Sumar propone condicionar las ayudas públicas a las comunidades que no apliquen la ley de vivienda
Yolanda Díaz presenta la propuesta de Presupuestos Generales del Estado de Sumar y avanza que las negociaciones con el PSOE arrancarán en los próximos días.
Madrid--Actualizado a
Sumar ha presentado este lunes su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para el 2025, una propuesta que negociarán con el PSOE, en el seno del Gobierno, durante las próximas semanas.
La encargada de presentar este documento, que ha sido consensuado entre todos los partidos de la coalición, ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante un acto celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid.
Junto a Díaz han estado el resto de ministros de Sumar: Ernest Urtasun (Cultura), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales y Consumo), Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia).
Díaz pide al PSOE atajar la "rebeldía" de las comunidades que rechazan aplicar la ley de vivienda
Una de las propuestas del documento es la de condicionar la concesión de ayudas públicas destinadas a vivienda por parte del Estado a aquellas comunidades autónomas que rechacen aplicar la ley de vivienda (que permite declarar zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler).
Se trata, ha defendido Díaz, de atajar la "rebeldía" en la que a su juicio se han situado los territorios gobernados por el PP. En esta materia, otra de las propuestas del documento es la de prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible, así como eliminar las denominadas Golden Visa.
Impuesto a las grandes herencias
En este sentido, en Sumar se remiten a un fondo de 40.000 millones de los fondos de recuperación europeos al que las comunidades podrían acceder a través de créditos blandos para sufragar políticas públicas de vivienda. La medida consistiría en no dejar acceder a este fondo a aquellos territorios que no cumplieran la ley.
La propuesta de Sumar incluye una reforma fiscal que propone la creación de nuevos impuestos y la revisión de algunos ya existentes. Se propone instaurar un impuesto de solidaridad a las grandes herencias superiores al millón de euros (excluida la primera vivienda). Este impuesto se desarrollaría en una ley en el plazo de seis meses tras la aprobación de los Presupuestos.
Sumar también propone rebajar el mínimo efectivo del impuesto a las grandes fortunas desde los tres millones de euros actual hasta el millón de euros.
Sumar propone modificaciones en el IRPF, Sociedades e IVA
En Sociedades, se establecen una serie de medidas para evitar las deducciones de las grandes empresas limitando a cuatro años la compensación de pérdidas o deducciones no aplicadas; eliminando el régimen de consolidación de grupos empresariales; y suprimiendo el beneficio fiscal de "doble imposición internacional" de dividendos a los beneficios repatriados de países de fuera de la UE.
En el IRPF la propuesta recoge una reforma de los tramos tributarios para acercar la aportación de la rentas del capital a las del trabajo (que soportan un mayor peso contributivo con el sistema actual).
Respecto al IVA, los de Díaz proponen reducirlo en las peluquerías y los centros veterinarios y pasar del tipo reducido al superreducido en los pañales y los productos sin gluten. También se plantea el tipo reducido para los consumos vitales en el IVA de la electricidad y el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Permisos retribuidos y prestación universal por crianza
A su vez, el documento establece la eliminación del IVA reducido en la educación privada y en los seguros sanitarios privados. El documento de Presupuestos de Sumar incluye también las medidas que los de Díaz negociaron con el PSOE a principios de año, antes de que Pedro Sánchez decidiera no tener unas cuentas en 2024 tras el adelanto de las elecciones catalanas.
Entre esas medidas destacan la extensión de permisos de cuidados remunerados hasta las 24 semanas; una prestación universal por crianza de 200 euros al mes hasta los 18 años; la ampliación de la cartera de servicios sanitaria, incluyendo la salud visual y bucodental o una mayor inversión para reforzar la atención primaria.
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