La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha lanzado una operación, con registros en Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia, contra el ex secretario general del SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío de la Minería José Ángel Postigo por un posible desvío de fondos públicos y privados.

En la operación Hulla, en la que también están siendo investigados los familiares más directos de ambos, participan también el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha informado la Fiscalía.

Fuentes de la investigación han señalado que hay cuatro detenidos, entre los que no está Fernández Villa, sino otro miembro del sindicato y otras tres personas relacionadas con empresas.

El que fuera líder del sindicato minero durante más de 35 años y José Ángel Postigo están siendo investigados por el "indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos", tanto públicos, provenientes de una subvención concedida en 2009, como privados, pertenecientes a la propia mutualidad, entre los años 2005 y 2014.

Un geriátrico, en el epicentro de la investigación

Los fondos públicos habrían sido obtenidos por medio de una subvención concedida en el año 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, al Montepío de la Minería Asturiana.

Entre las personas investigadas se encuentra el que fuera asesor fiscal del Montepío, J.M.F.F., el arquitecto M.S.F, autor del proyecto para la construcción de la Residencia de Mayores "La Minería" en Felechosa, en el concejo de Aller, y el constructor J.A.F.F., administrador de la mercantil adjudicataria del contrato para la construcción de dicho geriátrico, que supuso una inversión de 31 millones de euros y que los investigadores sitúan en el epicentro del supuesto desvío de fondos.

La investigación se inició por información de inteligencia financiera en relación con un presunto delito de blanqueo de capitales, después de que Fernández Villa regularizara 1,4 millones de euros en la última amnistía fiscal.

Ello dio lugar a la incoación de unas diligencias de investigación en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, que ha estado liderando un trabajo conjunto con sus Unidades de Apoyo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria e Intervención General del Estado y con la Unidad Central Operativa de Guardia Civil que desembocó en la presentación de una querella.

Blaqueo de capitales, fraude de subvenciones...

Tras la querella presentada, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo incoó el pasado mes de abril diligencias penales por presuntos delitos de blanqueo de capitales -vinculado a delitos de falsedad en documento oficial y mercantil-, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, societario por apropiación indebida y contra la hacienda pública. Todo ello, sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

José Ángel Fernández Villa fue expulsado del PSOE y del sindicato UGT poco después de que el diario El País publicase una información en la que señalaba que se había acogido a la amnistía fiscal y que estaba siendo investigado por ocultar 1,4 millones a Hacienda.

Muy influyente en la clase política asturiana durante años, el caso causó un amplio revuelo que originó incluso la apertura de una comisión de investigación. Sin embargo, Villa no acudió a comparecer a la misma alegando motivos de salud.

Pocos meses después de su retirada de la primera línea política, la Fiscalía Anticorrupción abrió las primeras diligencias contra Fernández Villa y un entramado compuesto por personas cercanas a él durante la etapa al frente del SOMA-UGT Asturias. La investigación tiene una doble vertiente: la del enriquecimiento a base de dietas sindicales y la de mordidas en la obra del geriátrico del Montepío.