Este artículo se publicó hace 11 años.
El TSJM ve indicios para juzgar al juez del 'caso Blesa'
Le acusa de delitos contra la libertad individual y uno de prevaricación, entre otros, y fija una fianza civil de 8.000 euros
El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la querella de la Fiscalía contra el juez Elpidio José Silva ha apreciado bastantes "indicios racionales" de que éste prevaricó al abrir una "causa general" y "prospectiva" contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
En un auto, del que da traslado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado Jesús Gavilán transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a Silva por su actuación en la instrucción del caso Blesa, a quien ordenó encarcelar en dos ocasiones. Gavilán da un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa y fija para Elpidio José Silva una fianza civil de 8.000 euros.
Tanto la Fiscalía como Blesa y su abogado, personados en la causa, solicitarán en breve que se juzgue a Silva por estos delitos, han informado a Efe fuentes jurídicas. Según el magistrado, han quedado constatados "con carácter indiciario" los hechos denunciados por el fiscal, que acusa al juez de dos delitos contra la libertad individual, uno de prevaricación, entre otros y otro de retardo malicioso en la administración de Justicia.
Basándose en todos los argumentos por los que la Audiencia Provincial de Madrid declaró nula la causa el pasado junio, concluye que la valoración de las distintas resoluciones que dictó Silva y "especialmente", la "concatenación de todas ellas", confirman "la existencia de indicios racionales bastantes" en su contra.
De esta forma, relata la "improcedente" reapertura, en noviembre de 2011 y sin "dato nuevo alguno que los justificase", del caso en el que investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán que él mismo había archivado dos años antes, y del que luego desgajó el de la compra del City National Bank de Florida, por el que envió a Blesa a prisión. En este sentido, resalta que "sin solución de continuidad", asumió esta última causa tras aceptar una ampliación de denuncia de Manos Limpias por unos hechos que no tenían "conexión alguna" con el del crédito, por lo que la Audiencia Provincial le acusó de "retener" e incluso "sustraer" las normas de reparto.
Dos medidas "incompatibles entre sí"Y fue en la causa del CNB por la que acordó la prisión de Blesa a instancias de Manos Limpias, colectivo que carecía de legitimación, pues estaban personados sólo en la causa del crédito, además como acusación particular y no popular.
Al encarcelarle adoptó dos medidas "incompatibles entre sí", pues la primera se ordenó en mayo bajo fianza de 2,5 millones y la segunda, quince días después, de forma incondicional. "Las distintas resoluciones dictadas apuntan al carácter generalista y prospectivo de la investigación realizada, y no lo dice esto el instructor sino la propia Audiencia Provincial", destaca el magistrado.
Para ilustrarlo, recoge un auto que Silva dictó en enero, en el que justificó la reapertura de la causa en la existencia de una "alarma social, derivada de la crisis económica mundial, relacionada con el cambio drástico en el contexto de la denuncia inicial, dadas las actuales coordenadas periféricas que prácticamente han colocado en estado de alarma al conjunto de la sociedad española".
Según Gavilán, "en nada afecta" a los indicios contra Silva su declaración como imputado porque centró su defensa "de forma casi exclusiva en la necesidad de proceder al visionado" de más de 8.000 correos electrónicos de Blesa, en los que se basó para enviarle a la cárcel, pero que el magistrado del TSJM rechazó incorporar a su investigación porque afectaban a la intimidad del banquero. Por último, el instructor recalca la palpable "demora" en dictar muchas de sus resoluciones, muchas de las cuales deberían haber tenido preferencia porque estaban en juego "recursos frente a decisiones excepcioales" como el secreto de sumario o derechos fundamentales.
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