El presidente del Gobierno deberá declarar como testigo, físicamente, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Gürtel el próximo 26 de julio a las 9:30 horas de la mañana. La declaración se realizará en la sede de San Fernando de Henares (Madrid), donde se celebran las vistas desde el pasado octubre. Esto es, no será por videoconferencia, como había pedido.

En un auto dictado este martes, la mayoría que conforman los magistrados José Ricardo de Prada y Julio De Diego subraya que la comparecencia de los testigos “siempre ha sido y es una comparecencia física”, aunque es facultad del tribunal decidir si se realiza por videoconferencia debido a los avances técnicos de la ciencia.

Los jueces citan la jurisprudencia del Tribunal Supremo (en concreto una sentencia del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, de tendencia conservadora) en la que se considera que, aunque técnicamente la videoconferencia es posible, "el principio de inmediación sigue siendo un valor que preservar", y que solo es "sacrificable" cuando "concurran razones que, debidamente ponderadas por el órgano jurisdiccional, puedan prevalecer sobre las ventajas de la proximidad física y personal entre las fuentes de prueba y el tribunal que ha de valorarlas".

En este caso, los jueces José Ricardo de Prada y Julio de Diego concluyen que deben preservar los principios de inmediación y contradicción procesal que rige en un juicio. En cambio, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, era partidario de que declare por videoconferencia y ha emitido un voto particular contrario a la decisión de la mayoría.

Rajoy pidió al tribunal declarar por videoconferencia por “razones de seguridad” y por evitar “un despliegue importante de recursos públicos” en su protección.
Pero el tribunal rechaza de plano todos los motivos alegados por Rajoy para evitar comparecer físicamente, porque “ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir”.

Así, “el tribunal no acierta a entender en qué consiste ese despliegue importante [de recursos públicos] únicamente por el hecho de tener que desplazarse el testigo 18 kms” hasta San Fernando de Henares, asegura el auto dictado este martes.

La declaración se realizará donde se celebran las vistas del caso Gürtel: en la sede de la Audiencia Nacional situada en San Fernando de Henares (Madrid), un edificio bunkerizado con acceso directo al garaje y con extremas medidas de seguridad.

Respecto al argumento de que un eventual desplazamiento del presidente del Gobierno supondría un conjunto de medidas de seguridad desproporcionadas, el tribunal expone que Rajoy tampoco aporta ni aclara cuáles serían esas medidas excepcionales.

“El Tribunal tampoco comprende esta manifestación (añade el auto) cuando la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares cuenta con mayores garantías que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales o institucionales de la Comunidad de Madrid, sedes donde el testigo ha protagonizado actos y reuniones en otras ocasiones y más aún que las existentes en mercados y otros foros populares donde el testigo también ha protagonizado encuentros con los ciudadanos en campañas electorales”.

El auto desmonta un último argumento de Mariano Rajoy: el de su intensa actividad, con numerosos actos y reuniones previstas tanto dentro como fuera de España. Los jueces explican que han elegido una de las fechas que el testigo ofreció en función de su agenda y el tiempo empleado será “el mismo” por videoconferencia que físicamente.

“Llegados a este punto, hay que tener claras dos cosas”, rematan los jueces, que numeran ambos puntos a aclarar:
“1.- D. Mariano Rajoy no comparece como presidente del Gobierno, sino como un ciudadano español” en calidad de testigo “por hechos que está juzgando este tribunal en razón a los cargos que tenía en el PP”, exponen los magistrados que definen esta comparecencia como “un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de Derecho”.
“2.- El Tribunal de la Audiencia Nacional, sede institucional, se sitúa en el mismo plano en cuanto a los poderes del Estado que el ejecutivo, por lo que la comparecencia personal de su representante máximo en sana relación institucional se ajusta a derecho”, exponen los magistrados.

Por todo ello, “la importancia de su declaración, en cuanto a los conocimientos que el testigo pueda tener y datos que pueda aportar, hacen que la inmediación y la contradicción demanden como opción preferente su presencia física ante la Sala, si bien, dada la condición del testigo se considera procedente adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su imagen institucional, testificando en estrados en la forma que determine el tribunal”.

El tribunal opta por citar a Mariano Rajoy el 26 de julio. El presidente del Gobierno ofreció al tribunal dos fechas (26 y el 27 de julio), después del puente de la fiesta de Santiago y cuando el país está en plenas vacaciones veraniegas.

La imagen dará la vuelta al mundo.  Un presidente del Gobierno declarando sobre la trama de corrupción del caso Gürtel. En este macroproceso, del que ahora se juzga la primera etapa de la organización, ha quedado demostrado que su partido, el PP, tenía una caja B opaca al Tribunal de Cuentas. Aunque forme parte de otra pieza que se juzgará más adelante.

El tribunal valora que el presidente del Gobierno declare en estrados para "preservar su imagen institucional", como anuncia en su auto.

El objetivo es evitar la imagen de Rajoy con los principales acusados de fondo. Esta fotografía se produce con el resto de los testigos, ya que detrás se encuentra el banquillo de los acusados. En primera línea, Francisco Correa, líder de la red de empresas de Gürtel quien ha reconocido que cobraba comisiones a empresarios a cambio de obra pública y que este dinero lo llevaba a “Génova” –sede del PP nacional- y lo repartía con el entonces tesorero Luis Bárcenas, también procesado.

Rajoy preside el Partido Popular, formación política que tenía una caja B opaca al Tribunal de Cuentas, según ha quedado demostrado en el sumario del caso Gürtel, aunque su financiación no es la que se juzga en esta pieza separada y que está centrada en los negocios de la primera época de la trama.

En cambio, el PP está procesado en esta pieza como responsable civil por haberse lucrado, presuntamente, de los enjuagües de la trama con los que conseguía contratos públicos: la organización Gürtel pagó en 2003 las campañas electorales de sus candidatos a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, ambos en Madrid.

La red de empresas de Gürtel se encargaba de los actos electorales del PP, varios de ellos protagonizados por Mariano Rajoy quien fue director de varias campañas, secretario general del PP y candidato a presidente en la época dorada de esta trama.