BARCELONA.- La sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que juzgará al expresidente catalán Artur Mas por el 9-N ha rechazado que en la vista declaren como testigos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como pedían las defensas.

En un auto, no recurrible, el tribunal desestima la prueba testifical planteada por las defensas de Mas y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, al considerarla "impertinente" por entender que sus declaraciones públicas sobre la consulta son "absolutamente ajenas" a los hechos a juzgar.

Las defensas solicitaron al TSJCat que obligara a Rajoy y Catalá a declarar como testigos en el juicio, que se celebrará entre los días 6 y 10 de febrero próximos, para que aclararan el "alcance" de sus declaraciones públicas en las que, según los letrados, minimizaron la importancia de la consulta independentista.

El TSJCat no solo descarta por impertinentes ambas testificales, sino que también desestima incorporar al juicio como prueba documental las intervenciones de Rajoy y Catalá ante los medios de comunicación, entre ellas las declaraciones en que el presidente del Gobierno afirmó: "El 9-N no es un referéndum, ni una consulta, ni tiene efecto jurídico".

La sala acepta, por el contrario, que en el juicio testifique el exconseller de Presidencia y diputado en el Congreso Francesc Homs (PDeCAT), aunque precisa que deberá declarar asistido por un letrado para no provocar "mengua alguna de las garantías" a que tiene derecho por ser investigado por el Tribunal Supremo por su papel en la consulta independentista.

El tribunal también ha vetado la testifical del juez del Tribunal Supremo de Croacia Marin Mrcela, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción, que proponían las defensas, porque a su parecer no existe "constancia alguna" de su relación con el objeto del juicio.

Pruebas documentales

Entre otros testigos que la sala ha aceptado que declaren figuran la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, el que fuera alcalde de Barcelona durante el 9-N, Xavier Trias, el expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional Carles Viver i Pi-Sunyer, así como el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch.

Como pruebas documentales, el TSJCat ha aceptado el vídeo de la comparecencia institucional de Artur Mas sobre el 9-N, los escritos que el Tribunal Constitucional remitió al gobierno catalán en relación con la consulta y la información propuesta por la defensa relativa al dominio de la web participa2014.cat, que impulsó el gobierno catalán para organizar la votación.

Igualmente el TSJCat ha admitido como prueba el dossier propuesto por la defensa de Joana Ortega con sus manifestaciones en comparecencias parlamentarias, ruedas de prensa y entrevistas relacionadas con la consulta, aunque no un informe sobre la "calidad y garantías democráticas del proceso 9-N" elaborado por el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, que proponía la misma parte.

Otros documentos que la sala acepta son los manuales para el uso de los ordenadores y la organización de los voluntarios que colaboraron en la votación, así como las actas de los plenos municipales que se autoinculparon por la consulta y los expedientes que el Departamento de Gobernación firmó con el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) para que los reclusos fabricaran las urnas utilizadas en la consulta independentista.

La sala ha incorporado asimismo como prueba los informes confeccionados por el Departamento de Enseñanza sobre la consulta, la correspondencia que esta consellería cruzó con la Delegación del Gobierno en relación con el 9-N y documentación relativa a las empresas que la Generalitat contrató para organizar la votación.

El tribunal ha resuelto en un auto sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las partes, un día después de completarse la sala -integrada por el presidente del TSJCat, Jesús María Barrientos, y el magistrado Carlos Ramos- con el juez Eduardo Rodríguez Laplaza, procedente de la sala contenciosa del alto tribunal catalán.