Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat de Catalunya, ha logrado este martes su objetivo de no declarar como testigo en el juicio a la cúpula del procés catalán, aunque no haya podido evitar comparecer. Ha estado apenas un par deminutos ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, cuando ni siquiera se cumplen 24 horas de su petición de no testificar en la causa.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha reconocido que su situación procesal es hoy por hoy compleja, y que podría perjudicarle declarar en este momento. El juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum del 1 de Octubre de 2017, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que imputara al político de ERC y vicepresident, dada su condición de aforado-.

El TSJC rechazó su imputación, hoy por hoy no consta como investigado, si bien la Sala ha interpretado que, en el "escenario [procesal] que se le dibuja", puede que Aragonès "no tenga interés en declarar" como testigo, y por tanto con obligación de decir verdad. 

En su respuesta al juzgado 13, la Sala Civil y Penal del TSJC razonó su decisión señalando que el juzgado de instrucción no detalló debidamente los "concretos actos referidos a la esfera de responsabilidad" de Aragonès, entonces secretario de Economía, cuando se orquestó el referéndum.

Estaba citado a las 11.30 horas, si bien Marchena quiso llamarlo a la Sala algo antes, en torno a las 11.00, dada la rapidez de los interrogatorios anteriores. En ese momento, el vicepresident catalán se encontraba accediendo a la sede del Alto Tribunal, y el presidente de la Sala no volvió a llamarlo hasta que concluyó el primer receso, en torno a las 13.00 horas.

De hecho, la brevedad de su paso por el Supremo ha supuesto un nuevo jarro de agua fría para Vox, la formación ultraderechista que ejerce como acusación popular en la causa. Fue Vox quien reclamó su comparecencia como testigo, y es el partido ultra quien ha encadenado varios errores y llamadas de atención de Marchena en los interrogatorios de la mañana de esta 34 sesión de la causa. 

Jané dice que no se habló de la vía unilateral pero reconoce que temía el "no acuerdo" con el Estado

La 11 semana de la causa comienza sin la expectación generada en otros momentos, en parte por coincidir con la última etapa de la campaña electoral. No obstante, una de las comparecencias más esperadas este martes era la del exconseller de Interior Jordi Jané, predecesor de Joaquim Forn, hoy sentado en el banquillo de los acusados. 

Jané, que dejó el Govern en julio de 2017, tres meses antes del 1-O, ha asegurado que al menos entonces "se defendía el acuerdo" con el Gobierno central, y la vía unilateral no tenía cabida en los planteamientos de la Generalitat. "La vía que estaba encima de la mesa era la de intentar llegar a una solución acordada por todos los medios", sostenía.

Su cese como conseller, venía a decir, obedecía a su sensación de haber llegado a un "fin de etapa", a la consecución de buena parte de sus "objetivos" profesionales, y a la dureza del cargo, que requería de su desempeño durante las 24 horas, 7 días a la semana, y no tenía que ver con su rechazo a la hoja de ruta del Govern. Pese a todo, y aunque no se hubiera hablado, sí reconocía que temía una futura "situación de no acuerdo" con el Estado.

En esta línea, defendía también que el Ejecutivo de Carles Puigdemont no quiso influir en los Mossos d'Esquadra, y que su predecesor no realizó cambios en la cúpula de este "cuerpo de seguridad": "El presidente, el vicepresidente y todos los consejeros siempre respetaron que el cuerpo de los Mossos  está para cumplir y hacer cumplir la ley", apuntaba.