'Caso mascarillas': la jefa de compras de Almeida evidencia la falta de controles para evitar la estafa

Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, ha admitido este jueves en el juicio del caso Mascarillas que no tenía experiencia en contratación internacional en marzo de 2020 ni en la compra de material sanitario y que no sabe inglés. Y ha desvelado que el comisionista Alberto Luceño le tradujo los contratos con una empresa de Malasia, que dieron lugar a las injustificadas comisiones que obtuvieron Luceño y su socio, el aristócrata Luis Medina, en lo peor de la pandemia.

Elena Collado es una pieza fundamental para entender cómo se fraguó la estafa que costó al consistorio madrileño casi 12 millones de dólares en material sanitario contra la covid en el arranque de la pandemia, en marzo de 2020; material que en parte resultó defectuoso. En dicha cantidad de dinero estaban incluidas las comisiones de Luceño y Medina, 6,1 millones de dólares, de los que el primero se embolsó 5,1 millones y Medina, un millón. Es decir, la mitad del dinero público invertido fue a parar a los bolsillos de ambos acusados sin que el Ayuntamiento desplegara los controles internos básicos en toda contratación pública para evitar la estafa.

Para lograr semejantes comisiones los acusados inflaron el precio de las mascarillas un 60%; un 81% en el caso de los guantes; y un 71% en el de los test rápidos de anticuerpos, que resultaron ineficaces además. El Ayuntamiento de Madrid compró 250.000 test rápidos de anticuerpos por un precio de 4.250.000 dólares, pero solo 75.000 de ellos cumplían con los reactivos necesarios para ser eficaces.

¿Comisiones secretas?

Collado ha declarado en el juicio que las circunstancias de marzo de 2020, al principio de la pandemia, impidieron que pudiera consultar en el Registro Mercantil la existencia y solvencia de las empresas relacionadas con el negocio de Luceño y Medina, obviando que podría haberlo hecho online.

Ha negado conocer que Luceño y Medina iban a cobrar comisiones por aquella operación de compra de material sanitario y ha dicho que si hubiera conocido la existencia de las comisiones, que fueron del 150%, "hubiéramos parado en seco y se hubiera valorado". Durante la instrucción de la causa, sin embargo, Collado dijo que creyó que la empresa Leno "les pagaría algo moderado", ha indicado esta mañana recordando su declaración durante la investigación.

"No había margen para negociar en aquel momento", ha manifestado la funcionaria, afirmando que el precio unitario por mascarilla fue finalmente de 6,6 euros y que la horquilla que se manejaba era de entre 6 y 8 euros. Sobre el propósito altruista de la venta que adujo Luceño, Elena Collado ha dicho que él le trasmitió que quería "ayudar a Madrid, estaba muy preocupado, y además tenía una mujer trabajando en un hospital de Madrid que no tenía medios". 

Donación al hospital de su mujer

Respecto a este hecho, hay que recordar que el hospital era el Puerta de Hierro y que Luceño logró que la donación de mascarillas que Medina y él hicieron al Ayuntamiento del lote adquirido a la empresa malaya Leno fuera a parar precisamente a dicho centro hospitalario, como adelantó Público en su momento. Luceño consiguió un salvoconducto, similar al de los profesionales de los servicios básicos, para poder transitar pese al confinamiento y acudir al Hospital Puerta de Hierro para que sus responsables le agradecieran la donación.

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El Ayuntamiento de Madrid compró a la empresa Leno 2,5 millones de guantes de nitrilo por cinco millones de dólares, pero el material recibido no fue el pactado: llegaron guantes de peor calidad y que no servían como equipos de protección individual (EPI) para el personal sanitario. El consistorio recuperó el dinero, 4.060.000 euros. Collado ha recordado que al ver los guantes se sintió "decepcionada", pensando que era una estafa.  

En lo peor de la pandemia

El juez instructor, Adolfo Carretero, plasmaba en su auto de procesamiento que la actuación de los dos comisionistas ocurrió "con miles de muertos en España, sin que se hubiese descubierto las vacunas contra esta enfermedad (...), aprovechando la imperiosa necesidad que tenía el Ayuntamiento de Madrid de obtener el mayor material sanitario (...), los investigados urdieron un plan para obtener, con la excusa del altruismo, (...) el mayor beneficio económico posible". 

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Luceño y Medina están siendo juzgados por los delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil, exonerándoles del delito de blanqueo de capitales que sí apreciaba la Fiscalía Anticorrupción. A Luceño, considerado como el "verdadero gestor del negocio criminal", se le imputa un delito fiscal agravado en más de 120.000 euros y otro delito de falsedad en documento público, por las réplicas halladas en su casa de una placa y un carné de asesor del CNI. La Fiscalía solicita una condena de 9 años de cárcel para Medina y 15 años en el caso de Alberto Luceño.

En la sesión de este jueves ha comparecido también como testigo Isabel de Palacio, directora del gabinete del Área de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. La testigo ha explicado que en aquellos días elaboró un cuadro con las ofertas de material sanitario en las que especificaba que los empresarios no cobrarían comisiones y que iban a realizar una donación (de 238.000 mascarillas gratuitas), algo que le pareció entonces relevante a destacar.

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"Era un cuadro interno", ha dicho, indicando que se lo trasladó a su superiora, la delegada Engracia Hidalgo, y a la coordinadora de compras. "Ellos [por Luceño y Medina] dijeron que no cobraban comisión y que el precio de venta era 6,6 dólares. Era un precio fijado", ha remarcado.