El Tribunal de Cuentas (TCu) ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana para que presenten sus conclusiones sobre la presunta responsabilidad contable del expresidente catalán huido Carles Puigdemont y otros 34 excargos de Catalunya por el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern.

Fuentes del órgano fiscalizador han confirmado que la consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ha dictado una resolución de trámite en la que notifica el plazo al Ministerio Público y la acusación popular. Según han precisado, una vez recibida la respuesta de ambas el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien.

La consejera ha adoptado esta decisión después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del procés, como pedía el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC.

Cabe recordar que aunque el Tribunal de Cuentas ha emplazado a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana a que emitan sus conclusiones, ambas se pronunciaron en el marco de la vista del 17 de noviembre de 2023 y presentaron informes incluso antes.

La Fiscalía reclama 3,1 millones de euros

El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros.

Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama cinco millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

Entre los 35 nombres consta –además de Puigdemont– el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.