6 de marzo de 2017, 19:37 horas. Los hermanos González se reúnen en el despacho del líder de la familia. Ignacio, expresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, aborda con Pablo e Isabel -diputada regional del PP- su sospecha de que se ha abierto una investigación contra él. Acuerdan averiguar qué jefe de la Policía es el encargado de las pesquisas.

Temen que se trate del famoso ático de Estepona, comprado a través de un testaferro en 2012 y que trae de cabeza al líder del grupo. Los tres hermanos deciden que Pablo González contacte con el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros.

La reunión dura 46 minutos. Los tres abandonan el despacho, situado en el número 89 de la calle Alcalá de Madrid, sin saber que han sido grabados. Tampoco saben que el líder de la trama es seguido allá por donde va, con sofisticada tecnología espía.

Esta conversación es una de las escuchas realizadas a Ignacio González y los miembros de la trama Lezo que fueron grabadas con un micrófono oculto. Fue colocado por agentes de Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por orden judicial después de que forzaran la puerta de madrugada en presencia del Letrado de la Administración de Justicia.

Dos días después del encuentro, Pablo González se reúne con el Secretario de Estado, quien al parecer habría “chivado” que existe una investigación en torno a González, según cree el fiscal del caso Lezo, Carlos Yáñez.

El despacho era el epicentro donde González se encontraba con su círculo de confianza. Y el micrófono oculto ha arrojado muchas pistas sobre la trama del líder de Lezo y su red de desvío de dinero y de blanqueo que aún se investiga en un sumario declarado secreto, así como su poderosa capacidad de influencia política.

El micrófono del despacho estaba durmiente, y sólo se activaba cuando había constancia de que se iba a producir una reunión de la trama Lezo. Cada vez que los investigadores consideraban que habría un encuentro sensible de González, tenían que dirigirse a la Audiencia Nacional para que se autorizara la escucha.

El expresidente de Madrid tiene el honor de ser el primer investigado por corrupción que fue escuchado al estilo de la serie televisiva The Wire, pero en versión aún más sofisticada. La tecnología utilizada para seguir al político del PP sólo se había utilizado hasta ahora en la lucha contra el terrorismo y los ataques de hackers.

González, su mano derecha Edmundo Rodríguez Sobrino y su núcleo duro eran seguidos por los agentes. Las escuchas abarcaron también micrófonos portátiles, cuya utilización fue autorizada por la Audiencia Nacional, caso a caso.

El político se siente seguro y es cauto: en sus comunicaciones utiliza teléfonos con encriptación fuerte tipo PGP (Pretty Good Privacy); y en sus negocios, testaferros. Pero no sabe que está siendo seguido a través de una tecnología altamente sofisticada.

En los restaurantes, en los espacios cerrados, los teléfonos de la trama y sus conversaciones “orales” son escuchados con tecnología de espionaje de procedencia israelí.

Cada vez que alguno cambiaba de teléfono, esta tecnología captaba la identidad del teléfono. Una vez localizado el aparato, los investigadores solicitaban autorización a la Audiencia Nacional para pincharlos.

Un sistema basado en el ataque

Este sistema de espionaje es camaleónico: capta imágenes de los reunidos, metadatos, graba el entorno y es capaz de camuflarse entre la tecnología circundante para no ser detectado de tal manera que observa al escuchado sin delatarse.

El sistema está basado en el ataque conocido como man-in-the-middle (o ataque de intermediario). Además, puede combinarse con sistemas de reconocimiento facial y biométrico del escuchado, así como seguimientos desde el aire en tiempo real. Hasta ahora el Centro Nacional de Inteligencia lo utilizaba en la lucha contra el terrorismo, sobre todo.

El expresidente de la Comunidad de Madrid se comporta en las escuchas con aire fanfarrón, y sigue desplegando gastos –el “dinerillo B”- a pesar de que Edmundo Rodríguez Sobrino le advierte de que no cuadraba con sus ingresos oficiales.

Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, y consejero de La Razón, está “acojonado”. Así lo creen Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, director y presidente de La Razón, también grabados. Tienen “una amiga de la casa que es magistrada” que ha llamado para decir “oye, cuidado que han grabado una conversación de Edmundo muy extraña".

Rodríguez Sobrino está nervioso, porque sabe que Cristina Cifuentes, la sucesora de González al frente de la Comunidad de Madrid, está levantando las alfombras de los negocios de Inassa, la filial en Latinoamérica del Canal de Isabel II, de donde la trama extrajo dinero público.

Pero Ignacio González no se sabe escuchado con micrófonos. Edmundo Rodríguez Sobrino no le comenta la advertencia que sale de Casals, aparentemente. La preocupación del expresidente de Madrid se centra en el famoso ático y desea que se levante el secreto de la trama Púnica, para desviar la atención pública hacia Francisco Granados, el cabecilla de otra red supuestamente criminal que se investiga en el mismo juzgado y que era su eterno rival en la Comunidad de Madrid.

Mientras, la investigación judicial sobre Ignacio González avanza en secreto. Se centra en el supuesto pago de la constructora OHL para el tren de Navalcarnero, preludio de un aeropuerto privado: el campo de golf en Madrid, los manejos en el Canal de Isabel II (con el desvío de 23,35 millones de dólares a países opacos); el intento de sacar un millón de euros de las arcas públicas para financiar el PP de Madrid (ICM) y, por último, el blanqueo de capitales que salta a través de las escuchas.

Cuando los hermanos González se reúnen en la tarde del 6 de marzo de 2017, las escuchas y el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil han cercado al expresidente de Madrid.

Dos días después se produce la reunión con el Secretario de Estado de Seguridad. Y el grupo deja de reunirse en el despacho de González. Faltan 41 días para que Ignacio y Pablo González, así como el marido de Isabel –Juan José Caballero-, sean detenidos y encarcelados en la Operación Lezo por orden del juez Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción 6.

Este sistema de escucha utilizado por primera vez para un caso de corrupción se ha podido realizar gracias a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2015. La reforma respondió a la escasa regulación que existía en España, y que había sido cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La reforma introduce los artículos 588 quater, a y b, que imponen medidas restrictivas para el uso de esta tecnología. Así, sólo podrá autorizarse en los delitos dolosos con más de tres años de cárcel; en los delitos de terrorismo y en los cometidos por una organización criminal, que es uno de los delitos imputados a Ignacio González y su red.