La vista, en la que se decide sobre la prórroga de la prisión provisional o la puesta en libertad de los cinco miembros de La Manada, ha comenzado en la Audiencia Provincial de Navarra con la presencia en la sala de los tres condenados que cumplen su pena en la cárcel de Pamplona.

Los tres han sido trasladados en un furgón desde la prisión hasta el Palacio de Justicia, mientras que los otros dos, que se encuentran encarcelados en Madrid, seguirán por videoconferencia la sesión, presidida por los magistrados de la Sección Segunda que emitieron la sentencia que les condenó a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.

En esta vista, los acusados no tienen derecho a hablar; las partes exponen las causas y a partir de ahí el tribunal tomará una decisión.

A su llegada, el abogado de la víctima, Miguel Angel Morán, quien ha emplazado a los periodistas al término de la sesión, ha comentado que la joven "está un poco nerviosa, pero está bien". Ha llegado acompañado por Carlos Bacaicoa, el otro abogado que se ocupa de la acusación particular.

Agustín Martínez Becerra, el abogado de cuatro de los cinco agresores de Sanfermines de 2016. EFE

Quien sí ha hecho declaraciones ha sido el abogado de cuatro de los cinco acusados, Agustín Martínez Becerra, quien ha sostenido que lo que "sería ajustado a derecho sería la puesta en libertad, que se fije una fianza y a partir de ahí seguir el procedimiento judicial".

A su salida tras la vista en la que se han presentado los argumentos para la prórroga de la prisión provisional o la opuesta en libertad de los miembros de la Manada, su abogado ha afirmado que confía en que el auto, que se conocerá en un plazo de 24 a 48 horas, determine la puesta en libertad.

Martínez, que ha destacado a los periodistas que siempre es "optimista", ha declarado sobre una posible fianza para la puesta en libertad que la misma, según el voto particular del juez de la Sección Segunda del pasado 14 de julio, debería rondar los 6.000 euros.

En ese sentido, ha apuntado que, de prorrogarse la prisión provisional (otros dos años y medio como máximo), se trataría de "una pena anticipada que no cabe en el derecho español".

Cuestionado sobre el posible traslado a Sevilla de sus defendidos ha comentado que, de momento, van a pedir la libertad porque entienden que es lo que "procede hoy" y ante esa resolución "no solamente no cabe el traslado a Sevilla ni a ninguna prisión, sino el traslado a Sevilla, a sus correspondientes viviendas".

Ha puntualizado que se ha pedido, "pero como una cuestión que es accesoria y que nada tiene que ver con esto. Entendemos que lo que procede hoy es la resolución de si es necesaria la prórroga o no".

El abogado, quien espera que la decisión se tome "lo más rápido posible", "mañana o pasado", considera que la prórroga deja de tener sentido de acuerdo con los propios acuerdos que la sala tomó el 14 de julio de 2017, por lo tanto entiende que "a partir de ahí la puesta en libertad debe ser lo más rápido posible".

En ese auto, ha indicado, se hablaba de la existencia de un riesgo de fuga, teniendo en cuenta las altísimas penas -la condena mínima era de 22 años y 10 meses-, pero teniendo en cuenta que la pena ha sido de 9 años y ya llevan dos años en prisión a su entender "no cabe plantear la existencia del riesgo de fuga como tal".

"Y a partir de ahí -ha continuado- la cuestión de la reiteración delictiva se trataba simplemente de una manifestación por parte del tribunal que carecía de ningún tipo de fundamento, ni de soporte, teniendo en consideración que no existe ninguna causa por la que hayan sido condenados y, si se hace referencia al procedimiento que se sigue en Pozoblanco, después de dos años no existe todavía ni auto de procesamiento, con lo cual entender la existencia de reiteración delictiva carece de sentido", ha concluido.