El Tribunal Supremo comienza esta semana a deliberar sobre las 62 denuncias, querellas y recursos interpuestos por perjudicados, particulares y asociaciones varias contra el Gobierno, sus ministros o contra órdenes ministeriales adoptadas entorno a la pandemia covid-19.

Sólo la Sala de lo Penal tiene que decidir si admite a trámite 13 querellas y 17 denuncias, mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene que resolver sobre 32 recursos.

Todos estos casos se han ido acumulando en el Tribunal Supremo debido a que el estado de alarma suspendió los plazos procesales. Aún así, el alto tribunal ha dictado en este tiempo 27 autos sobre medidas cautelarísimas, cautelares y diversos recursos de urgencia.

El presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ha ido cotejando opinión en estas semanas con varios magistrados de su tribunal. Pero ahora deben estudiar una a una las 30 denuncias y querellas que han ido llegando.

La Sala Segunda debe decidir primero cuáles admite a trámite y si los denunciados están aforados o no ante el alto tribunal. Gozan de aforamiento ante el Supremo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos sus ministros y los diputados y senadores. En el caso de que la responsabilidad sea del Gobierno de una comunidad autónoma, la causa se enviaría al tribunal superior de justicia de ese territorio.

La Sala de lo Contencioso tiene, a su vez, 32 recursos registrados. Están interpuestos por supuestas infracciones contra los derechos fundamentales, por sindicatos médicos y por asociaciones, ya sea contra el Gobierno o contra alguna de las órdenes ministeriales dictadas.

Agrupar acusaciones

La Sala de lo Penal también debe decidir si impone una fianza a los querellantes para continuar con el procedimiento y el depósito del poder especial que otorga el querellante a su letrado para ejercer la acción penal.

El Supremo dará traslado a la Fiscalía de aquellas denuncias y querellas que admita a trámite, si existen indicios de delito y si contienen aforados.

Algunas denuncias y querellas se podrían agrupar para ser juzgadas juntas. En esta situación, la Sala de lo Penal exigirá la misma dirección letrada fáctica a las acusaciones; esto es, que las acusaciones se agrupen.

¿Qué hará la Fiscalía?

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, aún no ha concretado cómo se conformará el criterio del ministerio público en las causas penales contra el Ejecutivo de Sánchez, sus ministros y altos funcionarios.

Delgado tiene dos alternativas. O remitir los casos a Luis Navajas, el teniente fiscal del Supremo y su número dos de la Fiscalía General del Estado. O bien consultar a los fiscales de sala del Supremo para que conformen criterio. Estos nueve fiscales conforman la primera categoría de la especialidad.

Si Delgado opta por Navajas para conseguir el archivo, la polémica interna estará servida. Porque en la Fiscalía hay quienes creen que puede haber negligencia grave, sobre todo en el caso de los sanitarios sin equipos adecuados -fallecidos o que han resultado contagiados-, y hay quienes sostienen que la pandemia fue un caso de fuerza mayor que superó al Gobierno.

Son los dos extremos. La clave está en determinar si hubo acción u omisión consciente o imprudente de las autoridades. Porque el Código Penal castiga a quienes, estando obligados, no faciliten los medios necesarios y pongan en peligro las vidas de los trabajadores.

3.200 familias, médicos, enfermeros, Vox...

Las querellas y denuncias son muy variadas y se interponen por la reacción tardía o negligente a la hora de tomar medidas para evitar la propagación, así como por la falta de medios o las mascarillas defectuosas. Son las presentadas por Vox, familiares de víctimas -hay una interpuesta por 3.200 familias-, sindicatos de funcionarios, organizaciones médicas, el Consejo General de Enfermería, Abogados Cristianos, la asociación de guardias civiles Jucil y particulares.

Existen varias denuncias por el fallecimiento de ancianos en residencias.

Las acusaciones se centran en especial en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunas se extienden a sus 22 ministros.

Los delitos abarcan desde el homicidio por imprudencia grave a la prevaricación, los delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones graves o el delito de omisión del deber de socorro.

Algunas incluso contienen quejas de médicos registradas antes de la declaración del estado de alarma y donde reclaman equipos de protección frente al coronavirus.

Las compras a China, también

Además, la Fiscalía debe decidir si tramita ante el Supremo otras denuncias. Por ejemplo, la teniente fiscal Anticorrupción, María Belén Suárez, remitió a Navajas la denuncia interpuesta por ciudadano contra Sánchez, Illa, y el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) por las compras de material sanitario en China a un precio más elevado que las ofertas que hicieron empresas españolas.