Los trabajadores de los autobuses de Zaragoza reclaman al ayuntamiento que intervenga la empresa

ZARAGOZA .- “Procedan a la intervención de esa empresa ya”. El presidente del comité de empresa del autobús urbano de Zaragoza, Javier Anadón, lanzó este martes en la Comisión de Comparecencias de las Cortes de Aragón la reclamación que planea sobre el conflicto del bus, cuya plantilla encadena 69 jornadas de paros. El sindicalista pidió al Gobierno de Aragón que “no mire para otro lado” y que “dé un puñetazo en la mesa” para obligar a la contrata, junto con el ayuntamiento´, a “cumplir las condiciones firmadas”.

La plantilla de Auzsa (Autobuses de Zaragoza, SA, de la multinacional mexicana ADO) lleva 69 días secundando, con seguimientos superiores al 90%, los paros parciales con los que reivindica el cumplimiento de un convenio cuyas cláusulas de revisión salarial fueron anuladas por un laudo, la conversión de contratos temporales en fijos, eliminar las horas extraordinarias —33.000 en 2015—, mejorar las condiciones de seguridad y de confort de los vehículos, un calendario laboral que permita la conciliación familiar, la habilitación de aseos para los chóferes al final de las líneas y que la empresa cumpla las condiciones de la contrata municipal. Eso, con un comité en funciones cuya renovación aplazó la plantilla en referéndum hasta la firma de un nuevo convenio.

“Y si no los cumple, que sea intervenida o rescatada para su municipalización”, dijo Anadón, que acusó a Auzsa de bloquear la negociación hasta provocar “una situación que se puede calificar como perturbación grave del servicio”. “Por el bien de los trabajadores, por el bien de los ciudadanos, por el bien de la ciudad, procedan a la intervención de esta empresa ya”, cerró su intervención, en la que señaló al consistorio como una “pieza fundamental en la resolución de este conflicto social” que “debe ir más allá de un mero mediador”. La huelga, añadió, “es consecuencia de la especulación de un servicio urbano”.

El equipo de Gobierno municipal de ZeC (Zaragoza en Común), sin embargo, ve inviable esa alternativa: el ayuntamiento no puede asumir los 40 millones de indemnización que le corresponderían a la empresa por siete años de lucro cesante, ya que su contrata vence en 2023, ni tampoco absorber a sus 1.200 trabajadores.

“Remunicipalizar los servicios públicos está en nuestro programa, pero eso no resuelve el conflicto laboral de Auzsa”, señala la concejal de Movilidad, Teresa Artigas, que busca vías para acercar las posturas de la empresa y el comité, “enquistadas desde que se levantaron de la mesa de negociación el 5 de enero”.

“La empresa no está cuidando a la ciudad, ni tampoco al ayuntamiento como cliente”, sostiene la edil, que insiste en que ambas partes deben buscar puntos de encuentro” para resolver un conflicto que “está causando graves perjuicios a la ciudad”.

Artigas resume la postura de ZeC en dos ejes: la mediación para resolver el conflicto y no poner dinero público para costear las reivindicaciones salariales de la plantilla. “Lo que estamos haciendo diferente frente a otras huelgas es, precisamente, no hacer lo que se hacía habitualmente”, añade. Lo habitual en las últimas legislaturas era que el ayuntamiento aplacara los conflictos laborales de la contrata con un bálsamo de dinero público.

La huelga está teniendo efectos en varios planos. En el laboral, los empleados han visto mermarse las nóminas en unos 500 euros mensuales mientras empresa y comité cierran con desacuerdo cada cita en el servicio de conciliación. En el ciudadano, por la afección que los paros están teniendo en el día a día la ciudadanía —el bus registró 1,2 millones de usuarios menos el mes pasado—.

Y también en el municipal, donde el conflicto se entrecruza con el debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos, con la acción política de la oposición ante el gobierno de ZeC en minoría –tiene 9 de los 31 concejales- y, por coincidencia temporal, con la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 sobre el uso de más de dos millones de fondos públicos para costear un ERE de 153 despidos en la concesionaria.

El equipo de gobierno de ZeC ha declinado ejercer la acusación particular en el caso de los despidos, al considerar que la Fiscalía defiende sus intereses, al tiempo que mantiene abierto un expediente para aclarar si fue lesiva para el consistorio la autorización del pago de los dos millones, de los que la concesionaria solo ha recibido 105.502,01 euros: 84.767,82 de 1.915.783,23 por los despidos, 9.805,97 de 180.000 por sanciones de la Inspección de Trabajo, 10.927,52 de 170.834,95 de las minutas de los abogados y ninguno de los 221.372,24 de “otros gastos” que facturó la empresa, según consta en el juzgado.

El desembolso de los dos millones restantes queda paralizado hasta que quede claro si es lesivo o no para las arcas municipales, confirmó Artigas.

El juez, que instruye una querella en la que figuran como denunciados el exalcalde Juan Alberto Belloch; el exvicealcalde y actual consejero de Hacienda Fernando Gimeno, además de dos concejales y dos exediles del PSOE que aprobaron los pagos dos días antes de la investidura de Pedro Santisteve, no ha mostrado hasta ahora ningún interés por el expediente de lesividad ni por los informes que este incluye, algunos de los cuales fueron firmados por uno de los denuciados.

PP, PSOE y C’s sacaron adelante hace unos días en el pleno una moción por la que instan al equipo de ZeC, que quedó en minoría con el único apoyo de Cha, a elevar del 33% al 50% los servicios mínimos en los paros, que desde el 10 de diciembre reducen las circulaciones de 9 a 11.30 y de 18 a 20.30 horas.

El ayuntamiento, que optó por imponer esa cota —solían ser del 50%— al no afectar la huelga a las horas punta de la mañana y el mediodía, rechaza elevarlos, aunque sí ha prohibido que los conductores que secundan la huelga puedan suspender el servicio y hacer bajar a los usuarios en el momento que comienza cada tramo de paros, algo que provocó cuatro altercados la semana pasada.

Y, paralelamente, el PSOE, teórico aliado natural de ZeC por la izquierda aunque ha marcado distancias en temas como las ordenanzas fiscales, ha mostrado su rechazo a la remunicipalización de servicios. “Da la sensación de que sólo ha hecho propaganda falsa y confusa”, dijo el lunes la concejal Marta Aparicio.