Sumar quiere ser "el alma progresista" del Gobierno para avanzar hacia unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Así lo han expresado este lunes Lara Hernández, secretaria de Organización del partido, y Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación, en una rueda de prensa. El socio minoritario del Ejecutivo de coalición aprieta al mayoritario para superar la "parálisis" sufrida hasta la fecha y alcanzar los acuerdos necesarios para sacar adelante unas cuentas públicas "sociales y ambiciosas".

"Redistribución de la riqueza, justicia social, reducción de la jornada laboral, permisos retribuidos, prestación universal por crianza" y, muy especialmente, "vivienda". Son los elementos sobre los que, tal y como ha enumerado Hernández, se tiene que fundamentar la construcción de los Presupuestos. "Ninguno de los partidos [del bloque de] investidura gana nada bloqueando las cuentas en lugar de negociar para sacarlas adelante", ha remarcado.

Las fuentes parlamentarias consultadas tanto antes del parón veraniego, como después del mismo subrayan la importancia de que el Ejecutivo logre aprobar los que serían los primeros Presupuestos de la legislatura, después de que Sánchez renunciara a apurar las negociaciones de las cuentas de 2024 tras la convocatoria electoral en Catalunya. Por el momento, el camino parece muy complejo, especialmente por el papel que puede jugar en la negociación Junts per Catalunya, que ya tumbó la senda de déficit.

Desde Sumar, en cualquier caso, piden "esfuerzo" al PSOE para responder a las demandas de la ciudadanía, que "nos pide que pongamos sobre la mesa el problema de la vivienda, una de sus principales preocupaciones", ha aseverado Hernández. "Da igual lo mucho que subamos el salario mínimo interprofesional o cuánto empleo de calidad se cree. Mientras todo se lo sigan comiendo las hipotecas y los alquileres, no habrá servido de nada".

Como una de las propuestas concretas en las que se trabaja en el seno de la formación y también en conjunto con el resto de partidos políticos que conforman el grupo parlamentario, la secretaria de Organización ha hablado de "bajar la rentabilidad del alquiler turístico para convertirlo en regular" o de construir medio millón de pisos con "alquiler mensual de 400 euros" que no se puedan comprar si no son para utilizarlos como vivienda habitual.

Precisamente, Hernández ha explicado que las distintas formaciones que conforman el espacio de Sumar vienen trabajando en un documento "vivo" que se tendrá que reflejar en unos eventuales PGE, cuya negociación por parte de Sumar será a cargo de una comisión del grupo parlamentario específicamente creada para ello.

Sumar marca distancias con Sánchez en inmigración

En lo que tanto Hernández, como Duval han sido drásticas es en la discrepancia con las palabras sobre el "retorno" de migrantes que pronunció Sánchez en su gira por Mauritania, Gambia y Senegal. El presidente del Ejecutivo dijo que "es imprescindible el retorno [de los migrantes irregulares] porque traslada un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos" y que además las leyes europeas y españolas obligan a ello. 

En Sumar se oponen a esa perspectiva, que consideran que acerca al PSOE a los postulados que defiende el Partido Popular o Vox y también figuras como el alcalde popular de Badalona, Xavier García Albiol. Duval ha pedido a los partidos que se consideran de izquierdas apartarse de ese tipo de discursos y centrarse en desencallar la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) para regularizar a 500.000 migrantes que permanece atascada en la tramitación parlamentaria.

En cuanto al pacto entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en términos de financiación autonómica y al eventual concierto económico que podría aplicarse Catalunya, Sumar se reafirma en su carácter plurinacional y considera que el acuerdo abre una suerte de ventana de oportunidad para mejorar la financiación y, por ende, los servicios públicos de "todos los rincones de España". Duval ha hecho especial énfasis en la "infrafinanciación" de Andalucía, País Valencià y la Región de Murcia.