El pacto entre la mayoría conservadora y un sector progresista próximo al PSOE ha desembocado en el nombramiento de tres varones para las tres únicas plazas de magistrado convocadas en el Tribunal Supremo cuando había al menos dos mujeres candidatas con mayores méritos que los elegidos.

Ha ocurrido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional encargado de los nombramientos llamados discrecionales: la cúpula judicial de las audiencias, tribunales superiores de justicia y el Supremo. A pesar de que lleve un año en funciones, sin renovarse, este órgano sigue adelante con los nombramientos que dirige su presidente, Carlos Lesmes, pendiente también de un próximo destino.

El CGPJ ha nombrado magistrado para la Sala de lo Social, encargada de los asuntos laborales, por el llamado turno de especialistas a Juan Molins García-Atance, un juez que en el escalafón ocho posiciones por debajo de Ana Orellana, la primera magistrada  académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Los candidatos orillados son José Manuel González Viñas y Orellana, los números uno y dos de la especialidad en toda España.

También ha nombrado para la Sala de lo Civil a Juan María Díaz Fraile, un registrador de la propiedad con menor curriculum y méritos que la catedrática de Derecho Civil María Paz García Rubio. Esta candidata ni siquiera fue preseleccionada por la Permanente para que fuera votada en el Pleno.

Para la Sala de lo Social, por el turno de generalistas, ha optado por Ricardo Bodas quien preside la misma sala en la Audiencia Nacional, la misma sala que recientemente rechazó la demanda de conflicto colectivo interpuesta por las cuatro asociaciones de jueces contra el CGPJ de Lesmes.

Tanto Díaz Fraile como Bodas tienen un pasado político. El primero fue alto cargo en la dirección general de Registros durante la etapa del Gobierno del PP de José María Aznar. Bodas fue director general de Justicia con el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

Más allá de la ley

Los nombramientos de dos candidatos por encima de dos mujeres con más mérito se producen a pesar de que la Ley Orgánica de Igualdad dispone que los poderes públicos “procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad”.

También la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a respetar el principio de igualdad.  Y la base sexta de las convocatorias de estas plazas impone al CGPJ que nombre a una mujer, si existe igualdad en méritos con un hombre.

Por si fuera poco, el propio Tribunal Supremo tiene establecido que la promoción de las mujeres en la cúpula judicial "está llamada a tener funcionalidad real", y "se hace más acuciante cuanto más tiempo va transcurriendo desde que entró en vigor".

La ONU ya advirtió de esta anomalía democrática de la judicatura española en su informe de 17 de junio de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujeres en la legislación y en la práctica en España, recuerda la Asociación de Mujeres Juezas. En su último comunicado, esta asociación ya no reclama la igualdad, sino que a mejores méritos no se discrimine a la mujer.

Las conclusiones de este informe de la ONU son vinculantes para España y en ellas recomienda: «que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública , en particular en los niveles más altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior.”

España es el país con menos mujeres en el Tribunal Supremo de la UE. Tan sólo está superada por Albania y Luxemburgo. Se encuentra en el puesto 38 de 40 países europeos.

La media de la UE de magistradas del Tribunal Supremo está en un 37 %, cuando nuestro país tenía un 14 % antes de la jubilación de la magistrad Milagros Calvo. Con la elección de Molins, el porcentaje de magistradas baja al 13 %.

Por si fuera poco, en la Sala de lo Civil sólo había una mujer de ocho magistrados y con el nombramiento de Díaz-Fraile se pasa a una mujer de nueve varones. Allí se dirimen los delicados asuntos de Familia y otros litigios entre ciudadanos. Las mujeres son más de la mitad de la población española, como también son más de la mitad las magistradas que hay en la carrera judicial y tienen una media de edad similar a la de los magistrados.

La votación

El pleno del CGPJ está compuesto por 20 vocales y el presidente Lesmes.

El candidato Molins García-Atance obtuvo 13 de los 21 votos del Pleno para la plaza del Supremo de magistrado especialista en Social. Cuatro votos logró Florentino Eguaras y dos cada uno Ana María Orellana Cano y José Manuel González Viñas, que son los números dos y uno de la especialidad.

Por si parte, Díaz Fraile fue votado 18 de los 21 miembros del Pleno. Los tres restantes apoyos fueron para el candidato Julio Banacloche.

Bodas obtuvo el apoyo de 14 de los 21 miembros del Pleno, frente a los 6 votos obtenidos por Antonio Jesús Outeiriño Fuentes y el conseguido por Juan Manuel San Cristóbal Villanueva.