Tres consejeros de los siete de la Cámara de Cuentas, Antonio López, Manuela Serrano (los dos nombrados a propuesta del PSOE) y Daniel Albarracín (de Adelante Andalucía) han expresado su disconformidad con el nombramiento de Francisco Gutiérrez, un hombre de la confianza del PP, como secretario general, un puesto clave, sobre el que pilota la actividad del órgano que fiscaliza las cuentas de la administración andaluza. Estos consejeros consideran que el nombramiento es nulo de pleno derecho porque Gutiérrez no es funcionario y han presentado un voto particular que probablemente acabe en un tribunal de lo contencioso, según ha podido saber Público.

En su argumentación, se apoyan en un informe jurídico elaborado en febrero de 2020 por la letrada jefe de la Cámara en el que se concluye que "no cabe duda que las funciones públicas de secretaría, en su doble vertiente, de asesoramiento y fe pública, implican el ejercicio de potestades públicas […] deben estar reservadas a funcionarios públicos, en garantía de las notas de objetividad, imparcialidad e independencia".

En el voto particular, los tres consejeros discordantes afirman lo siguiente: "Es un hecho no sujeto a discusión que Francisco Gutiérrez Rodríguez no es funcionario y que, en consecuencia, no puede asumir el cargo de Secretario de la Cámara de Cuentas al ser un requisito esencial para el desempeño de sus funciones propias el ser funcionario. Solo un funcionario puede desempeñar tales funciones".

Gutiérrez es doctor y profesor de Derecho y ha ocupado antes diversos cargos en la administración de la Junta siempre a propuesta del PP: consejero del Audiovisual, después adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz y también miembro del Consejo Consultivo.

El reglamento de la Cámara

Por el contrario, la mayoría de la Cámara considera que ser funcionario para ejercer el cargo de secretario general es solo una "posibilidad", no una "obligación". Así lo expresa en una nota enviada a Público. En ella, recuerdan el artículo 40.3 del reglamento de la Cámara, en el que se dice: "El nombramiento como secretario general de la Cámara de Cuentas implicará, en su caso, la declaración del interesado en la situación laboral de excedencia especial o, si es funcionario, en la de servicios especiales con los mismos derechos, tanto durante el ejercicio del cargo como al reincorporarse a su destino, que legalmente correspondan a los funcionarios que desempeñen altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

"Por lo tanto,–consideran los consejeros de la mayoría– respecto al cargo de secretario general nuestra normativa reguladora establece claramente la condición de funcionario como una posibilidad, y no una obligación: las circunstancias [de Francisco Gutiérrez] se ajustan a lo requerido en el citado artículo ya que su situación laboral actual es de excedencia especial, por lo que se cumple, como no puede ser de otra manera, lo establecido en el reglamento".

El nombramiento de Gutiérrez se produce después de que PP y Ciudadanos reventaran el acuerdo al que habían llegado con el PSOE a principios de la legislatura para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria y asaltaran la institución, en la que colocaron a Carmen Núñez como presidenta, justo en el momento en que a los técnicos y consejeros les tocaba fiscalizar la etapa de Gobierno de Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Ciudadanos).