Sumar, en una iniciativa impulsada por Izquierda Unida, ha presentado este jueves un escrito dirigido a la Mesa del Congreso para que el Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles responda a una serie de preguntas sobre los contratos que el Gobierno español sigue firmando con empresas armamentísticas de Israel.

Según informa Izquierda Unida en su escrito, firmado por su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, y el también diputado de esta formación Félix Alonso, "el pasado lunes 19 de agosto se formalizó la última de las adjudicaciones desde el Ministerio de Defensa al sector armamentístico israelí. En este caso, un contrato con valor de 289.256,2 euros para la empresa PAP Tecnos, filial de la compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems LTD".

Este contrato, afirma el escrito, "se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público y su organización contratante es la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra".

"El motivo concreto de la adjudicación es el mantenimiento de las estaciones de armas de accionamiento remoto Mini Samson, integrados en los vehículos blindados RG-31", añade la nota.

Aunque esta es la primera concesión a la empresa PAP Tecnos en lo que va de año, Izquierda Unida informa que en 2023 Defensa formalizó cuatro contratos con esta misma empresa por un valor de 23,8 millones de euros. En su escrito, Izquierda Unida también recuerda que en abril de 2024 hubo otra adjudicación por parte de Defensa de un contrato de más de 207 millones de euros a la empresa matriz Rafael Advanced Defense Systems LTD para la fabricación de los designadores para los llamados Eurofighters.

Izquierda Unida considera que estas adjudicaciones "contravienen el acuerdo del Gobierno de cesar la compra y venta de armas con Israel, que incluye también la no adjudicación de contratos relacionados con su sector de la Defensa ni sus empresas". En este sentido, los representantes de Izquierda Unida recuerdan el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y afirman que esta masacre "no debe de ninguna de las maneras contar con el apoyo del Gobierno de España, sea a través del comercio directo o de la adjudicación de contratos".

Por eso, Izquierda Unida lanza una batería de preguntas a Margarita Robles: ¿Considera el Gobierno que estos contratos contradicen las declaraciones previas sobre el cese de relaciones comerciales con el sector de la Defensa de Israel? ¿En qué órgano se ha autorizado la adjudicación de los contratos a PAP Tecnos y Rafael? ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para anular los recientes contratos de abril y agosto con Rafael y su filial PAP Tecnos y cuándo va a adoptar dichas medidas? ¿Qué medidas implementará el Gobierno para cerciorarse de que ningún otro contrato del sector armamentístico se adjudique a las nombradas empresas, o a cualquier otra relacionada con el sector de la Defensa israelí?

Un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz publicado este martes denuncia que las relaciones de comercio de armas con Israel no han cambiado desde que se intensificó la masacre en Gaza. Concretamente, desde 7 de octubre de 2023 se adjudicaron contratos públicos de compra de armamento a empresas de seguridad y defensa israelíes o sus filiales en España por valor de 1.027 millones de euros.