del espacio confederal de Unidas Podemos, sobre todo en torno al envío de armamento a Ucrania. ¿A qué cree que es debido? ¿Se está trabajando para unificar la voz del espacio? ¿Cómo?

Me parece que el espacio de Unidas Podemos habla con una voz única y una voz clara, y en este momento mantiene una hoja de ruta muy determinada en la adopción de medidas que vayan en la dirección de proteger a los hogares y a las pequeñas empresas y autónomos ante las circunstancias que se abren. Y en esto estamos, esta es la prioridad, en esto está el espacio de Unidas Podemos, este es el trabajo que estamos desarrollando en este momento, y estamos trabajando en el seno del Gobierno de coalición para, precisamente, alcanzar acuerdos que permitan impulsar estas medidas.

En las próximas semanas, Yolanda Díaz iniciará su proceso de escucha a la ciudadanía, como primer paso para construir su nuevo proyecto político. ¿Qué papel ha de tener Podemos en ese nuevo espacio?

Yolanda se ha revelado como una ministra excepcional, no solo en materia de trabajo, lo vimos durante la pandemia y lo estamos viendo día a día, sino que se ha revelado como una política de primer orden y, por lo tanto, creo que está enormemente facultada y en plenas condiciones y capacidades para impulsar y encabezar un nuevo proyecto al que Podemos, al igual que IU y los comunes, nos sumamos con un enorme entusiasmo. En esa tarea vamos a poder todos arrimar el hombro y trabajar por la consolidación y ampliación de un espacio que con Yolanda al frente me parece que tiene enormes posibilidades.