El Constitucional anula más aspectos de la ley catalana de 2022 sobre la emergencia habitacional
La sentencia impugna un aspecto relacionado con la expropiación forzosa y el artículo que sanciona incumplir los requisitos legales vigentes ante la obligación de ofrecer un alquiler social antes del desahucio.
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Barcelona--Actualizado a
El Tribunal Constitucional anula más puntos de la ley aprobada en 2022 por el Parlament de Catalunya para frenar la emergencia habitacional, como el referente al valor de una expropiación forzosa en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda.
El pleno del TC estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que interpuso Vox contra más de una decena de artículos de la mencionada ley y contra una disposición transitoria, según informan en un comunicado.
Esta nulidad de algunos aspectos de la ley catalana para hacer frente a la emergencia habitacional se suma a los artículos ya declarados inconstitucionales en una sentencia del TC dictada el pasado mes de octubre, tras estimar parcialmente un recurso presentado por el PP.
Uno de los preceptos de la ley catalana impugnados por Vox es el que hace referencia a la expropiación forzosa, el cual disponía que cuando el propietario de una vivienda no cumpliera con la obligación de ocuparla para residencia de personas y se declarase, por este motivo, el incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda, podía incoarse un procedimiento de expropiación forzosa y el valor de la propiedad se reduciría en un 50%.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia, entiende que esta disposición "invade la competencia estatal" sobre legislación de expropiación forzosa, en virtud de la cual es al "Estado a quien corresponde establecer los criterios que determinan el justiprecio, para asegurar que los bienes y derechos expropiados sean evaluados de la misma manera en todo el territorio nacional".
Por ello, la sentencia declara inconstitucional y nulo el inciso del artículo 15.4 de la ley catalana que dice: "El contenido del derecho de propiedad se reduce en un 50% de su valor, cuya diferencia corresponde a la administración expropiante".
Otro de los artículos impugnados es el que sanciona como infracción grave la conducta consistente en "incumplir, en la formulación de la propuesta obligatoria de alquiler social, los requisitos legales vigentes en el momento que corresponda formalizarla".
En su sentencia de octubre, el tribunal de garantías ya dictaminó que el "establecimiento de las condiciones de acceso al proceso judicial corresponde en exclusiva al Estado en virtud de la competencia sobre legislación procesal".
"Se declara que la infracción tipificada en el art. 124.2 j) de la ley catalana no es inconstitucional si se interpreta en el sentido de que solo resulta sancionable dicho incumplimiento en los casos en los que la propuesta obligatoria de alquiler social no constituya una condición de acceso al proceso judicial", resuelve el pleno del TC, que cuenta con el voto particular de cinco magistrados.
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