Último juicio contra la estructura política de la izquierda abertzale en la Audiencia Nacional

A falta de conocer datos oficiales, la hemeroteca resulta reveladora. No hay edificio oficial de Madrid por el que hayan desfilado más vascos. Durante las últimas décadas, la Audiencia Nacional se convirtió en el edificio oficial de Madrid por el que desfiló mayor cantidad de personas provenientes del País Vasco. No en vano, sus despachos y calabozos vieron pasar a un número muy alto de militantes de la izquierda abertzale. Muchos pertenecían a ETA. Otros no. De esto tampoco hay cifras, pero alcanza con repasar archivos de prensa para constatarlo: cuando el Estado español decidió endurecer su política antiterrorista, distintas organizaciones políticas y sociales del independentismo se convirtieron en carne de juzgado. Y en menú de cárcel.

Más de seis años después de que ETA anunciase el fin de la violencia, el tribunal madrileño acogerá este jueves el último juicio contra las estructuras políticas de la izquierda abertzale. Esta vez será el turno de Jean Claude Aguerre y Xabier Larralde, dos conocidos miembros de Batasuna en Iparralde, la parte del País Vasco que se encuentra en territorio francés. Ambos están acusados de participar en el intento de reactivación de las estructuras políticas del independentismo tras la ilegalización de la formación abertzale en 2003.

Se trata del último capítulo de la denominada “redada de Segura”, una operación policial realizada en octubre de 2007 en la localidad gipuzkoana que lleva ese nombre y que se saldó con 35 detenidos, entre los que se encontraban varios de los rostros más conocidos de la izquierda independentista vasca. Casi un año después, en septiembre de 2008, hubo una redada en el País Vasco francés que se saldó con 14 detenidos por formar parte de Batasuna, aunque en realidad ese partido era totalmente legal en el país vecino. Larralde y Aguerre fueron dos de los dirigentes capturados por la Policía gala.

El juicio contra los militantes detenidos en Segura se desarrolló a comienzos de 2016. Su resultado fue bastante novedoso: por primera vez en un caso de este tipo, Fiscalía, acusaciones populares (representadas por la AVT y Dignidad y Justicia) y la defensa llegaron a un acuerdo. Los 35 acusados recibieron condenas de entre un año y medio y dos años de prisión, de manera que evitaron entrar en la cárcel. A cambio, reconocieron “su participación en los hechos”, asumieron que su conducta fue “contraria a la legalidad vigente” y mostraron su “compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado”.

Con este antecedente sobre la mesa, ahora serán los dos dirigentes de Batasuna en el País Vasco francés quienes se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional. En este caso, la Fiscalía solicita en principio siete años de cárcel para cada uno por “integración en banda terrorista”. En concreto, se les acusa de formar parte de la dirección nacional del partido abertzale en 2007 –cuando ya había sido ilegalizado-, en representación de las provincias vascas situadas en Francia. Ahora falta conocer si, al igual que en el macrojuicio contra el resto de imputados, será posible un acuerdo que les permita eludir la cárcel.

Según ha podido confirmar Público en medios abertzales, se trata de la última causa judicial que se tramitará en la Audiencia Nacional en relación a las “estructuras políticas” del mundo independentista vasco. Se cerrará así un largo ciclo que comenzó con la detención de la Mesa Nacional de Herri Batasuna en 1997 y que se acentuó a partir de 2003 con la prohibición de su sucesora, Batasuna.

Al calor de la Ley de Partidos que se aprobó en 2002 con los votos de PP, PSOE, CiU, Coalición Canaria y el Partido Andalucista, los tribunales españoles también dejaron fuera de la legalidad a otros partidos o candidaturas vinculadas en mayor o menor medida a la izquierda abertzale tradicional, como Euskal Herritarrok, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), Herritarren Zerrenda, Aukera Guztiak o Acción Nacionalista Vasca (ANV). Este último caso fue el más paradójico de todos, ya que se trataba de una formación histórica que luchó en las trincheras contra la sublevación franquista y que fue prohibida por la dictadura primero y por la democracia después.

Ninguna de estas marcas políticas ha sido devuelta a la legalidad por los tribunales, pero también es cierto que las cosas han cambiado. Sortu es hoy un partido legal que rechaza la violencia y cualquier conducta “que le sirvan de complemento y apoyo político”. Xabier Larralde, uno de los acusados que este jueves será juzgado en Madrid, forma parte de su actual dirección. Actualmente, este partido de la izquierda independentista está integrado en la coalición EH Bildu, donde comparte táctica y estrategia con Aralar (en vías de desaparición), Alternatiba y Eusko Alkartasuna. El coordinador general de esta plataforma es Arnaldo Otegi.

Proceso contra mediadores de presos

Una vez terminado el juicio contra su estructura política, la izquierda abertzale estará pendiente de otra puerta que aún sigue abierta y que podría afectar a un número importante de simpatizantes. Se trata de 48 personas vinculadas a la defensa de los derechos del colectivo de presos de ETA, entre los que se encuentran varios abogados.

De hecho, en esta causa se juzgará también a quienes ejercieron labores de mediación ante el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) para tratar de favorecer un giro en las cárceles y facilitar la adhesión de la mayoría de los reclusos al proceso de paz. Todo ello se consiguió. Aun así, sus impulsores serán juzgados próximamente por “integración” o “colaboración” con banda armada. Las peticiones de la Fiscalía superan, en total, los 600 años de cárcel.