El Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se trata de una petición enmarcada en el procedimiento sobre el desvío de fondos públicos en relación al procés catalán.

Diversos tribunales han planteado cuestiones sobre cómo afecta la norma a los distintos procedimientos, si bien el Tribunal de Cuentas ha ido más allá y ha pedido informes sobre si procede consultar al TJUE una serie de artículos de la ley.  

La solicitud del Tribunal afecta a más de 30 ex altos cargos catalanes, incluidos los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, por su presunta responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos para el proceso independentista. También el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y dos exconsellers del Govern, que han pedido al Tribunal de Cuentas que archive esta causa y les exima de la responsabilidad civil y contable.

La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez Salguero ha planteado si cinco puntos de la ley "podrían oponerse a la interpretación" del derecho comunitario en relación a aspectos como la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", entre otros. 

El "principio de cooperación leal", los "principios de igualdad y de no discriminación", los de "seguridad jurídica y confianza legítima" y "el principio del Estado de Derecho" son otros preceptos que la consejera abre la puerta a consultar al TJUE sobre la citada ley. 

Según ha transmitido este martes el Tribunal de Cuentas, el foco está en el artículo 1 de la ley de amnistía, que determina el ámbito objetivo de la ley y los hechos que quedarían perdonados. También en el apartado que deja fuera del perdón "los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea".  

La consejera del Tribunal también cuestiona en su resolución los preceptos de la ley que regulan los efectos sobre la responsabilidad civil y contable, la obligación de tramitar la norma con carácter preferente y urgente, y el que afecta en concreto a un procedimiento contable. Este último determina que el órgano competente, previo informe de la Fiscalía, dictará resolución absolutoria "cuando dichas entidades no se hayan opuesto".