Las asociaciones de jueces, a un paso de la huelga contra Gallardón el 'decapitador'

Todas las asociaciones judiciales han saltado como un resorte contra el último proyecto del Gobierno, al considerar que es un ataque a la independencia de los jueces al recortar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. En palabras del presidente de Foro Judicial Independiente, Angel Dolado, "la huelga va a ser inevitable si se sigue manteniendo este proyecto de debilitamiento del Poder Judicial".

No todos están en contra del sistema de elección parlamentaria de los vocales del Consejo por el que el Gobierno se ha decantado (Jueces para la Democracia sí está de acuerdo en este punto), pero todas las asociaciones sí han rechazado frontalmente el resto del contenido del Anteproyecto defendido por Ruiz-Gallardón.

Para Joaquim Bosch, de la asociación progresista JpD, la reforma "intenta romper el equilibrio propio de la división de poderes, y afectará a la independencia judicial, ya que el Ejecutivo, de forma directa o indirecta, asume funciones que hasta ahora descansaban en el poder judicial".

Bosch explicó que esas atribuciones son muy sensibles a la independencia de los jueces, ya que van desde la inspección, a la formación o selección de los jueces, o la persecución de las infracciones disciplinarias de los mismos. "Es muy peligroso porque los jueces que tramitan causas delicadas pueden verse sometidos a presiones del Gobierno", resume el portavoz.

Sobre la postura de Gallardón de achacar a las asociaciones la politización del Consejo, Bosch calificó de falaz el argumento, porque son los políticos los que eligen a los jueces, asociados o no. Destacó además que todos los jueces, pertenezcan o no a asociaciones, tienen ideología y principios, y que lo importante es que sean competentes y profesionales, pero desgraciadamente, hasta ahora, los partidos se han inclinado por los que les que se prestaban a ser su correa de transmisión.

Por su parte,  Ángel Dolado, portavoz del FJI, es "totalmente crítico" con la reforma, que cree que no se hace para ahorrar dinero, como ha vendido el ministro, sino "claramente para cortarle la cabeza al CGPJ y por lo tanto debilitar al mismo y, en consecuencia, la independencia de los jueces".

"El Poder Judicial queda claramente en manos del Ministerio de Justicia, que es al fin y al cabo, el que va a nombrar a los miembros de la comisión permanente", ha dicho Dolado, que ha insistido en que esta reforma les va a poner en el "disparadero para aumentar las medidas de protesta".

Por la mayoritaria en el colectivo, y de carácter conservador, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la portavoz María Teresa Sáez cree que la reforma "acaba definitivamente con la independencia del Poder Judicial" e incluye un sistema "perverso" en la elección de los vocales.

Sáez ha reprobado que el Gobierno no haya cumplido su "promesa" de establecer la designación de los doce vocales de procedencia judicial por parte de los propios miembros de la Carrera Judicial, una propuesta que seguía "el espíritu constitucional".

La idea de que un juez en activo pueda reunir 25 avales para postularse al Consejo, "lo único que facilitará es que el político pueda elegir de antemano al juez que quiera" para que así se integre en la lista de candidatos, sobre la que después deberán elegir las Cámaras parlamentarias.

Por ello, augura que el nuevo modelo "aumenta más la politización", en contra del reto que se marcó el ministro Alberto Ruiz-Gallardón de lograr una mayor despolitización.

La principal asociación judicial también ha criticado la reducción de los vocales que tendrán dedicación exclusiva en el Consejo. "Pervierte o vulnera la propia Constitución, que dice que son 20 integrantes y no seis vocales, que al final irán una o dos veces al año y su presencia será testimonial", ha explicado.

"La Constitución establece que el Consejo está integrado por 20 miembros y cuando se trata de un órgano de gobierno de los jueces el sistema de mayorías importa muchísimo", ha explicado, sobre los vocales que integrarán la Comisión Permanente.

Los integrantes de la Comisión Permanente serán los únicos que tendrán dedicación exclusiva, mientras que el resto compatibilizará su cargo con el ejercicio de su profesión.

"Si perviertes el sistema desde el momento de la elección y reduces su composición, es más fácil tener un control político", ha advertido sobre el nuevo modelo, que plantea una reducción del número de comisiones y defiende que el Consejo actué en los términos establecidos en la Constitución.

"El hecho de que 14 sigan desarrollando su trabajo. ¿Significa que un abogado pueda llevar un asunto en su despacho y luego puede sancionar al juez que conoce en su trabajo diario?", ha preguntado sobre la posibilidad de que un letrado en activo forme parte de la Comisión Disciplinaria.

La APM también ha advertido de la "gerontocracia" que plantea el anteproyecto de ley al proponer que los vocales de adscripción judicial sean tres magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados con más de 25 años de antigüedad en la Carrera, cuatro magistrados sin este requisito de antigüedad y, finalmente, sólo dos jueces.

"La mayoría son personas que llevan más de 25 años sin pisar un juzgado de primera línea, por lo que no tienen una percepción real o inmediata de su funcionamiento", ha destacado. La APM remitirá sus alegaciones al anteproyecto al Parlamento.

Todas las asociaciones de jueces tienen previsto reunirse en enero con las de fiscales para analizar en profundidad la nueva reforma y decidir un calendario de protestas, sin descartar la huelga.