El pacto de silencio entre el Centro Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Defensa israelí que se selló bajo el Gobierno de Mariano Rajoy ha llegado al Congreso. Tras la información dada a conocer por Público, el grupo parlamentario de Sumar ha pedido al Ejecutivo que aclare cuál ha sido el alcance de ese acuerdo.

El pasado martes, este periódico dio a conocer que el Gobierno del PP activó en 2014 un acuerdo con el Ejecutivo de Israel que se había empezado a gestar en 2011 –entonces con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa– y que estaba enfocado en garantizar la confidencialidad de los asuntos militares que involucrasen a ambos países, lo que incluía la protección de los negocios armamentísticos.

Este acuerdo, rubricado y custodiado por el CNI y por el Ministerio de Defensa de Israel, sustituyó a un convenio anterior que había suscrito el Gobierno de Felipe González en 1995. El nuevo convenio sellado por el Ejecutivo de Rajoy estableció el carácter a perpetuidad del mismo y se constituyó en una garantía a todo riesgo para los acuerdos de compra y venta de armas entre ambos países.

En una pregunta firmada por los diputados Enrique Santiago y Félix Alonso, Sumar ha pedido al Gobierno que explique cuál es su posición ante ese pacto y si considera "una injerencia en la Seguridad Nacional el hecho de que el Gobierno israelí tenga capacidad de decisión sobre lo que es considerado Información Confidencial". 

El grupo parlamentario de izquierdas pregunta si "en el ámbito de la compraventa de armamento o material militar o de defensa se ha empleado este acuerdo vigente para mantener en la categoría de 'Clasificado' algunas de las transacciones o intercambios comerciales del último año con Israel". 

Los diputados exigieron además al Gobierno que explique "qué autoridad u organismo elegido democráticamente aprobó conceder decisiones 'definitivas y vinculantes' sobre este tema al director del CNI y al director de Seguridad del Ministerio de Defensa de Israel", responsables de la firma del acuerdo. 

Asimismo, Santiago y Alonso piden al Ejecutivo que aclare si el pacto se encuentra anulado "por incompatibilidad legal de colaboración con estados criminales". Frente a ello, destacan precisamente "las continuas violaciones de derechos humanos por parte del Estado de Israel y la perpetración de actos genocidas, terrorismo de estado, guerra de agresión y crímenes contra la paz".

"Implicaciones exactas"

Por su parte, el diputado de Sumar Agustín Santos ha presentado una pregunta escrita dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores para que indique cuáles son las "implicaciones exactas" del acuerdo revelado por Público y qué "obligaciones impone al Gobierno de España".

Santos ha consultado también al ministerio que dirige José Manuel Albares si contempla la "posibilidad de denunciar el acuerdo, dada la actual situación".

Según el texto del convenio, si alguno de los dos Estados firmantes plantea abandonar el acuerdo, la salida no será tan sencilla. "La denuncia tendrá lugar de mutuo acuerdo entre las Partes", señala el texto que entró en vigor con el Gobierno de Rajoy. 

El texto determina además que "el presente Acuerdo permanecerá en vigor y será de aplicación a todas y cada una de las actividades, los contratos o el intercambio de Información Clasificada que hayan tenido lugar con anterioridad a la denuncia".