El acuerdo entre PSOE y PP de negociar, por fin, la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato está caducado desde el 7 de noviembre de 2019, incluirá previsiblemente más mujeres en el máximo órgano constitucional. En la actualidad, de los doce miembros del TC, solo hay dos mujeres: María Luisa Balaguer y Encarnación Roca. Esta última debe salir ya, pues pertenece al tercio en funciones que el Congreso de los Diputados debe renovar con una mayoría de tres quintos de la cámara, lo que implica el acuerdo de los dos principales partidos.  

El complejo método que se sigue para renovar a los miembros del Constitucional complica las cosas a las mujeres, una vez más, debido a su tardía y minoritaria inclusión en la cúpula judicial y en la de los órganos constitucionales. De momento, en los 41 años de existencia del TC, solo una mujer, la catedrática María Emilia Casas, ha ocupado la presidencia del supremo intérprete de la Constitución. Casas fue presidenta entre 2004 y 2011, un mandato extenso, que sobrepasa los tres años que indica la Constitución para el mandato de la presidencia, debido a una reforma impulsada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Dicha reforma, que sigue vigente, indica que la presidencia y la vicepresidencia del TC se renovará sólo si se renueva a la vez un tercio de los magistrados del Constitucional con el objetivo de que los nuevos miembros puedan participar en la elección. Como en 2007 no hubo acuerdo en el Senado, que debe proponer cuatro miembros para el TC, la presidencia de Casas se prorrogó.

Complejo sistema de renovación

La renovación de los magistrados del Constitucional no se efectúa de una vez, sino en ciclos; sus doce miembros se renuevan en bloques de cuatro miembros, cada uno en un intervalo de tres años. El mandato de cada uno de los magistrados es de nueve años. En resumen: cada tres años hay que renovar a cuatro magistrados del TC. Cuatro de sus miembros son elegidos por el Congreso, por mayoría de tres quintos; otros cuatro, a propuesta del Senado, en la misma mayoría; dos son nombrados a propuesta del CGPJ y otros dos a propuesta del Gobierno. 

En la actualidad, los cuatro magistrados del TC en funciones son: el presidente, Juan José González-Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; Andrés Ollero; y hay que cubrir la vacante de Fernando Valdés, que dimitió en octubre de 2020, tras ser imputado por violencia de género, y cuyo mandato ya había caducado desde noviembre de 2019, igual que el de sus otros tres compañeros. 

Para lograr los tres quintos del Congreso, es decir, 120 votos, con los que avalar el nombramiento de los nuevos cuatro miembros del TC, el PSOE y el PP deben ponerse de acuerdo en los nombres que van a proponer: dos cada uno. Aún no han trascendido esos nombres. Pero lo que ya se sabe es que si los miembros del Constitucional siguen la tradición, la presidencia y la vicepresidencia, que tocan renovar, van a ir a parar entre los miembros más antiguos del tribunal. Así ha ocurrido en las últimas ocasiones.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que "el Tribunal en pleno elige de entre sus miembros por votación secreta a su presidente y propone al rey su nombramiento". La Constitución indica, en su artículo 159 que "el presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años". Nada más se indica sobre cómo debe producirse la elección del presidente o presidenta del TC, salvo que son sus miembros quienes lo eligen. Algo que no siempre se cumple, ya que el pacto entre el PP y el PSOE suele llevar implícito el nombre del nuevo presidente.

La agenda del Constitucional

La presidencia del Constitucional es crucial, puesto que quien la ocupa tiene la potestad de desempatar en las votaciones y además tiene la capacidad en exclusiva de fijar la distribución de los asuntos, la fijación del orden del día y las convocatorias del pleno. Le sustituye en sus funciones la vicepresidencia, en caso de ausencia. La tradición en el TC indica que a una presidencia conservadora le acompaña una vicepresidencia progresista y viceversa, dado que los candidatos, normalmente dos, a la presidencia suelen ser uno del ala progresista y otro del ala conservadora.

Entre los magistrados con más antigüedad en el Constitucional, de entre los cuales tendría que salir, si se sigue esa norma consuetudinaria, los nuevos presidente y vicepresidente, figuran: los conservadores Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez- Vares; y el progresista Juan Antonio Xiol. Entre esta terna se prevé que estén los nuevos altos cargos del TC. Todos ellos acabarán su mandato en junio de 2022, por lo que la presidencia será la más breve de la historia del TC: sólo 8 meses. Con la previsible llegada de nuevas mujeres al Constitucional, las posibilidades de que en un futuro la presidencia lleve nombre de mujer aumentan. 

Fuentes consultadas por Público indican que es poco probable que la catedrática María Luis Balaguer, del sector progresista, en el TC desde 2017 cuando fue elegida en la terna del Senado, a propuesta del PSOE, tenga posibilidades de convertirse en la nueva presidenta debido a que aún le quedan cinco años de mandato, hasta 2026. 

El Partido Popular quiere garantizarse una presidencia conservadora, afín, en el Constitucional, como viene sucediendo en los último años. En 2013, recién arrancada la presidencia de Francisco Pérez de los Cobos se descubrió que este había sido afiliado y donante del PP. La mayoría conservadora de siete magistrados conservadores frente a cinco progresistas [en la actualidad, la baja médica de un magistrado y la dimisión de otro ha reducido el balance a seis a cuatro] sólo podrá romperse a favor de los últimos en junio de 2022, cuando el Gobierno tenga que nombrar a dos candidatos.

Sin embargo, eso solo ocurrirá si para entonces el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ya ha sido renovado. En caso de seguir en funciones, no podrá efectuar nombramientos, pues se lo impide la ley. Como los nombramientos de los magistrados del Constitucional tienen que realizarse en bloque de cuatro, si el CGPJ no nombra a sus candidatos, el Ejecutivo tampoco podrá nombrar a los suyos.