Mejorar la atención a los migrantes, garantizar su derecho a solicitar asilo, no practicar las conocidas como devoluciones en caliente, continuar luchando contra la violencia machista, actuar de manera tajante para poner fin a la trata con fines sexuales y poner freno a las restricciones a la libertad de expresión y de reunión introducidas por la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como 'mordaza'.

Estas han sido las principales recomendaciones que han realizado a España más de 100 países en el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos la ONU que, cada cinco años, evalúa la situación de los diferentes Estados para comprobar si están cumpliendo con sus obligaciones en Derechos Humanos.

"Creo que la gran protagonista de este EPU ha sido la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. La Ley no estaba aprobada hace cinco años y este año ha centrado muchas de las críticas. El resto de temas se han mantenido, más o menos, respeto al examen de hace cinco años: inmigración, violencia de género y necesidad de investigar excesos policiales ", ha señalado a Público Ignacio Jovtis, investigador de Amnistia Internacional presente en la sede de Naciones Unidas en Ginebra este miércoles. 

Sobre el asunto de 'la ley mordaza' ha llamado la atención las explicaciones que ha facilitado el representante del Estado español, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela, que ha asegurado que la conocida como ley mordaza, aprobada por el PP y que ahora el propio Gobierno de coalición, "no restringe la libertad de expresión" y "busca salvaguardar el derecho de reunión regulando la intervención de las autoridades cuando la reunión pierde el carácter pacífico".

En este sentido, el representante español también ha rechazado que España realice "devoluciones en caliente" de migrantes en la frontera y ha negado tajantemente que se produzcan identificaciones policiales basadas en perfiles étnicos y raciales. 

La ley mordaza: tema estrella

Así, los Estados examinadores han recomendado a España acabar con las deportaciones en caliente; establecer medidas y protocolos de protección para menores no acompañados, personas migrantes y solicitantes de asilo; así como ratificar el tratado sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. También han incidido en la necesidad de tomar medidas efectivas contra la violencia de género y acabar con la trata con fines de explotación laboral y sexual.

Ha sido recurrentes también las recomendaciones a España para garantizar que todas las denuncias de tortura o malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad se sometan a investigación real y efectiva; a tipificar el delito de tortura de acuerdo a la Convención contra la tortura; y la preocupación de varios países por controles policiales de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.

No obstante, tal y como ha señalado Jovtis, la gran novedad ha sido la Ley de Seguridad Ciudadana y la necesidad de que España proteja más y mejor la libertad de expresión y el derecho de reunión. A este punto se han referido países como Estados Unidos, Italia, Suiza, Alemania o Reino Unido. También Bélgica ha pedido a España revisar el contenido del delito de "injurias a la Corona" y Rusia ha recomendado una "investigación independiente y eficaz sobre todos los casos de intervenciones ilícitas en manos de las fuerzas de la orden".

"Me ha parecido muy destacable las distintas referencias de los Estados a la necesidad de adecuar las leyes españolas que afectan a la libertad de expresión conforme a la legislación y marco del derecho internacional. Ahora hay que esperar a que España acepte las recomendaciones y cumpla. Cabe recordar que en la anterior sesión se comprometió a la despenalización de las injurias y calumnias y eso no se ha cumplido del todo. Son deberes incumplidos", ha señalado a Público Joan Barata, jurista miembro de la PDL (Plataforma en Defensa de la Libertad de Infrmación) y experto en libertad de expresión y derecho internacional. 

Probablemente la intervención que mejor resume el espíritu de las recomendaciones que ha recibido España ha sido la de Suiza. El país helvético ha celebrado los avances del Estado español en la lucha contra la violencia machista y en la igualdad de género a la misma vez que ha pedido que se garantice el pleno respeto de los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo y ha instado a las autoridades a no practicar las conocidas como devoluciones en caliente.

Asimismo, Suiza ha mostrado su preocupación por "las restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica", ha recomendado la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y, por último, ha recordado a las autoridades españolas la necesidad de dar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo.  

En este sentido, Argentina también ha solicitado a España que adopte medidas legislativas para tipificar en el Código Penal el delito de desaparición forzada y como indica la legislación internacional. Asimismo, Argentina y otros países han pedido a España que adopte medidas para prevenir el conocido como discurso de odio. 

Venezuela recomienda diálogo con Catalunya

Se esperaba, tanto por los informes previos elevados al Consejo por la sociedad civil y los organismos de Naciones Unidas como por algunas de las preguntas previas que habían sido formuladas, que en este examen de Derechos Humanos pudiera cobrar protagonismo el conflicto en Catalunya y las cargas policiales del 1-O. Sin embargo, no ha sido así. 

Los países han puesto el foco en temas más generales como la necesidad de investigar los excesos policiales o los problemas en libertad de expresión sin nombrar en ningún caso el conflicto en Catalunya. De hecho, Venezuela ha sido el único país que ha recomendado a España iniciar "un diálogo constructivo con el pueblo catalán y sus instituciones". 

Sin espacio para derechos económicos

Otro de los grandes temas ausentes ha sido el de los derechos sociales, económicos y culturales. En este sentido, también se esperaba que los diferentes Estados pudieran ser más críticos respecto al Estado español en relación al derecho a la vivienda, desahucios y medidas para acceder al alquiler. No obstante, Argelia ha sido uno de los pocos países que han emplazado a España a mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de la población. 

"Se ha puesto mucho énfasis en migraciones, lo cual era necesario, pero también hemos echado de menos un poco más de desarrollo en los derechos económicos", señala Público Karlos Castilla, miembro del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, que también ha asistido al EPU. De hecho, Castilla ha señalado que en esta sesión también se ha percibido "una manera más relajada" de dirigirse a España respecto a 2015. "Entiendo que se debe a que hay un nuevo Gobierno y que quieren dar un margen para no abrir espacios de discordia tan pronto", ha sentencia Castilla.