El Parlamento español está suspenso en transparencia a los ojos de Europa desde hace cinco años. En diciembre de 2013, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, emitió un informe de evaluación sobre la calidad de la lucha contra la corrupción de parlamentarios y jueces españoles, una lucha donde la transparencia es uno de los primeros requisitos.

En el informe, se ponía de manifiesto las carencias del Congreso y del Senado en esta cuestión y se hacía una serie de recomendaciones (once en total) para cumplir con los objetivos fijados. Cuatro años después, en enero de 2018, el organismo emitía un nuevo informe de evaluación para analizar si se habían implementado o no medidas para elevar la transparencia y luchar contra la corrupción. El texto concluía que España todavía seguía sin cumplir con cuatro de las recomendaciones, las referidas a los diputados y senadores.

Entre estas medidas, el GRECO recomendaba la elaboración por parte de cada Cámara de un código de conducta para los parlamentarios  “que sea de fácil acceso para los ciudadanos”, un texto que el Congreso quiere tener aprobado antes de que se disuelvan las Cortes, el próximo 5 de marzo. La presidenta del Cámara, Ana Pastor, encargó el pasado año un informe a la Comisión del Estatuto del Diputado sobre la elaboración de este código ético, informe que los servicios de la Cámara ya han finalizado y que la Mesa pudo ver el pasado martes.

Sin embargo, aunque, tal y como apuntan fuentes del órgano, el código de conducta no necesita ir a Pleno porque se materializará en una resolución de la Mesa, se necesita un mínimo consenso de los partidos, por lo que la cuestión no se pudo cerrar el pasado martes. Pastor volverá a reunir a la Mesa la próxima semana, cuando se espera que aprueben definitivamente este código ético.

Los informes elaborados por el GRECO establecen que el código de conducta por el que se tienen que regir los parlamentarios debe incluir "asesoramiento sobre, por ejemplo, la prevención de conflictos de intereses, regalos y otras ventajas, actividades complementarias e intereses financieros o requisitos de publicidad". Además, este código de conducta se debe completar "con medidas prácticas para su puesta en práctica, incluso a través de una fuente institucional de asesoramiento confidencial que proporcione a los parlamentarios orientación y asesoramiento sobre cuestiones éticas y posibles conflictos de intereses, así como con actividades formativas especializadas".

La transparencia en los viajes de los diputados

El objetivo es que los diputados dispongan de toda la información, con el mayor acceso posible, para que se puedan prevenir situaciones conflictivas que hagan peligrar su transparencia e integridad y que respondan a intereses particulares y de lucro personal por encima de los de la ciudadanía. 

El Consejo de Transparencia ha advertido en varias ocasiones a Congreso y Senado sobre la necesidad de aumentar la información detallada sobre determinadas actividades, como los viajes que realizan los parlamentarios. En el Congreso, a pesar de que se puede consultar el dato del gasto total de los viajes de los diputados en territorio nacional, no se puede saber qué grupos o personas realizan estos desplazamientos ni a qué se ha dedicado el dinero durante el viaje.

En el caso de los viajes al extranjero, sí que se detalla el destino del viaje, el motivo y la duración del desplazamiento, así como las personas que lo realizan y su coste total. Sin embargo, desde 2017, el Congreso no cuantifica los gastos en dietas de los parlamentarios que viajan al extranjero. La Mesa de la Cámara acordó suprimir el sistema de dietas para los viajes oficiales de los diputados con el fin de "racionalizar el gasto y aumentar la transparencia y el control sobre el mismo".

Antes de esta modificación, los diputados tenían un sistema de dietas, donde se les asignaba 150 euros al día para viajes al extranjero y 120 euros al día para viajes en territorio nacional. Este sistema se sustituyó por uno de reintegros, donde los parlamentarios abonan por adelantado los gastos y luego remiten facturas al Congreso, pero ni los datos ni las facturas son públicos.

Sacar los lobbies de la sombra

Las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción no se queda solo en el código de conducta, sino que aborda otras cuestiones relacionadas con la transparencia. Este es el caso de las relaciones de los diputados con los grupos de presión, también denominados lobbies. El organismo pone de relieve que España no dispone de una legislación que regule este tipo de actividades, por lo que no hay un procedimiento claro sobre cómo se pueden relacionar los lobbies con los parlamentarios ni, por supuesto, información al respecto del tipo de reuniones que se mantienen.

En este sentido, el primer informe recomienda la introducción de "normas sobre cómo deben relacionarse los parlamentarios con los grupos de presión y con otras terceras partes que traten de influir en el proceso legislativo". Fuentes de la Cámara explican que esto se puede materializar en la elaboración de una suerte de "historial de intereses" en la tramitación de cada iniciativa que explicite qué grupos de presión han intervenido durante su elaboración a través de reuniones o contactos con los diputados.

La Cámara recoge en la actualidad el historial de las iniciativas relativo a su trámite parlamentario, es decir, aquellas fases legislativas por las que ha pasado (toma en consideración, presentación de enmiendas, fase de ponencia, aprobación definitiva...) y el tiempo que ha permanecido en cada una de ellas, así como el número de votos recibidos en los diferentes trámites.  Con la adopción de estas normas, se podría incorporar información sobre, por ejemplo, qué bancos o plataformas por la vivienda han intervenido en la elaboración de la ley hipotecaria.

Las últimas recomendaciones instan  a que, además de adoptar medidas como el código de conducta y la regulación de la actividad de los lobbies, "se revisen los actuales formularios de declaración aplicables a los miembros de ambas cámaras del Parlamento a fin de incrementar las categorías y el nivel de detalle de la información". En la actualidad, el portal de transparencia del Congreso recoge dos declaraciones sobre los diputados: la de actividades y la de bienes y rentas.

También se pide la adopción de las "medidas adecuadas para garantizar una eficaz supervisión y un control del cumplimiento tanto de los requisitos de declaración ya existentes como de aquellos aún por establecer, así como de las demás normas de conducta de los parlamentarios".