El 1 de octubre de 1936 España se encontraba en plena Guerra Civil y los generales del Ejército que perpetraron el golpe de Estado del 18 de julio contra la democracia republicana trataban de reorganizarse. Querían afrontar la guerra, que ellos mismos habían provocado, con un mando único para evitar los problemas de coordinación que habían sufrido en los dos primeros meses de guerra, sobre todo tras las muertes de los generales Sanjurjo y Mola, que estaban llamados en principio a liderar el golpe de Estado.

En este contexto, la Junta de Defensa Nacional decide nombrar al general Francisco Franco como "jefe del Gobierno del Estado Español", quien ostentará "todos los poderes del nuevo Estado", tal y como recoge el BOE del 30 de septiembre de 1936. La decisión se oficializó en un ceremonia solemne celebrada en el salón del trono de la Capitanía General de Burgos el 1 de octubre de 1936. En el salón había unidades del Ejército, de Falange y el Requeté; y también representantes de la Italia fascista y la Alemania nazi, aliados en la Guerra Civil. Allí, Franco fue proclamado jefe del Gobierno del Estado español por parte de los golpistas del 18 de julio. Mientras tanto, Manuel Azaña permanecía como jefe del Estado de la España republicana, la que emanaba de la Constitución de 1931. 

Pues bien, el Supremo ha reconocido este martes, en el auto que paraliza la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, que Franco fue el "jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936" hasta su muerte un 20 de noviembre de 1975. Es decir, el Supremo ha reconocido a Franco como jefe del Estado en plena Guerra Civil, cuando aún permanecía en pie el Estado republicano, que se asentaba sobre la legalidad de la Constitución española de 1931.

Este reconocimiento ha hecho saltar la alarma de historiadores como Gonzalo Berger, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y docente universitario. "El Supremo está dando legitimidad con esa frase al golpe de Estado del 18 de julio. Le da validez al golpe de Estado e incluso a las decisiones de la Junta de Defensa. Es muy grave y peligroso". 

En este sentido, Berger señala que el único jefe de Estado que había en España en aquel momento era Manuel Azaña, cuya legitimidad emanaba de la Constitución española de 1931 y de las urnas. "Es una frase muy sorprendente aunque también es sintomática de cómo están las cosas en el país. Se carga de un plumazo toda la legalidad republicana", prosigue Berger. 

Por su parte, la también doctora en Historia Alicia Torija ha calificado la frase del auto del Supremo como "inadmisible": "Es directamente mentira. El Derecho tiene que basarse en la verdad. Es la verdad la que nos da garantías. Cuando se producen mentiras para hacer un argumentario que solo favorece a una parte se está blanqueando la historia".

La doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid considera que en España "los juristas" tienen "dos problemas" que tienen que ver con su formación: "Por una parte, no estudian Derechos Humanos. Solo tenemos que ver sus planes de estudio. Por otra, tampoco estudian ni conocen Historia Contemporánea. Y este estudio es fundamental para poder evaluar con rigor figuras de nuestra historia como el dictador. Decir que Franco es el jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 es lamentable e intolerable. Cualquier profesor de Historia suspendería un alumno que le dijera que Franco era jefe del Estado en 1936", sentencia Torija. 

Por otro lado, la doctora en Historia y profesora de la Universidad Carlos III Matilde Eiroa también ha criticado duramente que el Supremo señale que Franco era jefe del Estado en octubre de 1936. "Los magistrados suspenden en historia. ¿No saben que el 1 de octubre de 1936 el jefe de Estado era el elegido en las urnas republicanas y su nombre no era Franco? ¿Admiten como legal el nombramiento de jefe de estado por parte de un grupo de militares golpistas? ¿A qué jefe se refieren y de qué estado? La zona ocupada por los militares golpistas en octubre de 1936 era una pequeña parte del territorio nacional y no un Estado", se pregunta Matilde Eiroa. 

"Los magistrados muestran un profundo desconocimiento de la historia de España con este escrito. Ni Franco era Jefe de Estado ni la zona rebelde era el estado español en octubre de 1936. El nombramiento que hicieron los militares rebeldes en esa fecha no debe ser legitimado por la justicia de un país democrático. Y mucho menos formar parte de un argumentario para no exhumar los restos de un dictador que fue Jefe de Estado a partir de 1939 por su triunfo en la guerra. Una vergüenza", sentencia Eiroa. 

Por último, la historiadora y exdirectora de la Cátedra de Memoria Histórica de la UCM, Mirta Núñez, ha calificado el reconocimiento de Franco como "jefe del Estado" desde octubre de 1936 como "increíble". "El nombramiento de Franco fue un artificio jurídico para intentar legalizar y legitimizar un golpe de Estado. Es increíble que el Supremo lo reconozca", denuncia Núñez, que incide en que se trató de un nombramiento en "plena guerra" y en "zona sublevada".