La inspección del Poder Judicial (CGPJ), después de haber auditado el trabajo de la magistrada María Núñez Bolanos en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, el que lleva el caso de los ERE, ha avalado su labor en un informe provisional que aún debe ser ratificado por la comisión disciplinaria del CGPJ.

Núñez Bolaños había sido denunciada al Poder Judicial por la Fiscalía Anticorrupción, que la acusaba, sin explicar por qué, de dilatar a propósito tres causas –los ERE, el case Avales, y el caso IDEA– que afectaban a la gestión de los gobiernos socialistas.

Las conclusiones provisionales del informe –que en su conjunto, supera las 400 páginas–, a las que ha tenido acceso el diario Público, desmontan las críticas de Anticorrupción y suponen un cierto varapalo para las tesis defendidas por el fiscal Manuel Luzón, con el aval de la anterior Fiscal General del Estado, María José Segarra. En ellas, se recoge que al trabajo se le da salida "en unos plazos razonables en relación a la carga de trabajo derivada de la instrucción".

Los inspectores también rechazan que exista intencionalidad alguna en los retrasos producidos en la tramitación de algún asunto, como argumentaba el fiscal Luzón en su denuncia. "Una valoración global de la carga de trabajo y del número de procedimientos en trámite simultáneo, permite concluir que [los retrasos] no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en labor de la oficina judicial o de la magistrada instructora".

El informe provisional explica también que las discrepancias de fondo entre Núñez Bolaños y la Fiscalía Anticorrupción a la hora de enfocar las causas de los ERE se han traducido en la presentación de un "elevado número de recursos", lo que ha "lastrado seriamente todo el trámite procesal".

"La principal actividad procesal desplegada a lo largo de la instrucción [ha] consistido, fundamentalmente, en la resolución de los numerosos escritos en los que se solicitaba la inclusión o la exclusión de los investigados en cada una de las causas, así como de los innumerables recursos derivados de estas peticiones", dice el informe.

Trabajar sin  interferencias

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, a la que pertenece Núñez Bolaños, emitió un comunicado esta mañana en el que, con la cautela debida al tratarse de un informe provisional, resaltaba el "inequívoco respaldo" del Poder Judicial a la labor de la magistrada y reclamaba "que se le permita seguir trabajando sin interferencias para que los complejos asuntos de los que está conociendo puedan llegar a su fin".

"Hemos defendido públicamente la profesionalidad de esta magistrada en varias ocasiones anteriores, exigiendo respeto para su trabajo ante los reiterados ataques, incluso personales, a los que se ha visto sometida", algunos de los cuales para esta asociación de jueces y magistrados “excedían el límite de la crítica razonable a una servidora pública que resulta admisible en un Estado democrático", agregaba la Asociación. Núñez Bolaños está hoy de baja médica.

El criterio de Núñez al respecto de algunas de las causas abiertas no era el mismo que el de su antecesora Mercedes Alaya –Núñez tomó la decisión de dividir la macrocausa de Alta en diferentes piezas, una por ERE irregular, prácticamente– lo que causó una gran irritación en el PP, y llevó al partido a extremos que ya tuvieron que ser desmontados por la Audiencia Provincial de Sevilla con argumentos de grueso calibre.

Sirva como ejemplo este auto de julio del año pasado en el los magistrados de la Audiencia rechazaban algunas pretensiones del PP, que ejerce como acusación, con el argumento de que era "sorprendentes" y revelaban el "pertinaz propósito" del PP "en poner en tela de juicio la falta de imparcialidad de la magistrada y la consiguiente necesidad de apartarla de cualquier conocimiento de los autos". "No existe dato alguno que implique pérdida de imparcialidad por parte de la magistrada y sólo el normal proceso de cualquier instrucción", remacharon entonces los jueces con meridiana claridad.