Cinco millones de sobres, miles de certificados con el logo de la Generalitat impreso en tres palets: un envío frustrado que nadie pagó ni cobró, sin que se conozca quién es exactamente el remitente, y sin albaranes u órdenes de trabajo de por medio. Es el resumen de la comparecencia como testigos en el juicio al procés de tres directivos de la empresa Unipost, en concurso de acreedores en otoño de 2017, cuando tuvo lugar el referéndum del 1-O, y hoy disuelta.

Sus testimonios debían arrojar algo de luz sobre si se cometió o no el presunto delito de malversación que tanto la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejercen los ultraderechistas de Vox querían probar, y que las defensas niegan, si bien el exdirector de Operaciones de Unipost en Catalunya y Baleares ha incidido en que este material para el referéndum nunca llegó a su destino.

No había órdenes de entrega para ello, pero los contratos marco que mantenían con cinco consellerías no les hicieron dudar de este encargo, a priori. La ausencia de documentación impidió también generar las facturas, y por eso nunca se pagó por estos envíos frustrados. 

Francisco Juan Fuentes Ruiz, el exdirector de Operaciones de la empresa ya extinta, ha reconocido este lunes que recibieron las 43.000 notificaciones [sólo 2.000 tenían acuse de recibo] destinadas a los miembros de las mesas electorales el 1-O, pero ordenó paralizar este envío porque no encontraron “ni un albarán, ni un documento de entrega, ni un triste papel” que explicara qué pasos debían dar, o siquiera que acreditara que el cliente era ni más ni menos que la Generalitat de Catalunya. Las almacenaron en su sede de Terrassa.

Según ha relatado, casi en todo momento con voz temblorosa, él mismo llamó al director general de la compañía, Pablo Raventós, y éste exigió que no entregaran la correspondencia “hasta que no llegara la orden” de la Generalitat. No sabía cuántos envíos serían certificados, cuántas cartas ordinarias habría, y posteriormente Raventós le especificó que no actuasen hasta tener su aprobación, incluso aunque llegase la orden en cuestión.

De sus interlocutores, Fuentes sólo sabe que recibió una llamada de "un tal Toni", que le explicó cómo se produciría la entrega. Según su relato, el 16 de septiembre de 2017 fue él mismo quien acudió en una furgoneta a encontrarse con unos “transportistas” en un polígono industrial, cerca de Unipost, y en él le hicieron entrega de los tres palés con certificados.

En ningún momento identificaron a qué departamento de la Generalitat pertenecían, y la furgoneta blanca que utilizaron no llevaba ningún logo. De hecho, él mismo ha reconocido que esta situación no era “habitual”, si bien, dado que la empresa estaba en concurso de acreedores, y vista la “envergadura” del contrato, no supo negarse.

“Toni” realizó varias llamadas más, y Fuentes interpretó que era de la Generalitat, si bien nunca indicó su apellido.  Cree no haberle llamado en ninguna ocasión. “Se presentó como Toni”, insistía, ante lo que la fiscal Consuelo Madrigal se refería a él como “Toni Molons”, hasta en dos ocasiones -la primera preguntaba, no afirmaba-.

Antoni Molons fue secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat en la etapa del 1-O, y el "lapsus" de Madrigal llevaba al presidente de la Sala, Manuel Marchena, a llamarle la atención. La abogada Judith Gené, letrada de la exconsellera Meritxell Borrás, hoy en el banquillo de los acusados, pidió a su vez a Fuentes que aclarase si tendría “algún sentido” que Molons le llamara “para algo”. “No, no, no le conozco de nada”, respondía el testigo. Molons es hoy secretari de Comunicació del Govern, y está investigado en otra de las causas relacionadas con la supuesta malversación el 1-O. “Por eso paré todo” esgrimía Fuentes, cuando Madrigal le preguntó si en ningún momento había dudado o apreciado algo extraño en esta forma de proceder.

Siguiendo este hilo, Toni le dijo que “el cliente quería repartir lo antes posible y acabar lo antes posible", si bien el mismo 18 de septiembre llamó para advertirle de que finalmente daban por cancelado el envío y pasarían a recoger el material, sin fecha determinada. Horas después, el 19, la Guardia Civil se personó en Unipost.

Además, el testigo ha reconocido a la fiscal que remitió un correo con el presupuesto correspondiente al envío de cinco millones de sobres y los miles de certificados, si bien lo reenvió “sin leer” el documento adjunto. “No conocía el contenido”, esgrimía, mientras la fiscal insistía en que el presupuesto era de más de un millón de euros -el otro lapsus llegaba cuando pronunció “pesetas”, para luego corregirse-.

Y en una línea similar se expresaban los otros dos testigos de Unipost. Albert Planas, director de Producción de la empresa en Catalunya, incidía en que no sabía qué había en las cajas que almacenaron en su sede: "En las cajas decía 'Generalitat de Catalunya', no se sabía que eran para el referéndum". "Estábamos a la espera de recibir la orden de reparto", justificó, ante preguntas del fiscal Jaime Moreno.

Manuel Santos Falcón, otro de los jefes de Producción, encargado de Barcelona y Badalona, aseguró que sus superiores le requirieron “celeridad”, si bien nadie explicó por qué se requería esa “prioridad”, en palabras de Madrigal. “En ningún momento he hablado con nadie de la Generalitat”, apuntaba Santos.

Según su relato, recibieron el material que debían enviar "sin albarán y sin órdenes de entrega"; era la central quien debía dar luz verde, y quien tenía las competencias de facturación. Nunca, apuntaba, le dieron instrucciones para mantener en secreto este envío. Citando a Fuentes podría decirse que sólo "el tal Toni" estaba al tanto de todo.